Various organizations that are part of the Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador have expressed their opposition to a potential revival of this practice, which they claim causes multiple environmental and public health issues.
On Monday, during a press conference attended by representatives of the Alianza Nacional contra la Privatización del Agua (National Alliance Against Water Privatization), the Mesa por la Soberanía Alimentaria (Food Sovereignty Roundtable), the Foro Ecuménico de El Salvador (Ecumenical Forum of El Salvador), the Universidad José Simeón Cañas (UCA), the Asamblea de los Pueblos por la Igualdad (People’s Assembly for Equality), and ADES Santa Marta, among others, it was stated that the revival of mining would deliver a “final blow” to the precarious environmental situation in the country.
They also called on the government of Nayib Bukele not to repeal the Ley de Prohibición de la Minería Metálica (Law Prohibiting Metallic Mining), approved in March 2017 by lawmakers from different political factions, considering it an industry that destroys the environment and health; and to “resist pressures from mining companies seeking to exploit gold (…) for the benefit of the wealthiest.”
“El Salvador is the most environmentally deteriorated country in Latin America only after Haiti, the only country on the brink of water stress, meaning there is not enough quality and quantity of water for all,” said Omar Serrano, vice-rector of Social Outreach at UCA.
He also noted that 90% of the country is classified as a risk area, where 94.5% of the population lives. “In the current situation of the country, implementing metallic mining would be the final blow for our environment, and we all know that no economic, political, and social project is viable if the environment is not viable,” he stated.
The complainants also referred to the prohibition of this industry in other countries.
“There are other countries that have banned mining. What happens is that it is banned in different forms; for instance, in 2010 Costa Rica banned open-pit mining, as did other countries like the Philippines, Australia, and Germany, which have imposed serious restrictions on mining exploitation due to environmental damage and human rights violations caused by this industry,” they explained.
Water Scarcity and Contamination Among Main Damages
The Mesa explains that the main environmental damage from metallic mining in El Salvador is the scarcity and contamination of water, caused by the gold extraction process, during which these companies use large amounts of water resources with cyanide and other highly toxic chemicals, leading to acid drainage.
The northern region of the country, comprising the departments of Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán, and La Unión, where gold deposits are located, according to the Mesa Nacional, is one of the most fragile areas concerning water, requiring greater attention.
It is in these territories, they add, where many of the rivers that converge in the Río Lempa originate and flow, which drains nearly two-thirds of the national territory.
“It is the main artery, on which not only the country’s potable water supply depends, but also the partial generation of electric energy,” they state.
The organizations also request the state to close 15 abandoned mines in Morazán, San Miguel, and La Unión and to remedy the environmental damage caused in communities by past mining operations.
Women Are the Most Affected by Water Contamination
They also denounce that the population most affected by contamination from metallic mining will be women, as they traditionally take on the role of caretaking and managing water in their households.
As of 2023, 52.8% of the population are women and 45% of households are headed by women. In rural areas, the time dedicated to caregiving work by women is 308.8% more compared to men, according to surveys.
In addition to the social organizations, other voices such as the Catholic Church have expressed their opposition to lifting the total ban on mining in the country.
On Sunday, the Archdiocese considered that this would lead to death “for a large part of the population.”
In a statement, the Catholic entity assured that mining would cause “water and air contamination, causing irreversible death and disease in a large part of our population, especially among our poorest brothers.”
“We hope that our authorities will reconsider and not repeal the law that prohibits mining, protecting the health and life of the people,” the Archdiocese’s statement reads.
Organizaciones manifiestan rechazo ante posible reactivación de la minería metálica en el país
Diferentes organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador manifestaron su rechazo ante una posible reactivación de esta práctica, que señalan es causa de múltiples afectaciones al medio ambiente y la salud pública.
El lunes, durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el Foro Ecuménico de El Salvador, la Universidad José Simeón Cañas (UCA), la Asamblea de los Pueblos por la Igualdad y ADES Santa Marta, entre otros, consideraron que la reactivación de la minería vendría a convertirse en “un tiro de gracia” a la precaria situación medioambiental que vive el país.
Asimismo hicieron el llamado al Gobierno de Nayib Bukele a no derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017 por diputados de diferentes fracciones políticas por considerarla una industria que destruye el medio ambiente y la salud; y que “no ceda a las presiones de las empresas mineras que buscan explotar oro (…) para beneficio de los más ricos”.
“El Salvador es el país más deteriorado de América Latina sólo después de Haití, el único país que está al borde del estrés hídrico, es decir, no hay agua suficiente en calidad y en cantidad para todas”, expuso Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.
Asimismo, señaló que el 90% del país está calificado como territorio de riesgo, donde habita el 94.5% de la población.
“En la situación en la que está el país, implementar la minería metálica sería el tiro de gracia para nuestro ambiente y todos sabemos que ningún proyecto económico, político y social es viable si no es viable el medio ambiente”, sostuvo.
Los denunciantes se refieren además a la prohibición de esta industria en otros países.
“Hay otros países que han prohibido la minería, lo que sucede es que sea prohibido en modalidades distintas, por ejemplo en el 2010 Costa Rica prohibió la minería en modalidad cielo abierto, también otros países como Filipinas, Australia, Alemania, han puesto serias restricciones a la explotación minera por los daños ambientales y la violación a los derechos humanos que provoca esta industria”, exponen.
Escasez y contaminación del agua, entre principales daños
La Mesa expone que el principal daño ambiental de la minería metálica para El Salvador es la escasez y contaminación del agua, provocado por el proceso de extracción del oro, para el cual estas empresas utilizan grandes cantidades del recurso hídrico con cianuro y otros químicos altamente tóxicos, que vienen a generar drenaje ácido.
La zona norte del país, que comprende los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión, donde se encuentran los yacimientos de oro, dice la Mesa Nacional, es una de las áreas más frágiles en relación con el agua, y que requieren mayor atención.
Es en estos territorios -añaden- donde nacen y fluyen muchos de los ríos que convergen en el Río Lempa, el cual drena cerca de dos terceras partes del territorio nacional.
“Es la arteria principal, de la que depende no sólo el abastecimiento de agua potable del país, sino también la generación de energía eléctrica en forma parcial”, exponen.
Las organizaciones también piden al Estado cerrar 15 minas que están abandonadas en Morazán, San Miguel y La Unión y remediar el daño ambiental causado en comunidades por explotación de minas anteriores.
Mujeres son las más afectadas con la contaminación del agua
Asimismo denuncian que las principales afectadas por la contaminación por minería metálica será la población femenina, mujeres que asumen el trabajo del cuidado y administración del agua en sus hogares.
Para 2023, el 52.8% de la población son mujeres y el 45% de los hogares son liderados por mujeres, en tanto, en el área rural el tiempo dedicado al trabajo de cuidados ejercido por mujeres representa el 308.8% en comparación a los hombres, según encuestas.
Además de las organizaciones sociales, otras voces como la Iglesia Católica han manifestado su rechazo a que se levante la prohibición total de la explotación minera en el país.
El domingo, el Arzobispado consideró que esta causaría la muerte “en gran parte de la población”.
A través de un comunicado, la entidad católica aseguró que la minería provocaría la “contaminación del agua y del aire, causando muerte y enfermedades de manera irreversible en gran parte de nuestra población, sobre todo en nuestros hermanos más pobres”.
“Esperamos que nuestras autoridades recapaciten y no deroguen la ley que prohíbe la minería, protegiendo la salud y la vida del pueblo”, se lee en el escrito del Arzobispado.