The Criminal Chamber of Cojutepeque annulled the ruling issued by the Sentencing Court of Sensuntepeque on October 18, which acquitted five former guerrilla members accused of torturing and murdering a woman during the armed conflict.
“In an unprecedented move, the referred chamber accepted an appeal lacking true legal grounds, annulled a fair verdict, and ordered a retrial in another court, as requested by the Attorney General’s Office (FGR), determined to criminalize our environmental defenders,” published the Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) (Social Economic Development Association of Santa Marta).
Following the ruling that acquitted all defendants, the Prosecutor’s Office did not make any statement; however, it was reported through a communiqué from social organizations that the prosecuting body appealed the decision to the Chamber.
Prosecutors argued that the murder of Inés María Inés Alvarenga by the guerrilla group constitutes a crime against humanity that is imprescriptible, as more than 50 people were murdered by the same group following the same pattern, according to witness statements. They also claim she was a civilian forced to cook and run errands for them.
Moreover, they point out that the common crime has not prescribed, considering that the Amnesty Law was not in effect until 2016, hence that time does not count for prescription.
Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, and Alejandro Laínez García have been prosecuted since January 2023 for the crimes of murder and illicit association.
The rebellious defendants José Eduardo Sancho Castañeda and Arturo Serrano Ascencio are also being tried. The Prosecutor’s Office accuses them of torturing and murdering Inés María Inés Alvarenga, suspecting she was an informant for the Army.
According to the investigation, Inés was taken from her home located in the Santa Marta canton and brought to an FMLN guerrilla camp, where she was tortured and later killed.
The indictment states that all those involved in the murder held some degree of command over the platoon, being part of the leadership, zone commanders, and at the national level.
Environmental and social organizations have denounced it as a “political” case in retaliation for the fact that after the Peace Accords, the veterans became environmental defenders and led the fight against mining in the country.
“We had said that the only legal and fair resolution was the ratification of the acquittal and the confirmation of the definitive dismissal. Therefore, we denounce as totally illegal and unjust the decision of the Criminal Chamber of Cojutepeque,” stated ADES in a communiqué.
Cámara anula fallo que sobreseyó a excombatientes de Santa Marta
La Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, el pasado 18 de octubre, que sobreseyó a cinco ex integrantes de la guerrilla, acusados torturar y asesinar a una mujer, en el contexto del conflicto armado.
“En un hecho insólito, la referida cámara admitió un recurso de apelación carente de verdaderos fundamentos legales, anuló una sentencia justa y ordenó repetir el juicio en otro tribunal, tal como le solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) empeñada en criminalizar a nuestros defensores ambientales”, publicó la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES).
Tras el fallo que sobreseyó a todos los procesados, la Fiscalía no brindó ninguna declaración al respecto, pero se conoció a través de un comunicado de organizaciones sociales que el ente fiscal apeló la decisión ante la Cámara.
Los fiscales argumentaron que el asesinato de la Inés María Inés Alvarenga, por parte de la agrupación guerrillera, se trata de un crimen de lesa humanidad que es imprescriptible, porque con ese mismo patrón fueron asesinadas más de 50 personas por el mismo grupo, según han declarado los testigos. Además alegan que se trata de una persona civil que era obligada a cocinarles y hacer mandados.
Por otra parte, señalan que como delito común no ha prescrito, tomando en cuenta que la Ley de Amnistía no estuvo vigente hasta 2016, por tanto, ese tiempo no cuenta para la prescripción.
Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, son procesados desde enero de 2023 por los delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas.
También están siendo juzgados los imputados rebeldes José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio. La Fiscalía los acusa de torturar y asesinar a Inés María Inés Alvarenga, debido a que sospechan que ella era informante del Ejército.
Según la investigación, Inés fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón Santa Marta, y fue llevada hacia un campamento de la guerrilla del FMLN, donde fue torturada y luego le quitaron la vida.
La acusación fiscal establece que todos los implicados en el asesinato tenían algún grado de mando del pelotón, eran parte de las jefaturas, comandantes de zona y a nivel nacional.
Organizaciones ambientalistas y sociales han denunciado que se trata de un caso “político” en represalia a que los excombatientes luego de los Acuerdos de Paz se convirtieron en defensores del medioambiente y han liderado la lucha contra la minería en el país.
“Habíamos dicho que la única resolución legal y justa era la ratificación del fallo absolutorio y la confirmación del sobreseimiento definitivo. Por tanto, denunciamos como totalmente ilegal e injusta la decisión de la Cámara Penal de Cojutepeque”, señaló ADES en un comunicado.