Every November 25th, María Lidia decorates her house with balloons and cake to celebrate the birthday of her third son, César Aguilar. However, this year she prepared her documents to join the Movement of Victims of the Regime (MOVIR) for a protest outside the Attorney General’s Office (PGR) in San Salvador.
This action was prompted by the fact that many families of detainees, who are trying to prove their relatives’ innocence, have complained that when they request their children’s, parents’, or siblings’ criminal records, they are told they cannot receive them because the PGR has stated that the document can only be completed by a lawyer, and lawyers are not doing so.
María Lidia traveled to the PGR from Mejicanos, while others came from Arcatao, Chalatenango, Zacatecoluca, and more areas to join the protest.
María Chavez Navarrete left Arcatao at 3 a.m. She has a disability that severely limits her mobility.
She arrived carrying a small cooler containing a month’s supply of insulin for her son, as she cannot afford more. “Each package costs $29,” she explained. María also mentioned she has no way of knowing if her son is receiving his medication or if he has passed away.
The criminal record document is one of several pieces of evidence needed to prove the innocence of their relatives and to prepare the “Habeas Corpus” requests that are directly submitted to the Supreme Court of Justice, aiming to handle cases individually, instead of in mass hearings, as reported by people who have been freed after months in various prisons across the country. These mass hearings have also been confirmed and published by the judicial authorities themselves.
Most protesters arrived before 8 a.m., the time they had been called to assemble. Upon arrival, they requested a meeting with a high-ranking official at the Attorney General’s Office (PGR), to explain why they are being denied the ability to process the criminal records themselves, as there were no previous obstacles preventing individuals from doing so without a lawyer.
The families, predominantly women seeking the freedom of their children, siblings, or parents, hoped to be attended by Attorney General René Escobar. However, according to derisive remarks from the guards, he left in a white SUV at noon to avoid contact with MOVIR members.
While they awaited a response, more people joined, sharing their stories with other women seeking solace among those in similar situations.
“I came requesting the release of two of my four brothers,” commented one of the attendees. Of the four, one passed away in April 2024 inside a prison; the second was recently released, but she still has two detained brothers, for whom she cannot provide evidence of innocence since she cannot obtain their criminal records.
The wait lasted until 3 p.m. as some had to catch the last bus back to their places of origin.
“We’ll be back here soon, standing up for our innocents,” were some of the words exchanged before leaving.
Official government figures report over 80,200 people detained under the state of exception from March 2022 to date. President Nayib Bukele has stated that at least 8,000 of them have been released after being found innocent and not linked to criminal groups.
MOVIR hace plantón fuera de Procuraduría para exigir sus derechos
María Lidia espera anualmente el 25 de noviembre para adornar su casa con globos y pastel para celebrar el cumpleaños de su tercer hijo, César Aguilar, pero este año se alistó con sus documentos para acompañar al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) a un plantón afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), en San Salvador.
Esto debido a que muchos de los familiares de personas detenidas, que buscan probar la inocencia de sus parientes, han denunciado que al acercarse a solicitar los antecedentes penales de sus hijos, padres o hermanos, les dicen que no se los pueden entregar, porque la PGR les ha dicho que ese documento no lo puede completar un familiar, sino un abogado, y estos no lo hacen.
María Lidia llegó a la PGR desde Mejicanos, pero otras de las asistentes llegaron a la protesta desde Arcatao, Chalatenango, Zacatecoluca y más localidades.
María Chavez Navarrete salió desde Arcatao a las 3 a.m. Ella tiene una discapacidad en sus piernas que le limita en gran medida su movilidad.
Llegó cargando con una pequeña hielera que contiene la dosis de insulina que necesita su hijo para un mes, ya que no tiene el efectivo disponible para más. “Cada cajita cuesta $29”, dijo. Además María comentó que no tiene ninguna forma de saber si al menos le están entregando las medicinas a su hijo, o si ya falleció.
El documento de antecedentes penales es uno de múltiples arraigos que sirven para demostrar la inocencia de sus parientes y para elaborar el “Habeas Corpus” que son entregados directamente a la Corte Suprema de Justicia para individualizar los casos y que no sean juzgados en audiencias masivas, como se ha dado a conocer por personas que han logrado su libertad luego de pasar meses dentro de los distintos penales del país; estas audiencias masivas también han sido publicadas y confirmadas por las mismas autoridades judiciales.
La mayoría de los asistentes al plantón llegaron desde antes de las 8 a.m., hora que habían sido convocados. Desde que llegaron pidieron hablar con una persona de alto rango en la Procuraduria General de la República, que les pudiera explicar el porqué no les permiten tramitar a ellos los antecedentes penales, si anteriormente no había ningún obstáculo para que una persona particular pudiera hacerlo, sin necesidad de un abogado.
Los familiares, quien en su gran mayoría eran mujeres buscando la libertad de sus hijos, hermanos o padres, esperaban que el procurador general, René Escobar, las atendiera, pero según escucharon entre burlas de los vigilantes, este se retiro al mediodía en una camioneta blanca, para esquivar el contacto con los miembros de MOVIR.
Mientras esperaban algún tipo de respuesta,se fueron agregando más personas, quienes compartían sus testimonios con otras mujeres en busca de consuelo en alguien que está pasando por la misma situación.
“Yo vengo pidiendo la liberación de dos de mis cuatro hermanos”, comentó una de las asistentes. De los cuatro, uno falleció en abril del 2024 dentro de un penal; el segundo logró su libertad hace poco, pero aún tiene a dos detenidos, de los cuales no puede presentar arraigos de inocencia porque no tiene los antecedentes penales.
La espera duró hasta las 3 p.m, ya que algunas de las asistentes debían de alcanzar el último bus para regresar a sus lugares de origen.
“Acá nos van a tener de nuevo pronto, dando la cara por nuestros inocentes”, fueron algunas de las frases que dijeron, antes de retirarse del lugar.
Las cifras oficiales del Gobierno reportan más de 80,200 personas detenidas en el marco del régimen de excepción, entre marzo 2022 a la fecha. De ellas, según palabras del presidente Nayib Bukele, han liberado al menos a 8,000 que en realidad eran inocentes y no tenían ninguna relación con grupos criminales.