Workers from the Health and Education sectors, as well as members of various civil society organizations, participated on Saturday in the second “White March” as an act of opposition to the measures implemented by President Nayib Bukele’s administration, which include budget cuts for these state departments in the 2025 fiscal period.
The demonstrators began gathering at Plaza Salvador del Mundo very early in the morning, and by a few minutes past 8 a.m., they began marching towards the Metropolitan Cathedral, located in the heart of San Salvador.
Social movements addressing the issue of missing persons, those affected by the Cosavi case, human rights activists, water defenders, and relatives of people arbitrarily detained during the state of exception, among others, voiced their demands.
Salvador Osvaldo Alfaro, from the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) (Movement of Victims of the Regime), stated that he participated in the march to denounce the injustices perpetrated by the government under the state of exception.
“They are not delivering the packages to detainees in prison. Bukele says there is no torture in prisons, but it has been revealed that there is, even clandestine graves within the prisons. Human rights have been violated,” he explained.
Saúl Antonio Martínes, a teacher dismissed on October 23, traveled from Sonsonate. He said that he was verbally informed of his dismissal and came to the march to demand his reinstatement and that of other teachers unfairly removed from their positions.
“What I was informed was that my position was being eliminated — that’s the only information they gave me. We are seeking reinstatement, and we are also here to advocate for low-income individuals seeking medical attention who cannot be cared for due to the precarious state of the system,” he said.
The march also included members of the Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) (Salvadoran Medical Association), the country’s principal Health professionals’ guild.
“We are here to express our concern over the projected budget cuts in Health and Education and the reduction in jobs planned for 2025. These cuts to the budget and positions will have a devastating impact on service to the public, leading to longer appointment wait times. The issue of medicine shortages will worsen, there will be no capacity to buy equipment or supplies; this will ultimately impact the health of the population,” said Dr. Iván Solano Leiva, a member of COLMEDES.
“Health and education are two matters of national interest that affect the entire population. It is unacceptable that budget cuts are being made to areas that are so crucial and necessary — on the contrary, their budgets should be strengthened,” stated Dr. Carlos Ramos Hinds of COLMEDES.
The Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) (Movement for the Defense of Workers’ Rights) also demands the reinstatement of 107 public sector workers, including 28 union leaders who, they allege, were arbitrarily dismissed from various state departments.
“The proper process, the right to a hearing and defense, the rights to freely unionize, and union immunity have not been respected. As a Movement, we call on the Attorney General of the Republic to act ex officio and investigate the possible crimes committed by these officials,” the MDCT stated, citing a list of the heads of the Ministry of Health, Education, Finance, Agriculture and Livestock, and CONAMYPE, the institution reportedly responsible for the most recent personnel cuts.
At the start of October, Minister of Finance Jerson Posada presented the draft General Budget of the Nation for the 2025 fiscal period to the Legislative Assembly. This proposal includes the elimination of over 11,000 public sector positions, as well as reductions in the budget allocations for several state departments.
Unions and organizations have described this proposal as “a harsh blow to the country’s working class.”
Trabajadores de salud, educación y sociedad civil marcharon en rechazo a medidas del gobierno de Bukele
Trabajadores del sector Salud y Educación, así como miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil, participaron el sábado en la segunda Marcha Blanca como una muestra de rechazo a medidas del gobierno del presidente Nayib Bukele, entre las cuales está el recorte a los presupuestos de estas carteras de Estado para el periodo fiscal 2025.
Los manifestantes empezaron a concentrarse en la Plaza Salvador del Mundo desde ,uy temprano en la mañana, pocos minutos de las 8 inciaron la marcha hasta culminar en Catedral Metropolitana, en el centro de San Salvador.
Movimientos sociales de personas desaparecidas, afectados por el caso Cosavi, defensores de derechos humanos, defensores del agua, familiares de personas detenidas de manera arbitraria durante el régimen de excepción, entre otros, manifiestaban sus exigencias.
Salvador Osvaldo Alfaro, de MOVIR, señala que se ha presentado a la marcha para denunciar las injusticias cometidas por el gobierno durante el régimen.
“No se está entregando los paquetes a los detenidos en las cárceles. Bukele dice que no hay torturados en las cárceles y se ha descubierto que sí , hasta hay tumbas clandestinas en las cárceles. Se han violado los derechos humanos”, expuso.
Saúl Antonio Martínes, docente despedido el 23 de octubre, llegó desde Sonsonate. Señala que de manera verbal fue notificado de su despido y se ha presentado a la marcha para exigir su reinstalo y el de otros docentes separados de sus cargos de manera injustificada.
“Lo que se me informó es que mi plaza entra a supresión, es la única información que me dieron. Estamos buscando el reinstalo, y también estamos aquí para pedir por la población de escasos recursos que buscan atención médica y no pueden ser atendidos por la precariedad en el sistema”, manifestó.
A la marcha también se ha hicieron presentes miembros del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), la principal gremial de profesionales de la Salud en el país.
“Estamos presentes para manifestar nuestra preocupación ante el recorte de presupuesto en Salud y Educación y de las plazas que está proyectado hacerse para el año 2025. Este recorte al presupuesto y plazas va a tener un impacto nefasto en la atención de la gente, con citas a más largo plazo, el problema de falta de medicamentos se va a agudizar, no va haber posibilidad de comprar equipos o de comprar insultos; esto va a tener al final un impacto en la salud de la población”, dijo el doctor Iván Solano Leiva, miembro de COLMEDES.
“Salud y educación son dos temas que son de interés nacional, y que afectan a toda la población. No es posible que a estas áreas que son tan sensibles y tan necesarias se le esté quitando de sus presupuestos, por el contrario se debería de reforzarlo’s”, opinó el doctor Carlos Ramos Hinds, de COLMEDES.
El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la clase Trabajadora (MDCT) demanda además al Estado el reinstalo de 107 trabajadores del sector público, entre los cuales están 28 directivos sindicales, quienes, señalan, han sido despedidos manera arbitraria en diferentes carteras de Estado.
“No han respetado el debido proceso, los derechos de audiencia y defensa, los derechos a la libre sindicalización y el fuero sindical. Como Movimiento instamos al fiscal general de la república a actuar de oficio e investigar los posibles delitos cometidos por dichos funcionarios”, expuso el MDCT mencionando una lista de los nombres de los titulares de Salud, Educación, Hacienda, el Ministerio de Agricultural y Gadería, así como el titular de CONAMYPE, institución donde se conoce se han dado los recortes de personal más recientes.
A inicios de octubre, el Ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el periodo fiscal 2025, el cual contempla suprimir más de 11 mil plazas en el sector público, así como una disminución en sus asignaciones presupuestarias en varias carteras del Estado.
Sindicatos y organizaciones han calificado esta intención como “un duro golpe a la clase trabajadora del país”.