The American Association of Jurists (AAJ) condemned the “arbitrary” arrest of economist and member of the Peace Accords negotiating commission, José Atilio Montalvo, who was detained on May 31 at his residence.
“Gathered in its virtual Branch Assembly on November 16, 2024, [the AAJ] expresses its deepest concern over the imprisonment and serious health condition, as well as the judicial persecution being suffered by Atilio Montalvo,” the AAJ stated through a press release.
In the statement, the regional association referenced Montalvo’s critical health condition, which it noted endangers his life if he does not receive the medical attention he requires.
Montalvo suffers from chronic illnesses, which are “exacerbated by the precarious prison conditions established under a ‘state of exception’ that has lasted for over two years,” the AAJ added.
Montalvo was arrested in the early hours of Friday, May 31, 2024, at his home in La Cima neighborhood in San Salvador.
That same morning, and beginning the night of Thursday, May 30, the National Civil Police (PNC) also detained eight other war veterans, accusing them of orchestrating a series of attacks that allegedly included detonating explosives in supermarkets, gas stations, and government offices, planned for June 1, the day of Nayib Bukele’s inauguration for his second term as president.
The other detainees are Óscar Saúl Alas Cartagena, known as El Piche; Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, and Roberto Antonio Esquivel.
Montalvo’s family stated that the economist is diabetic and suffered an ischemic stroke in November 2023, leaving him with speech difficulties and balance issues.
On top of that, in late April 2024, he suffered a heart attack, which led to kidney failure that requires regular dialysis.
Salvadoran social organizations have decried the case as a “judicial fabrication,” a political persecution, and retribution for the civic activism of leaders from the National Alliance El Salvador en Paz, as mentioned by the AAJ.
Since the detentions began, both families and various civil society organizations have demanded the release of the detainees, arguing that they are innocent and that many of them are incapable of planning attacks due to their fragile health conditions.
The regional jurist organization reiterated its support for expressions of solidarity and calls on the Salvadoran government to release Montalvo and other political prisoners in El Salvador.
The AAJ “shows its support for the Salvadoran people in their fight for institutionalism, human rights, and democracy, which has deteriorated in recent years,” it noted.
In the statement, the Association also reminded the Salvadoran government of its obligation to comply with international treaties that guarantee human rights, due process protections, and the necessity of accountability “for the abuses committed.”
Asociación Americana de Juristas condena captura arbitraria de Atilio Montalvo
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) condenó la captura “arbitraria” del economista y miembro de la comisión negociadora de Los Acuerdos de Paz, José Atilio Montalvo, quien fue capturado el pasado 31 de mayo en su casa de habitación.
“Reunida en su Asamblea virtual de Ramas el 16 de noviembre de 2024, expresa su más profunda preocupación por el encarcelamiento y grave estado de salud, por la persecución judicial de la que es víctima Atilio Montalvo”, expone la AAJ a través de un comunicado.
En el documento, la asociación regional hace referencia al grave estado de salud en el que se encuentra el detenido, situación que -señala- pone en peligro su vida, si no recibe la atención médica que necesita.
Montalvo padece de enfermedades crónicas, las cuales se ven “agravadas por las precarias condiciones carcelarias establecidas por un ‘régimen de excepción’ que ya lleva más de dos años”, añade.
Montalvo fue detenido la madrugada del viernes 31 de mayo de 2024 en su casa ubicada en la colonia La Cima, de San Salvador.
Esa misma madrugada, y desde horas del jueves 30 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) también detuvo a otros ocho exveteranos de guerra, a quienes acusó de impulsar una serie de atentados que, presuntamente, incluían la detonación de explosivos en supermercados, gasolineras y dependencias del Gobierno, que debían darse el 1 de junio, día de toma de posesión de Nayib Bukele en su segundo mandato como presidente.
Los otros detenidos son Óscar Saúl Alas Cartagena, conocido como El Piche; Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel.
La familia de Montalvo ha informado que el economista de profesión es una persona diabética y desde noviembre de 2023 padeció un ACV isquémico que lo dejó con dificultades en el habla y problemas de equilibrio.
Sumado a eso, a finales de abril de 2024 sufrió un ataque cardíaco y, como consecuencia de eso, un cuadro de insuficiencia renal, por lo que requiere diálisis cada cierto tiempo.
Organizaciones sociales salvadoreñas denuncian el caso como un “montaje judicial”, una persecución política y una represalia contra el activismo cívico de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, expone AAJ.
Desde inicios de las capturas, tanto familiares como diferentes organizaciones de la sociedad han exigido la libertad de los detenidos, pues, consideran que son son inocentes y que varios de ellos no estan en condiciones de planificar atentados, debido a la delicada condición de salud en la que se encuentran.
La entidad regional de juristas, por su parte reiteró su respaldo a las expresiones de solidaridad y a los llamados al Estado salvadoreño de liberar a Montalvo y a los demás presos políticos de El Salvador.
La AAJ “muestra su respaldo al pueblo salvadoreño en su lucha por la institucionalidad, los derechos humanos y la democracia deteriorada en los últimos años”, apunta.
En el escrito, la Asociación también recuerda del Estado salvadoreño su obligatoriedad en cumplir con los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos, las garantías del debido proceso y la necesidad de rendición de cuentas “por los abusos cometidos”.