During the eight months they spent in prison at the Western Penitentiary of Santa Ana and the Izalco prison, the five environmental leaders from Santa Marta witnessed how prison authorities receive packages for deceased inmates and sell them in penitentiary stores, thus confirming what civil society organizations had already denounced regarding the abuse of detainees during the state of exception.
The Santa Marta leaders, from Cabañas, told LA PRENSA GRÁFICA they saw many people leave in ambulances never to return. They claim among these fatalities were people who had been tortured and severely ill. They assert that even though the guards knew these people were already dead, they would still call out their names to disguise the situation, enabling them to “receive packages.”
“There are families delivering packages and believing their loved one is alive. It’s sad because we could verify that even though they (the guards) knew the person had died, they had the audacity to call them to collect the package,” stated Alejandro Laínez, one of the five environmentalists who was in “El Penalón.”
Miguel Gámez was also there and said he was aware of three inmates who died, and their packages ended up in the prison shop. During the eight months they were detained, they only received their packages four times, even though their families sent them every month.
“At the end of the day, they don’t lose because they place it in the shop. But it is sad because there are people who, with great sacrifice, try to send a small package to these individuals,” lamented Gámez.
Only Half Delivered
The environmentalists state they only received half of the package and that high-quality products, such as formula milk, were taken by the guards or sent to the shop.
Saúl Rivas was at the Izalco prison, and for him, the situation was worse as he claims he wasn’t even given his medications, despite having diabetes. He was the only one sent to a prison considered by organizations as a “center of death and torture” due to the large number of fatal victims reported there.
“My family sent me medicines, and I never received them, but they would take the boxes. When I was released, I realized I only received 50% of what my family sent,” he confirmed.
He recalled that after package deliveries, he would see guards and trust-phase inmates “eating and drinking something different” from the other prisoners. He pointed out there is no control over the situation in the prison or the shops, where the most expensive products are sold.
Ingrid Escobar, director of Socorro Jurídico Humanitario (SJH) (Humanitarian Legal Aid), said this situation is already known by her organization and they have corroborated through the cases they handle that such activities are happening within the country’s penal centers. Socorro has documented over 300 deaths in prisons during the state of exception.
“It’s most likely that they aren’t discarded but rather resold in penitentiary stores,” she explained, adding, “We have had cases where, after the family delivered a package, about two days later, they were informed the inmate had died,” she said.
She also confirmed that detainees are only given half the packages family members bring, with the other part being sold in each prison’s shops.
“The Centers Penales administration, through Director Osiris Luna, is committing acts of corruption. Where does half of the food, hygiene supplies, and clothing for the inmates go? They go to the penitentiary shops, where each product is sold at double or triple the outside price,” she asserted.
The human rights advocate also questioned the accounts into which money deposited by families for inmates to consume in these shops ends up, something the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) (Movement of Victims of the Regime) has also demanded transparency on.
LA PRENSA GRÁFICA sought statements from Osiris Luna, the director of the prison centers, regarding these allegations. Questions were sent via the institution’s email, but no response had been received by the time this article was published.
Ambientalistas confirman anomalías en la entrega de paquetes en prisiones
En los ocho meses que pasaron dentro de prisión, en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana y en el penal de Izalco, los cinco líderes ambientalistas de Santa Marta presenciaron cómo las autoridades carcelarias reciben los paquetes de reos ya fallecidos y los venden en las tiendas penitenciarias, confirmando así lo que ya habían denunciado organizaciones de sociedad civil sobre los abusos hacia privados de libertad durante el régimen de excepción.
Los líderes de Santa Marta, en Cabañas, contaron a LA PRENSA GRÁFICA que vieron a muchas personas salir en ambulancias y jamás regresar. Sostienen que entre estas víctimas fatales habían personas torturadas y enfermas de gravedad. Y afirman que a pesar que los custodios sabían que las personas ya estaban muertas, igual gritaban sus nombres para disimular la situación y que pudieran “recibir paquetes”.
“Hay familias que están entregando paquetes y pensando que su familiar está vivo. Es triste, porque nosotros pudimos verificar que aún ellos (los custodios), sabiendo que esa persona ya había muerto, tenían el descaro de llamarlo para que fuera a traer el paquete”, aseveró Alejandro Laínez, uno de los cinco ambientalistas que estuvo en “el Penalón”.
Miguel Gámez también estuvo allí y dijo que supo de tres reos que habían muerto y que sus paquetes iban a parar a la tienda del centro penal. De los ocho meses que estuvieron presos, a ellos solo les entregaron el paquete cuatro veces, a pesar que sus familias los llevaban cada mes.
“Al final no pierden porque lo ponen en la tienda. Pero lo que da tristeza es que hay gente que con mucho sacrificio está viendo de qué manera manda el paquetito a estas personas”, lamentó Gámez.
Solo entregan la mitad
Los ambientalistas dicen que solo recibían la mitad del paquete y que los productos de mejor calidad, como leche en fórmula, los agarraban los custodios o las mandaban a la tienda.
Saúl Rivas estuvo en el penal de Izalco y para él la situación fue peor, pues asegura que ni los medicamentos le entregaban, pese a que él padece diabetes. Él fue el único que fue enviado a una cárcel considerada por las organizaciones como “centro de muerte y tortura”, por la gran cantidad de víctimas fatales que se reportan ahí.
“Mi familia me mandó medicinas y nunca me las dieron, pero sí les agarraban las cajas. Cuando salí estuve viendo que a mí me daban solo el 50 % de lo que mi familia me llevaba”, aseguró.
Recordó que después de que había entrega de paquetes veía a los custodios y reos en fase de confianza “comiendo y tomándose algo diferente” a los demás reclusos. Señaló que no hay control sobre la situación en el penal ni en las tiendas, donde venden los productos más caros.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo que esta situación ya es conocida por su organización y que a través de los casos que atienden han corroborado que este tipo de acciones están ocurriendo al interior de los centros penales del país. Socorro ha documentado ya más de 300 muertes en penales durante el régimen de excepción.
“Lo más probable es que no los boten, sino que los revenden en las tiendas penitenciarias”, expuso, y agregó: “Hemos tenido casos que luego que la familia entregaba paquete, como a los dos días, les comunicaban que el reo estaba fallecido”, dijo.
También confirmó que a los privados de libertad solo les entregan la mitad de los paquetes que las familias llevan y que la otra parte es vendida en las tiendas de cada centro penitenciario.
“La administración de Centros Penales, a través del director Osiris Luna, está cometiendo actos de corrupción. ¿Dónde va a parar la mitad de los alimentos, de los implementos de higiene, de los implementos de ropa para los privados de libertad? Van a las tiendas penitenciarias, donde se vende cada producto al doble o triple el precio que está afuera”, aseveró.
La defensora de derechos humanos también cuestionó a qué cuentas va el dinero que depositan las familias para que los privados de libertad puedan consumir en dichas tiendas, algo en lo que el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) también ha pedido transparencia.
LA PRENSA GRÁFICA buscó declaraciones del director de centros penales, Osiris Luna, sobre estos señalamientos. Se le enviaron las preguntas a través del correo electrónico de la institución, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.