Representatives of the humanitarian organizations Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) (Human and Community Rights Defense Unit) and Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) (Movement of Victims of the Regime) requested this Monday (11.11.2024) that the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) conduct a criminal investigation into the board of El Salvador’s Congress for alleged breach of duty and arbitrary acts.
Rudy Joya, a lawyer for UNIDEHC, indicated that the criminal complaint was filed because they refused to accept a petition from victims of abuse, within the framework of the state of exception, regarding the prison visitation system.
“They denied this right to petition by not accepting the victims’ document. Is there a breach of duty? Yes. The Constitution states that every official must receive citizens and their petitions and respond to them; failing to do so constitutes criminal acts,” Joya pointed out.
The complaint is against the president of the Legislative Body, Ernesto Castro; vice presidents Suecy Callejas and Alexia Rivas; and secretary Marcela Rosales, all from the ruling party Nuevas Ideas (NI). Additionally, they requested an investigation into Reynaldo Cardoza from the Partido de Concertación Nacional (PCN) (National Conciliation Party) and Reinaldo Carballo from the Partido Demócrata Cristiano (PDC) (Christian Democratic Party), both allies of NI.
Samuel Ramírez from MOVIR told reporters that the Legislative Assembly refused to accept a request to repeal any prison center regulations that prevent visits because “it is a right that families have.”
El Salvador’s Parliament, dominated by the ruling party, approved the thirty-second extension of the state of exception at the beginning of November, which has suspended constitutional guarantees since March 2022. This measure was approved following the murder of more than 80 people in March of the mentioned year, which local media El Faro’s investigations indicate was due to the breakdown of a pact between the government and the so-called gangs.
With more than 83,100 detentions, this extraordinary measure has become the primary and sole approach of Nayib Bukele’s government against gangs. Meanwhile, various humanitarian organizations have received over 6,400 reports of human rights violations, mainly for arbitrary detentions and torture, and report more than 300 deaths of individuals in state custody, most showing signs of violence.
The Salvadoran government has repeatedly denied accusations of torture and other rights violations, even before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).
DW: https://www.dw.com/es/piden-a-la-fiscalía-investigar-a-congresistas-de-el-salvador/a-70760070
Piden a la Fiscalía investigar a congresistas de El Salvador
Representantes de las organizaciones humanitarias Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidieron este lunes (11.11.2024) a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar penalmente a la junta directiva del Congreso de El Salvador por supuesto incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, señaló que el aviso penal fue presentado a raíz de que se negaron a recibir una petición de las víctimas de atropellos, en el marco del régimen de excepción, sobre el sistema de visitas a cárceles.
“Negaron ese derecho de petición al no recibir el escrito de las víctimas. ¿Hay un incumplimiento de deberes? Sí. La Constitución dice que todo funcionario debe recibir al ciudadano y debe recibir sus peticiones y darle respuesta, el no hacerlo constituye hechos delictivos”, apuntó Joya.
La denuncia es contra el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro; las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas; y la secretaria Marcela Rosales, todos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). Además, se pidió investigar a Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos aliados de NI.
Samuel Ramírez, de MOVIR, dijo a periodistas que la Asamblea Legislativa se negó a recibir una solicitud de derogación de cualquier normativa de centros penales que impida las visitas porque “es un derecho que tienen las familias”.
El Parlamento de El Salvador, dominado por el partido oficialista, aprobó a inicios de noviembre la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022. Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en marzo del referido año, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las denominadas maras.
Con más de 83.100 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas. Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y de otras violaciones a derechos.
DW: https://www.dw.com/es/piden-a-la-fiscalía-investigar-a-congresistas-de-el-salvador/a-70760070