Officers of the Policía Nacional Civil (PNC) (National Civil Police) intimidated and threatened members of journalist Ricardo Vaquerano’s family on October 30 of this year. The state officials visited the journalist’s mother’s house, claiming to be responding to a 911 emergency call about domestic violence. They attempted to enter the residence despite not having a court order and being informed by the occupants that no such call had been made. 

During their visit, the PNC officers photographed the Unique Identity Document (DUI) of another family member of the journalist. Additionally, they questioned the family about the men living in the house, asking for their names and whereabouts at that time. Despite a family member suggesting to the officers that the call might have originated from another house with the same number on the street, they left without confirming the information at the other house. It is important to note that the family observed that a patrol car had been parked outside their house for two days.

Later on October 30, PNC officers returned to the house, claiming to have a court order to take a member of Vaquerano’s family. When a family member requested to see the court order, the officers showed a piece of paper from several meters away, making it impossible to read. Despite this, the officers insisted on entering the house, but were denied entry as the court order was not adequately presented. When turned away, the officers threatened to return with a search warrant. They also warned that if they discovered the person they were looking for lived there, they would also detain another family member of the journalist. 

These aggressions occurred following the publication of a report by Gato Encerrado, edited by Vaquerano, on October 22. The report revealed a network of PNC officers involved in the murders of hundreds of individuals. Under the state of exception, there has been an increased attack on the press in El Salvador, particularly when investigative journalism covers topics such as public interest, security, corruption cases, human rights violations, or sexual and reproductive rights issues.

As demonstrated in this case, the state of exception has facilitated human rights violations by security agents, without any guarantee of redress or justice. Therefore, ARTICLE 19 rejects such irregular procedures. Specifically, we denounce the acts of intimidation, threats, and illegitimate use of public power against the journalist’s family and call on the State of El Salvador to ensure their safety and integrity.

Without clear checks and balances, the discretionary use of state force in actions like the one mentioned facilitates silencing voices that challenge the model implemented by Nayib Bukele in the country. Consequently, we reiterate our call to restore the rights suspended under the state of exception, as requested by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and to guarantee respect for freedom of expression and the press in El Salvador.

Artículo 19: https://articulo19.org/policias-de-el-salvador-intimidan-y-amenazan-a-familia-del-periodista-ricardo-vaquerano/

Policías de El Salvador intimidan y amenazan a familia del periodista Ricardo Vaquerano

Agentes de la Policía Nacional Civil intimidaron y amenazaron a integrantes de la familia del periodista Ricardo Vaquerano el 30 de octubre de este año. Los funcionarios estatales acudieron a casa de la madre del periodista con el argumento de que atendían una llamada de emergencia del 911 por violencia intrafamiliar. Así intentaron ingresar al inmueble a pesar de no presentar ninguna orden judicial y de que quienes se encontraban en la casa aseguraron a los agentes que no se había hecho ninguna llamada de ese tipo. 

Durante su visita, los agentes de la PNC, en interacción con otra persona integrante de la familia del periodista, fotografiaron su Documento Único de Identidad (DUI). Además los elementos de seguridad del Estado cuestionaron a la familia sobre los hombres que viven en esa casa, como sus nombres y su ubicación en ese momento. En esta ocasión, a pesar de que un familiar del periodista les comentó a los agentes que probablemente la llamada venía de una casa con el mismo número en esa calle, se retiraron sin confirmar la información en la otra casa.. Es importante subrayar que la familia constató que una patrulla llevaba dos días fuera de su casa.

Más tarde el 30 de octubre, elementos de la PNC acudieron nuevamente a la casa. En esta ocasión con la justificación de contar con una orden judicial para llevarse a una persona de la familia de Vaquerano. Una de sus familiares les solicitó a los policías que le mostraran la orden judicial y estos mostraron un papel a varios metros de distancia, lo cual hizo imposible su lectura. A pesar de esto, los agentes insistieron con entrar al inmueble, sin embargo la entrada les fue negada debido a que no se presentó de forma adecuada la orden judicial. Al recibir esta negativa, los agentes amenazaron con regresar con una orden de allanamiento. Además los agentes de la PNC advirtieron que si descubrían que la persona que buscaban vivía ahí, también se llevarían detenida a otra persona del círculo familiar del periodista. 

Estas agresiones se dan tras la publicación de una nota del medio Gato Encerrado el 22 de octubre de este año, de la cual Vaquerano es editor. La nota revela una red de policías de la PNC que han cometido asesinatos contra cientos de personas. En el marco del régimen de excepción, notamos una intensificación de los ataques en contra de la prensa en El Salvador. Específicamente, cuando se tratan temas de interés público que se abordan o son investigados desde el periodismo, como lo son la seguridad, casos de corrupción, las violaciones a los derechos humanos o temas de derechos sexuales y reproductivos.

Como se evidencia en el caso expuesto, el régimen de excepción ha facilitado violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad, sin ninguna garantía de reparación o de justicia. Por ello, desde ARTICLE 19 rechazamos este tipo de procedimientos irregulares. Particularmente, denunciamos los actos de intimidación, amenaza y uso ilegítimo del poder público en contra de la familia del periodista y exigimos al Estado de El Salvador garantizar su seguridad e integridad. 

Sin contrapesos claros, se facilita el uso discrecional de la fuerza del Estado en actos como el mencionado para silenciar voces que interpelan el modelo implementado por Nayib Bukele en el país. Consecuentemente, refrendamos nuestro llamado a restablecer los derechos en suspensión por el régimen de excepción tal y como fue requerido por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se garantice el respecto a la libertad de expresión y prensa en El Salvador

Artículo 19: https://articulo19.org/policias-de-el-salvador-intimidan-y-amenazan-a-familia-del-periodista-ricardo-vaquerano/