Following the mass gathering of individuals from the Health and Education sectors on Saturday, October 19, in response to the government’s new decisions regarding budgetary issues and the cessation of promotions, a series of unjustified dismissals of participants occurred.
One such case was confirmed by a former employee, a health educator from the Sesori community clinic in the department of San Miguel.
“I inform my country and the international community that on Wednesday, October 23, I was dismissed from my position without due process, not given the corresponding legal communication, violating the regulations that ensure transparency and justice in the workplace,” communicated Ismael Argueta, affected by the dismissal.
In an interview with this medium, Argueta revealed that he was summoned to the Regional Health offices in San Miguel and informed that his job position would be eliminated; however, for him, there is no record of labor misconduct, and the manner in which events transpired makes him consider it a direct reprisal for exercising his right as a worker to participate in a peaceful protest.
“This measure violates my fundamental labor rights, protected both by national legislation and international labor rights conventions,” he added.
Ismael denounced the situation on his social media, viewing it as an act of discrimination and abuse of power against a Salvadoran citizen. He demanded respect for the principles of justice, legality, and freedom of expression, calling on competent authorities, the international community, and human rights watchdog institutions to investigate and take actions against this arbitrariness.
Since 2012, Argueta has served the health sector in his municipality, and his contract was valid until December 2024; thus, he pointed out that the elimination of his position was done prematurely and is legally impermissible.
Additionally, he mentioned that only the Civil Service Commission has the authority to carry out such dismissals, and he explained that he is backed by the Wage Law.
In light of these events, he declared himself persecuted by the current government. Despite the fear this situation causes, he decided to bring the case to public attention and was emphatic in his statements, expressing that, should anything happen to him or his family, he holds the state of exception implemented by the Government responsible.
The night before the march, some union members and workers backed out due to fear of reprisals and the threat of over 11,000 dismissals in 2025 due to budget cuts.
Several days have passed, and the Minister of Labor, Rolando Castro, has remained absolutely silent on this issue.
On social media, people continue to report more dismissals: “There are around 10 dismissals of teachers and health workers, I’m the person confirming that I was dismissed without due process, and I didn’t even receive a written notice, and I understand there are more dismissals,” Argueta stated.
Ex empleado de Salud narra cómo fue despedido tras asistir a la “marcha blanca”
Luego de la concentración masiva de personas de los gremios de la Salud y Educación del sábado 19 de octubre anterior, en pronunciamiento a las nuevas decisiones del gobierno con relación al tema presupuestario y de cese de escalafones, se dio una serie de despidos injustificados de participantes.
Uno de ellos fue confirmado por un exempleado despedido, educador de la salud de la clínica comunal de Sesori, en el departamento de San Miguel.
“Informo a mi país y a la comunidad internacional que el miércoles 23 de octubre fui despedido de mi cargo sin el debido proceso, no se me otorgó la comunicación legal correspondiente, incumpliendo las normativas que garantizan transparencia y justicia en el ámbito laboral”, comunicó Ismael Argueta, afectado con el despido.
En una entrevista con este medio, Argueta reveló que fue citado a las oficinas de la Regional de Salud en San Miguel y le informaron que su plaza laboral sería suprimida; sin embargo, para él no existe ningún antecedente de falta laboral y por la forma en cómo sucedieron los hechos lo considera como una represalia directa por ejercer su derecho como persona trabajadora al participar en una protesta pacífica.
“Esta medida vulnera mis derechos laborales fundamentales, amparados tanto en la legislación nacional como en los convenios internacionales sobre derechos laborales”, añadió.
Ismael denunció en sus redes sociales la situación, que para él ha sido un acto de discriminación y abuso de poder hacia un ciudadano salvadoreño. Exigió respeto a los principios de justicia, legalidad y libertad de expresión, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes, comunidad internacional e instituciones vigilantes de derechos humanos, para que se investigue y tomen acciones ante esa arbitrariedad.
Desde el 2012, Argueta se mantuvo al servicio de las población en la rama de salud en su municipio y hasta diciembre de 2024 estaba en vigencia su contrato; por ello, señaló que la supresión se ha hecho antes y legalmente no está dentro de lo permitido legalmente.
Aparte, mencionó que solamente la Comisión del Servicio Civil puede hacer ese tipo de despidos, y en otro punto explicó que tiene el respaldo de la Ley de Salario.
Ante esos hechos, se declaró un perseguido por el actual gobierno. Pese al temor que le genera la situación, decidió dar a conocer públicamente el caso y fue enfático en sus declaraciones expresando que, ante cualquier cosa que pueda ocurrirle a él y su familia, responsabiliza al régimen de excepción implementado por el Gobierno.
Una noche antes de la marcha, algunos sindicalistas y trabajadores se echaron para atrás por temor a represalias y ante la amenaza de más de 11 mil despidos en 2025 por el recorte presupuestario.
Han pasado varios días y el ministro de Trabajo Rolando Castro ha mantenido absoluto silencio con ese tema.
En redes sociales personas siguen denunciando más despidos, “Son alrededor de 10 despedidos de profesores y de salud soy la persona que confirmo que fui despedido sin debido proceso, ni siquiera se me dio un papel escrito y entiendo que hay más despedidos”. Indicó Argueta.