The Fifth Sentencing Court sentenced the former Minister of Security and Justice, Mauricio Ramírez Landaverde; the former Deputy Minister of Justice, Antonio López; and the former Director of Penal Centers, Marcos Tulio Lima, to three years in prison for the crime of arbitrary acts. However, the Court acquitted the former minister and the former Deputy Director of Penal Centers, Orlando Elías Molina Ríos, of the more serious charge of embezzlement.
Additionally, the judges determined that Ramírez Landaverde would only have to serve three months of the sentence, which will be replaced by community service, as he has already spent more than two years in prison.
“The Court issued a symbolic sentence for the crime of arbitrary acts. I say symbolic because it immediately substituted it with community service due to the mild sanction, meaning that it did not find significant severity in the acts they were accused of,” stated the defense lawyer, Pedro Cruz.
Regarding the embezzlement charge, the defense lawyer explained that it was demonstrated that there was no appropriation of funds by the accused at any time. “An acquittal was issued for embezzlement, which was the most severe charge, and it was concretely established, as we have maintained all along, that there was no appropriation of funds, not a single cent, by the individuals processed,” said Cruz.
After hearing the verdict, Ramírez Landaverde stated that the judges considered the arbitrary acts charge was due to the Asocambio board agreeing to purchase two vehicles and rent two properties.
Ivania Cruz, a lawyer from the Committee of Political Prisoners (Coffapes), explained that although Asocambio carried out these actions, the crime of arbitrary acts, as alleged by the judges, does not stand since it was demonstrated that the vehicles and properties were not acquired for personal use but for the benefit of penal centers.
“In my view, (the verdict) was a way to ensure something sticks because the accusing party cannot be entirely discredited,” declared Landaverde.
Former Security Minister, who had been under house arrest for two months, was released after the verdict was read. “For now, the important thing is that the truth is there, but the truth is not in the verdict; the truth lies in the process, and thank God that truth is documented, recorded, and in the public hearing documents,” he stated.
On the other hand, the former Inspector General of the Directorate of Penal Centers, Ramón Roque Mártir, was sentenced to two years in prison for arbitrary acts. Having spent two years and eight months in jail, he was also released. “I don’t think this verdict was independent. I am dissatisfied with the sentence imposed on me. I think it was not independent due to the great media and political pressure,” he declared.
In the case of the workers of the National Administration of Waterworks and Sewers (ANDA), all were acquitted of improper bribery, and the Court even apologized to the workers because the Prosecutor’s Office was unable to present a valid argument to substantiate the accusation.
“La verdad no está en el fallo, está en el proceso”, dice Ramírez Landaverde tras condena
El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a tres años de prisión al exministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde; al ex viceministro de Justicia, Antonio López y al exdirector de Centros Penales, Marcos Tulio Lima, por el delito de actos arbitrarios.
Sin embargo, el Tribunal absolvió al exministro y al exsubdirector de Centros Penales, Orlando Elías Molina Ríos, por el delito más grave que el ente fiscal les acusaba: peculado.
Por otra parte, los jueces determinaron que Ramírez Landaverde solo deberá cumplir tres meses de la pena, la cual será sustituida por trabajos de utilidad pública, debido a que ya estuvo más de dos años en prisión.
“El Tribunal emitió una condena simbólica por el delito de actos arbitrarios, digo simbólica porque inmediatamente la sustituyó por trabajo de utilidad pública, debido a que puso una sanción leve, eso quiere decir que no encontró mayor gravedad en los hechos por los que habían sido acusados”, declaró el abogado defensor, Pedro Cruz.
En cuanto al delito de peculado el abogado defensor explicó que quedó demostrado que en ningún momento hubo apropiación de fondos por parte de los acusados.
“Se decretó una sentencia absolutoria por el delito de peculado que era el delito más grave y se pudo determinar de manera concreta, como lo hemos sostenido todo este tiempo, que no hubo apropiación de fondos, de ningún centavo por parte de las personas que fueron procesadas”, dijo Cruz.
Después de escuchar el fallo, Ramírez Landaverde manifestó que los jueces consideraron que el delito de actos arbitrarios se dio porque la junta directiva de Asocambio acordó la compra de dos vehículos y el alquiler de dos inmuebles.
Ivania Cruz, abogado de Comité de Presas y Presos Políticos (Coffapes), explicó que pese a que Asocambio realizó esa acciones no se configura el delito de actos arbitrarios como alegaron los jueces, porque quedó demostrado que los vehículos y los inmuebles no fueron adquiridos para uso personal, sino en beneficio de centros penales.
“A mi manera de ver(el fallo) fue la forma de hacer ajustar para que pegara algo…porque la parte acusadora no puede quedar completamente mal”, declaró Landaverde.
El exministro de Seguridad, quien se encontraba en arresto domiciliario desde hace dos meses, quedó en libertad luego de escuchar la lectura del fallo.
“Por el momento, lo importante es que la verdad ahí está, pero ojo la verdad no está en el fallo, la verdad está en el proceso y gracias a Dios esa verdad está por escrito, está grabada y en los documentos de la vista pública” manifestó.
Por su parte, el ex inspector general de la Dirección de Centros Penales,Ramón Roque Mártir fue condenado a dos años de prisión por el delito de actos arbitrarios, debido a que pasó dos años y ocho meses en la cárcel, también quedó en libertad.
“Yo pienso que no ha sido independiente este fallo. Estoy insatisfecho con la condena que me han impuesto. Pienso que no es independiente porque ha habido una gran presión de carácter mediática, política”, declaró.
En el caso de los trabajadores de la Asociación Nacional de Acuerdos y Alcantarillados (ANDA) todos fueron absueltos por el delito cohecho impropio, incluso el Tribunal se disculpó con los trabajadores, porque la Fiscalía había sido incapaz de presentar un argumento válido para comprobar la acusación.