A long time ago, I lost count of the number of times we were told we were exaggerating when we claimed that public security in Mexico would fall under the control of military institutions. Since September 2023, we have been making this known. Currently, there are more military personnel than civilians in police tasks in Mexico, and this happened even before the reform that transferred the National Guard to Sedena and broke the historic lock that limited military institutions to functions “in strict connection with military discipline.”
We were also told we were exaggerating when we insisted on activating an external control system in the form of a specialized auditor for federal police, precisely when applause for García Luna was almost obligatory. And here we are.
Everyone has their story; ours has included thousands of alerts in all kinds of forums, media, and networks, insisting that if the fuses of accountability that allow for the control of State institutions responsible for containing and transforming violence and enforcing the law through the police and the penal system are not activated, then there will be no bottom to the nightmare of violence, crime, and impunity.
The sentence against García Luna is the paradigmatic reminder of the decay and the dominant narrative that isolates the case like a rotten apple is, once again, the confirmation that perhaps there will be no learning or change.
Today we raise a new alert: each day that passes where the entire society witnesses that armed individuals can end the lives of others without any punishment, including those who have nothing to do with armed violence or any possible criminal activity, brings us perhaps a day closer to the plunge into the most extreme punitive populism.
The table is set. Institutions do not correct themselves through sustained and profound processes of professionalization—except for exceptions—but they do accumulate powers and resources for the use of force and criminal punishment. The political class reads this well in terms of electoral profitability. The most recent impunity perception survey by the organization Impunidad Cero reports that, in 2023, almost half of the respondents (45%) believed that the level of impunity in Mexico has remained the same, while 42% think it has increased. Only 10% considered that impunity has decreased; society does not trust the authorities or the reporting process. Most people (63%) believe that the perpetrators of a crime are brought before a judge only sometimes.
But the social breeding ground for punitive populism becomes even clearer when the organization also informs us that the generalized punitive belief persists that prison is the only answer: 8 out of 10 people considered that all crimes should be punished with prison; while 7 out of 10 support that accused individuals remain in prison while it is investigated whether they are guilty. Additionally, 77% of Mexicans believe to a greater or lesser extent that solving crimes is conditional on the ability to exert political or media pressure.
On this path, nothing is coincidental; we come from the structural decay that made the García Lunas possible and would lead to what would make the Bukeles possible. Are we exaggerating?
Animal Político: https://animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/de-garcia-luna-a-bukele
De los García Luna a los Bukele
Hace mucho tiempo perdí la cuenta de las veces que nos dijeron que exagerábamos cuando afirmábamos que la seguridad pública en México quedaría bajo control de las instituciones militares. Desde septiembre del 2023 lo dimos a conocer, en este momento hay más militares que civiles en tareas policial en México y así sucedió antes incluso de la reforma que llevó a la Constitución la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena y colapsó el candado histórico que limitaba a las instituciones castrenses a realizar funciones “en estricta conexión con la disciplina militar”.
También nos dijeron que exagerábamos cuando insistíamos en activar un sistema externo de control en la forma de un auditor especializado de las policías federales, justamente cuando el aplauso a García Luna era casi obligado. Y aquí estamos.
Cada quien su historia; la nuestra ha incluido miles de alertas en todo tipo de foros, medios y redes insistiendo que, de no encenderse los fusibles de la rendición de cuentas que hagan posible el control de las instituciones del Estado, responsables de contener y transformar las violencias y de hacer cumplir la ley a través de la policía y el sistema penal, entonces no habrá fondo para la pesadilla de violencias, delincuencia e impunidad.
La sentencia contra García Luna es el recordatorio paradigmático de la descomposición y la narrativa dominante que aísla el caso a la manera de la manzana podrida es, una vez más, la confirmación de que quizá no habrá ni aprendizaje ni cambio.
Hoy nos toca levantar una nueva alerta: cada día que ante la mirada de la sociedad entera se confirma que personas armadas pueden terminar la vida de otras sin castigo alguno, incluyendo entre las víctimas a quienes nada tienen que ver con la violencia armada y con posible actividad delictiva alguna, es quizá un día más cerca del salto al más extremo populismo punitivo.
La mesa está servida. Las instituciones no se corrigen a sí mismas mediante procesos sostenidos y profundos de profesionalización -salvo excepciones-; pero sí acumulan poderes y recursos en vías de uso de la fuerza y castigo penal. Y la clase política lo tiene bien leído en clave de rentabilidad electoral. La más reciente encuesta de percepción de impunidad de la organización Impunidad Cero informa que, en 2023, casi la mitad de las personas encuestadas (45 %) opinó que el nivel de impunidad en México se ha mantenido, mientras que el 42 % cree que ha aumentado. Solo el 10 % consideró que la impunidad ha disminuido; la sociedad no tiene confianza a las autoridades ni al proceso de denuncia. La mayoría de las personas (63 %) considera que los responsables de un delito son llevados ante el juez sólo algunas veces.
Pero el caldo social de cultivo para el populismo punitivo se aclara aún más cuando esa organización nos informa además que persiste la creencia generalizada punitiva de que la cárcel es la única respuesta: 8 de cada 10 personas consideraron que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel; mientras que 7 de cada 10 respaldaron que las personas acusadas permanezcan en la cárcel mientras se investiga si son culpables. Además, el 77 % de los mexicanos considera en mayor o menor medida que el esclarecimiento de los delitos está condicionado a la capacidad de ejercer presión política o mediática.
En esta ruta nada es fortuito, venimos de la descomposición estructural que hizo posible los García Luna e iríamos a la que haría posible los Bukele. ¿Exageramos?
Animal Político: https://animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/de-garcia-luna-a-bukele