Relatives of those detained under the state of exception presented a letter on Wednesday, October 23 to the Dirección General de Centros Penales (DGCP) (General Directorate of Penal Centers), demanding the resumption of visits to penitentiary centers housing civilian inmates, meaning those who are not gang members.
The attendees stated that they have no information about their loved ones, which causes them significant concern since they do not know if they are sick, alive, or dead. They also denounced the severe malnutrition among inmates who are being released.
For the families, the suspension of visits, which has been in effect since 2020, results in detrimental lack of communication impacting both the emotional and mental health of those in prison and their families outside. It is also considered a severe violation of these individuals’ human rights.
“We are demanding compliance with the communication rights of incarcerated individuals with their families. We also demand the immediate restoration of family visits and access to updated information regarding their health and location,” asserted Sonia Vásquez of the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) (Movement of Victims of the Regime). She also pointed out that failing to provide information on health, legal status, and obstructing visits to detainees is considered cruel and inhumane treatment, as indicated by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).
Visits for Veterans as Well
Silvia Montalvo, daughter of Atilio Montalvo, a former leader of the FMLN and detained in May this year for allegedly planning an attack during the presidential inauguration, stated that they need information about his health status and the delivery of packages and money that families are sending to the detainees in prisons.
“We as families are sustaining the penitentiary,” she asserted. “There are other people with severe illnesses who have entered the penitentiary, like my father who has three terminal illnesses that are worsening day by day. We don’t want our relatives to come out in a black bag from the prisons; we need their lawyers to be allowed to visit them to inform them of their legal status,” she indicated.
The Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) (Movement of Victims of the Regime), the Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (Cofappes) (Committee of Family Members of Political Detainees), the Comité de Familiares del Régimen de Excepción del Bajo Lempa (Family Committee of the State of Exception of Bajo Lempa), families from Isla Espíritu Santo, Cuisnahuat, Chalatenango, Comasagua, Izalco, Mercedes Umaña, Santa Ana, and other places across the country were present.
They gathered to protest in front of the Penal Centers’ headquarters, denouncing the lack of information regarding the status of those detained since the state of exception began, on March 27, 2022.
Familiares de capturados arbitrariamente en régimen piden poder visitarlos en centros penales
Familiares de personas capturadas en el régimen de excepción presentaron este miércoles 23 de octubre una carta a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para exigir se permitan las visitas en los centros penitenciarios con reos civiles, es decir, que no son pandilleros.
Los presentes dijeron que no saben nada de sus seres queridos y esto les genera preocupación ya que no saben si están enfermos, vivos o muertos. Denunciaron también la grave situación de desnutrición en la que están saliendo los reos que están liberando.
Para las familias la suspensión de visitas, que data desde 2020, genera una incomunicación perjudicial para la salud emocional y mental tanto para las personas en la cárceles como a sus familias que están afuera. Además de ser una violación grave a los derechos humanos de estas personas.
“Estamos exigiendo que se cumpla la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares. También exigimos el restablecimiento inmediato a las visitas familiares y el acceso a la información actualizada sobre su salud y ubicación”, aseveró Sonia Vásquez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Además, señaló que no brindar información sobre salud, la situación jurídica y evitar las visitas a las personas privadas de libertad son considerados tratos crueles e inhumanos, según señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Visitas también para los veteranos
Silvia Montalvo, hija de Atilio Montalvo, ex dirigente del FMLN y capturado en mayo de este año por supuestamente planear un atentado para la toma de posesión presidencial, dijo que necesitan información sobre su situación de salud y la entrega de paquetes y dinero que las familias les están haciendo llegar a los detenidos y detenidas en la cárceles.
“Nosotros como familiares estamos manteniendo al centro penal”, aseveró.
“Hay otras personas enfermas gravemente enfermas que han ingresado al centro penal como el caso de mi padre que tiene tres enfermedades terminales y que cada día se le está agudizando día con día. No queremos que nuestra familiares salgan en una bolsa negra de los penales, necesitamos que les permitan que sus abogados puedan ingresar a verlos a informarles sobre su situación jurídica”, indicó.
Se hicieron presentes al lugar, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (Cofappes), el Comité de Familiares del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, familias de la Isla Espíritu Santo, Cuisnahuat, Chalatenango, Comasagua, Izalco, Mercedes Umaña, Santa Ana y otros lugares del país.
Llegaron a protestar enfrente de las instalaciones de Centros Penales denunciando la falta de información del estados de las privadas y privados de libertad que han sido capturados desde que inició el régimen de excepción ,es decir desde el 27 de marzo de 2022.