The penitentiary system released Melvin Eduardo Ortíz Cruz yesterday after Socorro Jurídico Humanitario submitted an urgent communication to the United Nations system, denouncing that the prisons were refusing to release him, despite a court ordering his immediate release 24 times.
“We are delighted to announce the release of Melvin Ortiz Cruz, an innocent young entrepreneur, who was not released despite 24 judicial release orders. Thank you to the United Nations for admitting this urgent communication process,” published the human rights organization.
Escobar confirmed that Ortiz Cruz was released days after they filed the complaint and will continue the process for the crime of illicit associations under alternative measures to imprisonment.
Ingrid Escobar, director of Socorro Jurídico Humanitario, explained that on October 9, a communication was sent to the United Nations regarding the forced disappearance of Ortiz Cruz, after the Judge 1 of the First Organised Crime Tribunal sent 24 notices, between October 2023 and September 2024, to the prisons of Izalco and Ciudad Barrios ordering his release, but all were ignored.
On March 18 of this year, the court, in a notice, ordered for the twenty-third time the director of the Izalco Penitentiary Complex to effectively comply with the release order.
The order was not heeded; subsequently, the family was informed they had to deliver the package to the Ciudad Barrios prison, so in September, the court resent the order, this time to Ciudad Barrios prison, but again received no immediate response.
With no certainty of his well-being, the family sought legal assistance from the human rights advocacy organization.
Representatives from Socorro Jurídico explained that when a prison director does not immediately comply with a release order for an inmate, they are committing at least two crimes as defined in the Penal Code.
“Anyone with a release order for their innocent detained relative can test the state institutions and report the directors of penitentiary centers refusing to comply, to the Attorney General’s office and the UN rapporteur of arbitrary detention,” they stated.
Last week, the organization directed by Escobar launched a campaign called “proof of life,” aimed at urging the government to report on the health condition of those allegedly arbitrarily detained under the state of exception.
“Thirty months into the state of exception and in the absence of communication from those prosecuted under this measure, a proof of life is demanded,” they stated.
Socorro Jurídico added that judges should order Legal Medicine to locate and medically review individuals in penitentiary centers. The authorities maintain a permanent ban on visits and information for the families of inmates.
Liberan a capturado bajo el régimen luego de 24 órdenes de libertad
El sistema penitenciario liberó ayer a Melvin Eduardo Ortíz Cruz luego que el Socorro Jurídico Humanitario presentó una comunicación urgente ante el sistema de Naciones Unidas, denunciando que los centros penales se negaban a liberarlo, pese a que un tribunal había ordenado su libertad inmediata en 24 ocasiones.
“Con mucha alegría anunciamos la libertad de Melvin Ortiz Cruz, un joven empresario inocente, que tras 24 órdenes judiciales de libertad no lo querían liberar. Gracias a las Naciones Unidas por admitirnos este proceso urgente de comunicación”, publicó esa organización defensora de derechos humanos.
Escobar confirmó que Ortiz Cruz fue liberado días después que presentaron la denuncia y seguirá el proceso por el delito de agrupaciones ilícitas bajo medidas alternas a la prisión.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, explicó que el 9 de octubre fue enviada la comunicación a Naciones Unidas por la desaparición forzada de Ortiz Cruz, luego que el Juez 1 del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, envió 24 oficios, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, a la cárcel de Izalco y Ciudad Barrios ordenando su liberación, pero todas fueron ignoradas.
El 18 de marzo de este año, en un oficio el juzgado le ordenaba por vigésima tercera vez, al director del Complejo Penitenciario de Izalco que diera efectivo cumplimiento a la orden de libertad.
La orden no fue atendida, posteriormente la familia fue informada que tenía que llevar el paquete al centro penal de Ciudad Barrios, por lo que en septiembre, el juzgado mandó nuevamente la orden, pero esta vez al penal de Ciudad Barrios, sin tampoco tener una respuesta inmediata.
La familia al no tener certeza que realmente estuviera vivo, solicitaron el apoyo jurídico de la organización defensora de derechos humanos.
Los representantes del Socorro Jurídico explicaron que cuando un director de una prisión no cumple de manera inmediata con una orden de liberación de un reo está cometiendo al menos dos delitos tipificados en el Código Penal.
“Cualquier persona que tenga una orden de libertad en favor de su familiar inocente detenido, puede poner a prueba la institucionalidad del Estado y denunciar a los directores de los centros penitenciarios que se niegan a cumplirlas, en la Fiscalía y ante la relatoría de detención arbitraria de la ONU”, aseguraron.
La organización dirigida por Escobar lanzó la semana pasada una campaña denominada “prueba de vida” que tiene como objetivo lograr que el gobierno informe sobre la condición de salud capturadas supuestamente de forma arbitraria en el régimen de excepción.
“A 30 meses del régimen de excepción y ante la falta de comunicación de las personas procesadas durante esta medida, se exige una prueba de vida”, indicaron.
El Socorro Jurídico agregó que los jueces deben ordenar a Medicina Legal la ubicación y revisión médica de las personas en centros penales. Las autoridades mantienen una prohibición permanente de visitas y de información para los familiares de los reclusos.