The Legislative Assembly approved temporary provisions allowing individuals who have acquired firearms without registering them in accordance with the law to do so without incurring any criminal liability.
These provisions, even questioned by an advisor from the Ministry of Security, were proposed by Nuevas Ideas, arguing that the population armed themselves to exercise their right to legitimate defense due to the criminal situation in the country.
However, despite this, the regulations did not undergo any technical discussion within the security commission, which only has representation from the Nuevas Ideas party. This is because, even though the commission decided to summon members of the security cabinet, none attended the commission.
The initiative was received by the legislative assembly on June 12. A day later, the commission agreed to summon the Attorney General of the Republic, the director of the National Civil Police (PNC), as well as the Ministers of Defense and Security, to gather input.
Despite this, up until now, four months later, none of the officials have attended the commission, nor was any opinion made public by the cyan lawmakers.
“If we are supposed to be in a secure environment, people shouldn’t need to have firearms. What should be done is to hand over and destroy the weapons. Why have an armed population?” stated Marcela Villatoro, a lawmaker from ARENA. On the executive side, the only known public opinion was from Ricardo Sosa, an advisor to the Ministry of Security, who criticized the provisions on September 24, stating they were “contrary” to the spirit and efforts of the Plan Control Territorial.
“What does it contribute to El Salvador that the Security and Justice Commission of the Assembly intends to issue a temporary decree to legalize irregular firearms, which citizens have hidden, acquired without complying with the law? There is no need for more firearms in the hands of the population. It’s a clear contradiction to the Plan Control Territorial strategy and a bad example from past legislatures,” tweeted Sosa in September.
Despite this, the lawmakers of Nuevas Ideas insisted on the provisions and only made a modification to the original version. This change requires individuals to carry a notarized statement declaring their intention to use the provisions. This is so that, if detained by the National Civil Police (PNC) while carrying illegal firearms, they will be taken by the authorities to the place where the process is conducted.
The provisions will last for 90 days. To register the firearms, individuals must comply with the requirements stipulated in the law regarding the control and regulation of firearms, except for presenting the purchase invoice for the weapon.
Lawmakers Caleb Navarro and Alexia Rivas (both from Nuevas Ideas) emphasized the necessity of registering these firearms so the state can monitor the weapons in circulation.
Meanwhile, lawmaker Marcela Villatoro (ARENA) questioned the initiative, believing that the focus should be on disarmament, as the government claims there is a secure environment, and the circulation of firearms poses a risk.
Asamblea Legislativa aprueba disposiciones para legalizar armas de fuego
La Asamblea Legislativa aprobó disposiciones transitorias para que personas que hayan obtenido armas y no hayan efectuado su proceso de inscripción acorde a la ley, puedan hacerlo sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad penal.
Las disposiciones, cuestionadas incluso por un asesor del Ministerio de Seguridad, fueron propuestas por Nuevas Ideas, bajo el argumento que la población se armó para ejercer su derecho de legítima defensa ante la situación de criminalidad que se vivía en el país.
Sin embargo, pese a lo anterior, la normativa no tuvo ninguna discusión técnica dentro de la comisión de seguridad, en la que únicamente hay representación del partido Nuevas Ideas.
Lo anterior, debido a que, aunque la comisión acordó que citaría a representantes del gabinete de seguridad, ninguno se presentó a la comisión.
La iniciativa fue recibida por el pleno legislativo el 12 de junio. Un día después, la comisión acordó citar al fiscal general de la República, al director de la PNC, así como a los ministros de Defensa y de Seguridad, para recabar insumos.
Pese a lo anterior, hasta esta fecha, cuatro meses después, ninguno de los funcionarios asistió a la comisión y tampoco se envió ninguna opinión que fuera hecha pública por los legisladores cian.
“Si se supone que estamos en un ambiente de seguridad, la gente no tendría por qué tener armas. Lo que debería hacerse es entregar las armas y destruirlas, ¿para qué una población armada?”. Marcela Villatoro, diputada de ARENA.
Por el lado del Ejecutivo, la única opinión pública conocida fue la que emitió el asesor del Ministerio de Seguridad Ricardo Sosa, quien, el 24 de septiembre, criticó las disposiciones e inclusive dijo que eran “contrarias” al espíritu y al trabajo del Plan Control Territorial.
“En qué abona a El Salvador que la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea pretende emitir decreto transitorio para legalizar armas irregulares, que los ciudadanos tienen en su poder ocultas, que han sido adquiridas en condiciones sin cumplir la Ley? No se necesitan más armas de fuego en poder de la población. Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial y un mal ejemplo de legislaturas anteriores”, tuiteó Sosa, en septiembre.
Pese a lo anterior, los diputados de Nuevas Ideas insistieron en las disposiciones y únicamente le hicieron una modificación a la versión original de estas. Esa modificación consiste en que las personas deben portar una declaración jurada ante notario en la que expresen que harán uso de las disposiciones. Esto, para que en caso de ser detenidos por la PNC mientras portan las armas ilegales, sean llevados por la misma autoridad hacia el lugar donde se realiza el trámite.
Las disposiciones tendrán una duración de 90 días. Para inscribir el armamento, las personas tendrán que cumplir con los requisitos contemplados en la ley de control y regulación de armas de fuego, exceptuando únicamente la presentación de la factura de pago del arma.
Los diputados Caleb Navarro y Alexia Rivas (ambos de Nuevas Ideas) señalaron la necesidad de la inscripción de estas armas para que el Estado tenga control de las armas en circulación.
Mientras, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) cuestionó la iniciativa al considerar que debería apostarse por un desarme, debido a que si el gobierno asegura que hay un ambiente de seguridad, la circulación de armas es un riesgo.