Only four human rights activities were received by students in public schools during 2023, as detailed in a report by the Plataforma de Seguridad Ciudadana (Citizen Security Platform), which represents a 97% reduction compared to 2022, when 130 activities were conducted.
For the organizations that make up the Plataforma, “prevention actions do not have a central role in current security policies” and are only focused on the “repressive side, generating short-term interventions,” such as the state of exception.
The report evaluated four thematic areas, including violence prevention, which considers the number of educational activities in schools for the promotion of human rights as one of its indicators, and this category drastically decreased in 2023.
“This is concerning because within the realm of citizen security, it is precisely how the population gets involved to reduce levels and risk factors that produce certain types of violence. Let’s remember that it’s not just the issue of homicides affecting citizen and public security, but there are other risk factors related to this,” stated Dina Martínez from the Fundación para la Aplicación del Derecho (Fespad) (Foundation for the Application of the Law).
They emphasize that although the Ministry of Education conducts activities that contribute to improving certain aspects, there are others that have been neglected, such as activities focused on conflict resolution, which would help prevent expressions of violence.
“This should be addressed, and that’s what prevention is about, which is what is being largely neglected because emphasis is being placed solely on one component,” added Martínez.
Repression is the priority, they affirm
Daniel Rodríguez, a foreign delegate from the Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) (Union of Teachers of Public Education of El Salvador), said that the issue of human rights has been sidelined because it is not something being practiced in public schools.
“In El Salvador, human rights have been lost. With what moral standing can we, as teachers, speak to students about it when they are not being implemented? Since the implementation of the state of exception, all types of rights have been lost in the country,” he asserted.
He claimed that now students have stopped being pursued by gangs and have started to “feel pursued by the police or military.”
“Students can no longer express themselves freely because they are already labeled as criminals,” Rodríguez declared.
“From the perspective of violence prevention, nothing extraordinary is identified in these security policies, and they do not have relevance in terms of ensuring security in a comprehensive way. It’s a way to ensure sustainability; its consideration allows the removal of causes that fuel criminal acts, which is why attention to territories is key. The progressive weakening of municipalities in their economic and management capacity does not contribute to citizen security, which has been occurring in recent years,” stated Nery Rivas from the Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (Anades) (New Dawn Association of El Salvador).
The report by the Plataforma de Seguridad Ciudadana also details that the Ministry of Education (Mined) “did not provide the corresponding records for school dropout rates, information that is also not available on the institution’s statistical portal.”
“The National Youth Institute was eliminated, the Salvadoran Vocational Training Institute was eliminated, and we do not have a clear public policy directed at youth, nor is there a clearly allocated budget,” pointed out Alexis Rivas from the Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade) (Center for Training and Promotion of Democracy).
Promoción de derechos humanos en escuelas disminuyó en 2023
Solo cuatro actividades sobre derechos humanos recibieron los estudiantes de centros escolares públicos durante 2023, según lo detalló un informe de la Plataforma de Seguridad Ciudadana, lo que representa una reducción del 97 % con respecto a 2022, cuando se realizaron 130 actividades.
Para las organizaciones que conforman la Plataforma, “las acciones de prevención no tienen un papel central en las políticas de seguridad actuales” y solo están enfocadas en la “parte represiva, generando intervenciones de corto alcance”, como es el caso del régimen de excepción.
En el informe se evaluaron cuatro ejes temáticos, entre ellos el de la prevención de la violencia, que contempla entre sus indicadores el número de actividades formativas en Centros Escolares para la promoción de los derechos humanos, que disminuyó drásticamente en 2023.
“Esto es preocupante, porque dentro del ámbito de la seguridad ciudadana es precisamente así cómo se involucran a la población para reducir los niveles y los factores de riesgo que producen cierto tipo de violencia. Recordemos que no solo es el tema de homicidios el que afecta la seguridad ciudadana y la seguridad pública, sino que hay otros factores de riesgo que están relacionados con eso”, aseveró Dina Martínez, de la Fundación para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Enfatizan que aunque el Ministerio de Educación realiza actividades que contribuyen a mejorar ciertos aspectos, hay otras que se han dejado de lado, como las actividades enfocadas en resolución de conflictos, que ayudarían a evitar expresiones de violencia.
“Eso tendría que atenderse y eso es lo que se hace desde la prevención, qué es lo que se está dejando muy de lado porque se está enfatizando únicamente en uno de los componentes”, agregó.
Represión es la prioridad, afirman
Daniel Rodríguez, delegado del exterior del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), dijo que el tema de derechos humanos se ha dejado de lado porque no es algo que se esté practicando en las escuelas públicas.
“En El Salvador se han perdido los derechos humanos. ¿Con qué moral nosotros los docentes les hablamos a los estudiantes, si no se están poniendo en práctica? Desde la implementación del régimen de excepción, en el país se han perdido todo tipo de derechos”, aseguró.
Aseguró que ahora los estudiantes dejaron de ser perseguidos por las pandillas y pasaron a “sentirse perseguidos por policías o militares”.
“Los estudiantes ya no pueden manifestarse libremente porque ya los tildan que son delincuentes”, declaró.
“Desde la perspectiva de la prevención de la violencia no se identifica nada extraordinario en estas políticas de seguridad y no tiene una relevancia en cuanto a garantizar la seguridad de una manera completa.Es una forma de garantizar la sostenibilidad, su consideración permite remover las causas que alimentan los hechos delictivos, por eso la atención en los territorios es clave, el debilitamiento progresivo de los municipios en su capacidad económica y de gestión no contribuye a la seguridad ciudadana que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años”, aseveró Nery Rivas, de la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (Anades).
En el informe de la Plataforma de Seguridad Ciudadana también se detalla que el Ministerio de Educación (Mined) “no entregó los registros correspondientes a deserción escolar, información que tampoco se encuentra disponible en el portal estadístico de la institución”.
“Se eliminó el Instituto Nacional de Juventud, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y no tenemos una política pública clara dirigida a las juventudes, ni un presupuesto asignado de manera clara”, señaló Alexis Rivas, del Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade).