Human rights and women’s protection organizations warn that violence against women remains prevalent in Salvadoran society and highlight that despite security rhetoric, the numbers of femicide continue to rise.
On Friday, October 11, the National Civil Police (PNC) reported a femicide in Jocoro, Morazán. The identity of the victim has not been disclosed by the authorities; however, Mauro Bernabé Quintanilla was arrested for the incident. Authorities claim he deliberately hit the victim with a vehicle, resulting in her death at a hospital.
With this incident, the Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) (Organization of Salvadoran Women for Peace) has recorded 32 femicides from January 1 to October 12 of this year. Although this is a decrease compared to previous years, it still shows that violence against women remains at high levels.
Silvia Juárez, director of Ormusa, points out that the recent femicide reveals the ongoing violence against women and stresses the need for security policies focused on prevention.
“The issue of a state facing femicidal violence cannot only be about capturing aggressors or preventing impunity, which is important, but the main goal must be to prevent deaths,” stated Juárez.
According to the violence against women observatory of Ormusa, since 2019 up until this October 2024, 647 femicides have been reported in El Salvador, with 2019 being the year with the highest number of cases, totaling 230.
Since 2021, there has been a reduction in femicide cases, with 133 reported that year, followed by 75 in 2022 and 46 in 2023.
Victims’ Partners as Aggressors
However, there is a consistent increase in the deaths of women in trust-environments like partners or ex-partners. In 2022, it was 29% (22 cases), followed by 57% in 2023, and for 2024 so far, it is 50%.
“The new femicide case highlights once again that the alerts are ineffective in this country for preventing violence against women. Despite all this security narrative and the significant decline in violent deaths, we continue to see women’s lives at lethal risk,” added Juárez.
Before the femicide on October 8, the First Peace Court of Antiguo Cuscatlán ordered pretrial detention for Pilander Vladimir Aragón Córdova, accused of aggravated femicide against Melissa Aurora Santos Vásquez, after a hearing on October 4.
Melissa’s body was found inside a residence with stab wounds. According to authorities, Pilander killed her and then attempted to take his own life.
Organizations claim that the current security policy does not address the insecurities affecting women. This continuous violence against women in a state claiming to have controlled insecurity should lead to improvements in protection subsystems since the main causes affecting security for other populations are under control.
For Angélica Rivas, from the Colectivo Feminista (Feminist Collective), the deaths of women reflect the ongoing violence in Salvadoran society, highlighting the need for prevention policies.
“There is no public policy for preventing these crimes, much less concerning the support institutions provide to victims. Criticism of the role of the Prosecutor’s Office is necessary, as women who suffer violence receive very little support. Violence remains a constant threat for women,” she stated.
Feminicidios en El Salvador suben a 32 y defensoras piden políticas de prevención
Organizaciones de derechos humanos y protección para las mujeres advierten que la violencia contra la mujer sigue latente en la sociedad salvadoreña y exponen que a pesar del discurso de seguridad, las cifras de feminicidios siguen en aumento.
El viernes 11 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un feminicidio en Jocoro, Morazán. La identidad de la víctima no ha sido proporcionada por las autoridades; por ese hecho fue capturadoMauro Bernabé Quintanilla, quien según las autoridades atropelló de manera premeditada y falleció en un hospital.
Con este hecho, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) ha registrado 32 feminicidios del 1 de enero al 12 de octubre de este año. Si bien es una reducción en relación a los datos de años previos, es una muestra que la violencia contra las mujeres todavía se mantiene en cifras altas.
Silvia Juárez, directora de Ormusa, señala que el reciente feminicidio expone la situación de violencia contra las mujeres y considera que es necesaria la implementación de políticas de seguridad que vayan en dirección de la prevención.
“El tema de un Estado frente a la violencia feminicida no puede ser la captura de los agresores o evitar favorecer la impunidad que es importante, pero la principal apuesta de un Estado frente a su ciudadanía es evitar que mueran”, expuso Juárez.
De acuerdo con el observatorio de la violencia contra las mujeres de Ormusa, desde el año 2019 a este mes de octubre de 2024 se han reportado 647 feminicidios en El Salvador, de los cuales el año 2019 fue el que más casos reportó, con 230.
Desde el año 2021 se ha dado una reducción en los feminicidios con 133, seguido de 75 (2022) y 46 (2023).
Parejas de las víctimas, los agresores
Sin embargo, lo que ha mantenido una constante a la alza son las muertes de mujeres en entornos de confianza como parejas o exparejas. En el año 2022 fue del 29 % (22 casos), seguido de 57 % en 2023 y para lo que va de 2024 es el 50 %.
“El nuevo hecho de feminicidio pone de nuevo en cuenta las alertas que no funcionan en este país para la violencia contra las mujeres. A pesar de toda esta narrativa de seguridad y el descenso importante en muertes violentas, seguimos viendo que la vida de las mujeres está en riesgo letal”, agregó Juárez.
Antes del feminicidio del 8 de octubre, el Juzgado Primero de Paz de Antiguo Cuscatlán decretó instrucción con detención provisional para Pilander Vladimir Aragón Córdova, acusado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Melissa Aurora Santos Vásquez, tras la audiencia realizada el 4 de octubre.
El cuerpo de Melissa fue encontrado al interior de una vivienda y presentaba heridas de arma blanca. De acuerdo con las autoridades, Pilander la asesinó y luego intentó quitarse la vida.
De acuerdo con las organizaciones, la política de seguridad no está impactando “en las inseguridades que afectan a las mujeres. Esta continuidad de hechos de violencia contra mujeres en un Estado, que expresa tener controlada la situaciones de inseguridades, debería promover el que se mejoren los subsistemas de protección, pues las principales causas que distraían la seguridad para otras poblaciones, está controlada”.
Para Angélica Rivas, del Colectivo Feminista, las muertes de mujeres reflejan que la violencia se mantiene en la sociedad salvadoreña y que son necesarias las políticas de prevención.
“No hay una política pública de prevención de estos delitos, menos en relación al acompañamiento que las instituciones hacen a las víctimas. Hay que hacer críticas al papel que hace la Fiscalía, porque las mujeres que sufren violencia tienen muy poco acompañamiento. La violencia sigue latente para las mujeres”, indicó.