Social and human rights organizations comprising the Platform for Citizen Security stated in a recent report that El Salvador, to date, lacks a comprehensive security policy. They argue that the current administration under the leadership of Nayib Armando Bukele has focused its efforts on repressive and punitive actions, such as those implemented under the state of exception, while neglecting other aspects like violence prevention.
“The conclusion of the report is essentially that the punitive focus, particularly through criminal actions, continues to prevail. This demonstrates that there is no comprehensive public security policy,” stated Dina Martínez, a member of the platform.
The organizations mentioned that, despite the current administration’s claims of implementing “innovative” security policies, these possess “essentially punitive” characteristics of policies pushed by post-war governments. “It would be more appropriate to speak of a continuum of militarism and authoritarianism, with particular nuances, meaning that the use of emergency powers in security policies has been adopted, governing under emergency conditions,” they noted in a statement.
This context has allowed for a declining trend in homicides, although other forms of violence persist, they said. For instance, they mentioned violence against women, which between January and December 2023 resulted in 46 femicides nationwide, according to data from the Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) (Salvadoran Women for Peace Organization). Official data only reflects the context between 2019 and 2022 due to the withholding of information characterizing the government’s management, they indicated.
The report also determined, in terms of violence prevention, an improvement in youth unemployment rates. However, from institutions like the Ministry of Education, Science and Technology, among others, the promotion of non-violent conflict resolution, human rights education, equity, and respect has diminished, highlighting that current policies do not create conditions for harmonious coexistence, social cohesion, development opportunities, and dismantlement of violence stemming from power imbalances.
In the current context, characterized by the state of exception where national and international organizations have reported serious human rights violations, the Platform for Citizen Security urged the Salvadoran State to implement security policies that do not violate human rights. Instead, they should comprehensively compensate victims, enable rehabilitation, and prioritize the social reintegration of individuals found guilty of crimes, rather than resorting to torture, isolation, and disregard for due legal process.
En El Salvador no existe una política integral de seguridad ciudadana, afirma la Plataforma de Seguridad Ciudadana
Organizaciones sociales y de derechos humanos que integran la Plataforma de Seguridad Ciudadana aseguraron en un reciente informe que El Salvador, a la fecha, no cuenta con una política integral de seguridad, puesto que la actual administración bajo la dirección de Nayib Armando Bukele ha dirigido sus esfuerzos en acciones represivas y punitivas, entre estas las enmarcadas dentro del régimen de excepción, dejando de lado otros aspectos como la prevención de la violencia.
“La conclusión del informe prácticamente es que se sigue manteniendo ese enfoque punitivo o marcado en la acción penal. Esto demuestra que no hay una política integral en materia de seguridad pública”, indicó Dina Martínez, integrante de la plataforma.
Las organizaciones se refirieron a que, a pesar de que la actual administración afirma la implementación de políticas seguridad “novedosas”, esta posee características “esencialmente punitivas” de políticas impulsadas por gobiernos en posguerra. “Sería más apropiado hablar de un continuum en el militarismo y el autoritarismo, con matices particulares, es decir, se han adoptado el uso de poderes de emergencia en las políticas de seguridad, gobernando con la emergencia”, señalaron en un comunicado.
Este contexto ha permitido que, si bien exista una tendencia a la baja de homicidios, otras formas de violencia aún continúan. dijeron. Por ejemplo, mencionaron, la violencia contra mujeres, que entre enero y diciembre de 2023 se tradujo en 46 femicidios a nivel nacional, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Datos oficiales solo retratan el contexto entre 2019 y 2022 debido a la reserva de información que ha caracterizado la gestión gubernamental, indicaron.
El informe determinó también, en materia de prevención de violencia, una mejora en tasa de desempleo juvenil, pero que, desde instituciones como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, entre otros, la promoción de la resolución de conflictos sin violencia, formación en derechos humanos, equidad, respeto, han disminuido, señalando que las políticas actuales no permiten la creación de condiciones para la sana convivencia, para la articulación social, oportunidades de desarrollo y la desarticulación de violencia derivada de diferencias de poder.
En el actual contexto, caracterizado por el régimen de excepción en donde organizaciones nacionales e internacionales han denunciado graves violaciones a derechos humanos, la Plataforma por la Seguridad Ciudadana urgió al Estado salvadoreño implementar políticas de seguridad que no vulneren los derechos humanos, y que, por el contrario, reparen integralmente a las víctimas, que permitan la rehabilitación y se priorice la reinserción social de las personas encontradas culpables de la comisión de delitos, en lugar de la tortura, la incomunicación y del desconocimiento del debido proceso legal.