Ana Mercedes García Grande, 63 years old, has been carrying in her bag the letter of freedom issued by the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) for a year.
She states that, on multiple occasions, she has approached the La Esperanza penal facility, known as “Mariona,” with this document to demand the release of her son, Ricardo Martínez.
However, to date, she has no knowledge of his health status, nor does she even know if he is still in the penal facility, as she does not know if he has been transferred and she is not provided any information.
“Every month I go to drop off his package. I spend $105 monthly,” said Ana, who is a homemaker without a stable income, thus her partner helps her pay for the cleaning, food, and other items packages.
Ana Mercedes does not know whom else to turn to, as doors and options have been closed for her to achieve her son’s freedom, who was captured on May 10, 2022. “God willing, I hope to see my son alive again, unlike other mothers who are handed over their children dead,” she commented.
Ana, along with other women who share what might be state injustices, arrived this Monday, accompanied by MOVIR, UNIDEHC, and the Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (Popular Resistance and Rebellion Bloc), at the Supreme Court of Justice (CSJ) to submit a document denouncing multiple irregularities in judicial processes.
The three organizations decided to come together on this occasion to take advantage of the appointment of the new magistrates who will be in charge of the CSJ and to denounce the hundreds of arbitrary arrests made by security agents.
They also complain that the courts against organized crime in San Salvador, Santa Ana, and San Miguel do not accept requests made by lawyers in favor of the detainees when requesting special hearings to submit evidence that the detainees are not part of criminal groups. They also point out that, upon obtaining a letter of freedom, the judicial orders for release are not being followed, constituting illegal deprivation.
Rudy Joya, an attorney from UNIDEHC, mentioned that, on multiple occasions, defense attorneys request a medical examination for detainees, but the Instituto de Medicina Legal (Institute of Legal Medicine) cannot enter the penal centers without authorization from the prison authorities, violating the right to health. “That is corruption, from the judicial realm to the administrative,” Joya noted.
Samuel Ramírez, from MOVIR, commented that the victims’ movement has information from judges and lawyers indicating that, to date, there are approximately 20,000 letters of freedom that have not been complied with by the penal centers. He also mentioned that they demand family visits.
“There is a humanitarian crisis inside the prisons,” he stated, referring to multiple cases of people who have died from illnesses inside the penal centers and others who have been released in a deplorable state of health.
Francisco Omar, from the Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, urged the new Constitutional Chamber to review the continuation of the state of exception, which has caused human rights violations for almost three years, and to verify the constitutionality of the specialized courts created under this law.
MOVIR: 20 mil cartas de libertad ignoradas en los centros penales
Ana Mercedes García Grande, de 63 años de edad, lleva un año cargando en su bolso la carta de libertad emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Comenta que, en múltiples ocasiones, se ha acercado al penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, con este documento para exigir la liberación de su hijo, Ricardo Martínez.
Sin embargo, hasta la fecha no tiene conocimiento de su estado de salud, ni siquiera sabe si aún se encuentra en el penal, ya que desconoce si ha sido trasladado y no le brindan ningún tipo de información.
“Cada mes voy a dejarle su paquete. Gasto $105 mensualmente”, comentó Ana, quien es ama de casa y no tiene un ingreso económico estable, por lo que su pareja le ayuda a pagar los paquetes de limpieza, comida y otros artículos.
Ana Mercedes no sabe a quién más recurrir, ya que le han cerrado las puertas y las opciones para lograr la libertad de su hijo, capturado el 10 de mayo de 2022. “Primero Dios, pueda volver a ver a mi hijo con vida y no como otras madres, a quienes se los entregan ya muertos”, comentó.
Ana, junto a otras mujeres que comparten lo que podría ser injusticias del Estado, llegó este lunes, acompañada del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar un escrito denunciando múltiples irregularidades en los procesos judiciales.
Las tres organizaciones decidieron reunirse en esta ocasión para aprovechar el nombramiento de los nuevos magistrados que estarán a cargo de la CSJ y denunciar las cientos de capturas arbitrarias realizadas por agentes de seguridad.
Además, denuncian que los tribunales contra el crimen organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel no aceptan las peticiones que hacen los abogados en favor de los detenidos al solicitar audiencias especiales para entregar arraigos que comprueben que los privados de libertad no forman parte de grupos delictivos. También señalan que, al obtener una carta de libertad, no se acatan las órdenes judiciales de liberación, lo que constituye una privación ilegal.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, comentó que, en múltiples ocasiones, los abogados defensores solicitan una revisión médica de los detenidos, pero que el Instituto de Medicina Legal no puede ingresar a los centros penales al no tener autorización de Centros Penales, lo que violenta el derecho a la salud. “Eso es corrupción, desde el ámbito judicial hasta el administrativo”, señaló Joya.
Samuel Ramírez, de MOVIR, comentó que el movimiento de víctimas cuenta con información de jueces y abogados que indican que, hasta la fecha, hay aproximadamente 20 mil cartas de libertad que no han sido acatadas por los centros penales. Además, mencionó que ellos exigen visitas familiares.
“Hay una crisis humanitaria dentro de las cárceles”, afirmó, refiriéndose a múltiples casos de personas que han muerto por enfermedades dentro de los centros penales y otras que han sido liberadas en un estado deplorable de salud.
Francisco Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, pidió a la nueva Sala de lo Constitucional que revise la continuidad del régimen de excepción, el cual ha generado vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de casi tres años, y que verifique la constitucionalidad de los juzgados especializados que se han creado bajo esta ley.