Pedrina left her home in the early hours from the San Francisco de Asís canton, in the San Pedro Perulapán district, Cuscatlán, hoping that someone could help her son, Ronald Antonio Aparicio Fuentes, be released from prison. He has already received two release papers, the most recent in March of this year, but the Izalco Penal Center has not complied with the judge’s order.
At Liberty Plaza in San Salvador, Pedrina queued up with dozens of relatives of detainees who came to present documentation proving their loved one’s innocence. The evidence was reviewed by lawyers providing assistance with the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) (Movement of Victims of the Regime) and the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) (Human and Community Rights Defense Unit).
“I want someone to help me. To tell me what happened, why my son isn’t being released despite having release orders,” mentioned Pedrina, who barely had a sweet bread and coffee for breakfast at the Plaza, as she had been there since 7:00 AM waiting for the arrival of lawyers who would assist her.
Ronald, who turned 27, was arrested on May 15, 2022, at his home. On September 7, 2023, he received the first release paper, and a $1,000 bail was paid in hopes he would be released; however, they were notified by the Dirección General de Centros Penales (DGCP) (General Directorate of Penal Centers) that he was recaptured after leaving prison, but the family has no evidence that he was ever freed.
“They told me he left prison, got lost in the streets, and was identified by his DUI (unique identity document), but that’s a lie because I have the DUI with me. We don’t know if he left prison. We don’t understand any of it; documents aren’t being reviewed, it’s been 29 months of detainment,” she added. On March 19, he received a new release order from the Fourth Organized Crime Tribunal, but Ronald remains in custody. The family fears the worst, as despite continuing to deliver packages, “nothing guarantees he’s there. I want to see him, know he’s alive and well. I’ve seen cases where the family paid for packages, and their relative had been dead for months,” his mother indicated.
Like her, many others approached the place to deliver documentation proving the innocence of their detained family member. If applicable, Movir will include them in a new submission of detainee files for the Presidential Commissioner for Human Rights and Freedom of Expression, Andrés Guzmán.
“I came early to present the documentation. My son is innocent, a hardworking man; they took him with lies, and I need him here by my side,” said Gladis Elizabeth del Cid, who denounces the arrest of her son, Josué Fernando Alfaro, 27 years old and a student at the University of Technology of El Salvador.
Gladis arrived hoping her son’s file could be reviewed by Commissioner Guzmán in the future and help obtain his release. Josué worked in his spare time as a driver and previously was an assistant in a warehouse in Morazán.
From different areas across the country, these people brought various evidence such as work certificates, police records, and documentation to prove their family member doesn’t belong to criminal groups.
“I come from Berlín, Usulután, to deliver this documentation, and hopefully, they can help me. We’ve knocked on the doors of all institutions, and no one helps us,” said Lucía Amaya, mother of Juan Carlos Girón, who has been in prison for 14 months.
According to Samuel Martínez, coordinator of Movir, the event was organized so people could present documentation. This organization has already submitted 87 files to Commissioner Guzmán, who has responded and requested more information.
“We’re not going to wait for the regime to act whenever it pleases to do what we need to do now. The victims can’t keep waiting in prisons; they are dying due to lack of medical care, there’s a humanitarian crisis in the penitentiary system. We call on people to bring evidence that proves their innocence 100%,” he stated.
La Plaza Libertad se llenó de familiares que exigen respeto a órdenes judiciales
Pedrina salió de madrugada de su hogar en el cantón San Francisco de Asís, del distrito de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, con la esperanza de que alguien le ayude para que su hijo, Ronald Antonio Aparicio Fuentes, pueda salir de prisión. Él ya tiene dos cartas de libertad, la última dada en marzo de este año, pero el Centro Penal de Izalco no ha cumplido con el mandato del juez.
En la Plaza Libertad de San Salvador, Pedrina hizo cola al igual que decenas de familiares de privados de libertad que llegaron para presentar documentación que comprueba la inocencia de su ser querido. Los arraigos fueron revisados por abogados que dieron asistencia con el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
“Quiero que alguien me ayude. Que me diga qué ha pasado, por qué no dejan en libertad a mi hijo a pesar de tener las órdenes de libertad”, mencionó Pedrina, quien apenas desayunó un pan dulce y un café en la Plaza, pues desde las 7:00 de la mañana estaba en el lugar a la espera de la llegada de los abogados que le darían asistencia.
Ronald, quien cumplió 27 años, fue capturado el 15 de mayo de 2022 en su casa. El 7 de septiembre de 2023 recibió la primera carta de libertad y pagaron la fianza de $1,000 con la esperanza que pudiera salir; sin embargo, recibieron notificación de parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) de que fue recapturado tras salir de prisión, pero la familia no tiene constancia de que haya sido puesto en libertad previamente.
“Me dijeron que salió del penal, que andaba perdido en las calles y que lo identificaron por su DUI, pero eso es mentira porque el DUI yo lo tengo. No sabemos si salió de prisión. No entendemos nada de eso, no es que revisen papeles, son 29 meses que está detenido”, agregó.
El 19 de marzo recibió de parte del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado una nueva orden de libertad, pero Ronald sigue bajo custodia. La familia teme lo peor, pues a pesar que siguen entregando los paquetes “nada me garantiza que esté ahí, quiero verlo, saber que está vivo, con bien. He visto casos donde la familia pagó paquetes y su familiar tenía meses de haber muerto”, indicó su madre.
Al igual que ella, muchas personas se acercaron al lugar para entregar documentación que comprueben la inocencia de su familiar detenido. Si es el caso, el Movir los incluirá en una nueva entrega de expedientes de privados de libertad para el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.
“Vine temprano para presentar la documentación. Mi hijo es inocente, un hombre trabajador, se lo llevaron con mentiras y lo necesito aquí a mi lado”, dijo Gladis Elizabeth del Cid, quien denuncia la captura de su hijo, Josué Fernando Alfaro, de 27 años de edad y estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador.
Gladis llegó con el deseo de que el expediente de su hijo pueda ser revisado por el Comisionado Guzmán en un futuro y le ayude a obtener su libertad. Josué trabajaba en su tiempo libre como motorista y antes estuvo como auxiliar de una bodega en Morazán.
De diferentes zonas del país, estas personas llevaron diferentes arraigos como constancias de trabajo, antecedentes penales y documentación para comprobar que su familiar no pertenece a grupos criminales.
“Vengo desde Berlín, Usulután, para entregar esta documentación y ojalá me puedan ayudar. Ya hemos tocado puertas de todas las instituciones y nadie nos ayuda”, indicó Lucía Amaya, madre de Juan Carlos Girón, quien tiene 14 meses en prisión.
De acuerdo con Samuel Martínez, coordinador del Movir, se organizó la jornada con el objetivo de que las personas puedan presentar documentación. Esta organización ya hizo entrega de 87 expedientes al comisionado Guzmán quien ha dado respuesta y solicitó más información.
“No vamos a esperar hasta que el régimen le ronque la gana para hacer las cosas que tenemos que hacer ya. Las víctimas no pueden estar esperando en las cárceles, se están muriendo por falta de atención médica, hay una crisis humanitaria en el sistema penitenciario. Convocamos a la gente que traiga su arraigo que comprueben su inocencia al cien por ciento”, indicó.