María Elena Pérez hasn’t seen her son, Miguel Ángel, for two years since he was arrested under the state of exception. Despite having two release orders, the Izalco Penitentiary Center refuses to comply with them.
Miguel Ángel was detained in August 2022 while at home with his family. Officers from the Policía Nacional Civil (PNC) and members of the Armed Forces of El Salvador (FAES) told him to come outside for some questions, assuring he would return soon—a promise unfulfilled.
He is married and has a minor son. A native of the Cortez settlement, Concepción canton, in Tejutla, Chalatenango, he worked as a driver. His family asserts he has no ties to gangs and implores human rights organizations and state institutions to assist him.
On Tuesday, September 24, Mrs. María traveled early from Tejutla to attend an activity of the Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) (Movement of Victims of the Regime) at Plaza Libertad in San Salvador. She brought documentation to help ensure authorities comply with the judge’s order.
“I don’t know where else to look for help, I hope I get some assistance here. I have two release letters, we paid the bail, and my son hasn’t been freed. I want someone to tell me what’s happening,” she stated. She received the first release letter on December 9, 2022, but Miguel Ángel did not leave the Izalco Penitentiary Center. A new order was issued last November, but it remains unenforced.
Furthermore, Mrs. María explained that she requested criminal background records from the Dirección General de Centros Penales (DGCP) (General Directorate of Penal Centers) but was told that they are currently not being issued.
Other families consulted by this outlet noted they experienced a similar situation and were informed they must wait 15 days for processing.
The Public Lawyer Blocked Her
After the refusal, Mrs. María sought assistance from the lawyer handling the case at the Procuraduría General de la República (PGR) (Office of the Attorney General of the Republic), only to be told he was not authorized to help, and she was subsequently blocked from contacting him.
“They refuse to give me the criminal records. The public lawyer didn’t want to help me and blocked my number. I don’t think that’s right, but he knows his reasons. I want help; I don’t know what other avenues to take,” she added. This outlet sought responses from the DGCP and PGR regarding the family’s complaints about not receiving criminal backgrounds, but by publication, there was no answer.
Samuel Ramírez, coordinator of MOVIR, stated that relatives of detainees are facing a new challenge as criminal backgrounds are presented as proof of settlement, and lacking this document hinders their ability to prove that their family member has no connection to criminal groups.
“People want to obtain their criminal records, but they’re not being provided. There’s an order, possibly from the Presidential House, to withhold these records because many individuals have no previous record, indicating that arrests are arbitrary and lack prior investigation,” said Ramírez. MOVIR conducted a documentation collection day this Tuesday, September 24, for detainees, aiming to demonstrate innocence and will later send them to the Presidential Commissioner for Human Rights and Freedom of Expression, Andrés Guzmán.
Denuncian que Centros Penales ya no entrega antecedentes a víctimas del régimen
María Elena Pérez tiene dos años de no ver a su hijo, Miguel Ángel, quien fue capturado en el marco del régimen de excepción. Él ya tiene dos órdenes de libertad, pero el Centro Penal de Izalco se niega a cumplirlas.
Miguel Ángel fue capturado en agosto de 2022 cuando estaba en su casa con su familia. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) le dijeron que saliera para unas preguntas y que pronto volvería, situación que no ocurrió.
Está casado y tiene un hijo menor de edad. Es originario del caserío Cortez, cantón Concepción, en Tejutla, Chalatenango, y trabajaba como motorista. Su familia asegura que no tiene vinculación con pandillas y pide a las organizaciones de derechos humanos e instituciones del Estado que puedan ayudarle.
Este martes 24 de septiembre doña María madrugó desde Tejutla para una actividad del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) en la Plaza Libertad de San Salvador. Llevó la documentación para que puedan ayudarle a que las autoridades cumplan con el mandato del juez.
“No sé qué medios buscar, espero que acá me ayuden. Tengo dos cartas de libertad, pagamos la fianza y no me han dado libertad a mi hijo, quiero que alguien me diga qué está pasando”, dijo.
El 9 de diciembre de 2022 recibió la primera carta de libertad, pero Miguel Ángel no salió del Centro Penal de Izalco. En noviembre del año pasado recibió una nueva orden, pero sigue sin hacerse efectiva.
Además, doña María expuso que solicitó ante la Dirección General de Centros Penales (DGCP) la entrega de antecedentes penales pero le expusieron que por el momento no se estaban dando.
Otras familias consultadas por este medio indicaron que han pasado por una situación similar y que les han dicho que deben esperar 15 días para tramitarlas.
El abogado público la bloqueó
Ante la negativa, doña María pidió ayuda al abogado que lleva el caso en la Procuraduría General de la República (PGR), pero le dijo que él no daba autorización y que desde ese momento quedaba bloqueada.
“Me niegan los antecedentes penales. El abogado público no quiso ayudarme y lo que hizo fue bloquear mi número. No creo que eso sea bueno, pero él sabe por qué lo ha hecho. Quiero que me ayuden, no sé qué medio tomar ya”, agregó.
Este medio buscó la versión de la DGCP y de la PGR acerca de las denuncias de las familias que aseguran no recibir los antecedentes penales, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Samuel Ramírez, coordinador del MOVIR, indicó que es una nueva situación que están viviendo los familiares de los privados de libertad, debido a que como arraigo presentan los antecedentes penales y el no tener ese documento les dificulta comprobar que su familiar no pertenece a grupos criminales.
“La gente quiere sacar los antecedentes penales, pero no los quieren dar. Hay una orden, no sé si de Casa Presidencial, pero han dicho que no den antecedentes penales porque mucha gente no tiene nada, lo que significa que las capturas son arbitrarias, que no había motivos para capturarlos, que no hay investigación previa”, dijo Ramírez.
El MOVIR realizó este martes 24 de septiembre una jornada de recolección de documentación para los privados de libertad, los cuales buscan demostrar la inocencia y que posteriormente serán enviados al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.