The Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) (Salvadoran Journalists Association) demanded, via a statement on social media, that the Salvadoran government “account for the revelations made by a journalistic investigation, which suggests that senior state officials agreed to set up an espionage center against journalists. The espionage particularly affects Jorge Beltrán Luna from El Diario de Hoy; and Carlos Dada, director of El Faro.”
APES’s statement to the Bukele administration argues that “an investigation by journalist Héctor Silva Ávalos, published on Sunday, September 15, in digital media Infobae and Prensa Comunitaria, exposes recordings made by the late Alejandro Muyshondt, former National Security advisor to President Nayib Bukele. Among those recordings is one with the current president of the Legislative Assembly, Ernesto Castro.”
According to APES, the investigation records that the alleged conversation between lawmaker Castro and Muyshondt “took place in August 2020, when Castro was Bukele’s private secretary. On that occasion, Muyshondt and Castro allegedly agreed to install a spying center against journalists and political opponents called ‘project C815,’ which was reportedly overseen by an operator linked to attacks against the digital outlet Factum in October 2019.”
In addition to this recent case of alleged espionage against journalists Beltrán Luna and Dada, APES recalled that “cases documented by international organizations of espionage against more than 30 journalists through the Pegasus software, which the company NSO Group only sells to governments, add to this issue. This case has been duly reported to the Office of the Attorney General of the Republic and has seen no progress for years.”
APES added that “espionage against journalists invades their personal lives, seizes information about their sources, represents an unnecessary cost for the State; and causes severe harm to those who engage in journalism professionally and independently.”
In the statement, the journalists’ group also noted that, only in 2023, it recorded an increase of more than 66% in violations against people engaged in journalism compared to 2022; and by July 2024, it had already recorded 101 aggressions, 34 of them from government officials or employees.
In light of this situation, APES demanded that the Salvadoran government account for these actions, that the Attorney General fulfill its obligations, and that the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office for the Defense of Human Rights) “document and publicly denounce this situation as part of the constant violation of the human rights of those who practice journalism” in the country.
On another note, APES reported that at least 19 journalists have reported systematic blockades by institutions and public officials on the social network X (formerly Twitter); they are representatives of media outlets like Voz Pública, El Faro, Factum, FOCOS, YSUCA, La Prensa Gráfica, Infodemia, Radio Izcanal, Revista Elementos, and this outlet, El Diario de Hoy.
APES reported that these blockages occur on the accounts of institutions like the Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) (Salvadoran Social Security Institute), Protección Civil (Civil Protection), Casa Presidencial (Presidential House), Secretaría de Prensa (Press Secretariat); ministries of Health, Environment, and Interior; and officials like lawmaker Christian Guevara, head of the Nuevas Ideas Party; and even the President of the Republic, Nayib Bukele.
APES exige a Gobierno que aclare supuesto espionaje a periodistas
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió al gobierno salvadoreño, a través de un comunicado en redes sociales, que “rinda cuentas por las revelaciones hechas por una investigación periodística, según la cual altos funcionarios del Estado habrían acordado establecer un centro de espionaje contra periodistas. El espionaje afecta especialmente a Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy; y a Carlos Dada, director de El Faro”.
El planteamiento de APES a la administración Bukele argumenta que “una investigación del periodista Héctor Silva Ávalos, publicada el domingo 15 de septiembre en los medios digitales Infobae y Prensa Comunitaria, expone grabaciones realizadas por el fallecido Alejandro Muyshondt, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Nayib Bukele. Entre esas grabaciones se encuentra una con el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro”.
La investigación mencionada, continúa APES, recoge que dicha supuesta conversación entre el diputado Castro y Muyshondt “tuvo lugar en agosto de 2020, cuando Castro era secretario privado de Bukele. En esa ocasión Muyshondt y Castro habrían acordado instalar un centro de espionaje contra periodistas y opositores políticos llamado ‘proyecto C815’, que habría estado a cargo de un operador que estaría vinculado con ataques contra el medio digital Factum en octubre de 2019”.
Además de este último caso de supuesto espionaje contra los periodistas Beltrán Luna y Dada, la APES recordó que “se suman los casos documentados por organismos internacionales de espionaje contra más de 30 periodistas mediante el software Pegasus, que la empresa NSO Group únicamente vende a los Gobiernos. Caso que ha sido debidamente denunciado ante la Fiscalía General de la República y que no presenta avances desde hace años”.
APES agregó que “el espionaje contra los y las periodistas invade las esferas privadas de sus vidas, se apropia de información sobre sus fuentes, representa un gasto innecesario para el Estado; y causa un grave daño a quienes ejercen el periodismo de manera profesional e independiente”.
En el comunicado, la gremial de periodistas también trajo a cuenta que, solo en 2023, ha registrado un incremento de más del 66% en las vulneraciones contra personas que ejercen el periodimo, en comparación con 2022; y que hasta julio de 2024, ya contabilizaba 101 agresiones, 34 de ellas provenientes de funcionarios o empleados públicos.
Ante este panorama, la APES exigió al Gobierno salvadoreño que rinda cuentas, a la Fiscalía que cumpla con sus obligaciones y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que “documente y denuncie públicamente esta situación, como parte de la constante vulneración de los derechos humanos de quienes ejercen el periodismo” en el país.
Por otro lado, la APES reportó que al menos 19 periodistas han reportado bloqueos sistemáticos por parte de instituciones y funcionarios públicos en la red social X (antes Twitter); son representantes de medios como Voz Pública, El Faro, Factum, FOCOS, YSUCA, La Prensa Gráfica, Infodemia, Radio Izcanal, Revista Elementos y este medio, El Diario de Hoy.
APES reportó que dichos bloqueos ocurren en las cuentas de instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Protección Civil, Casa Presidencial, Secretaría de Prensa; ministerios de Salud, Medio Ambiente y Gobernación; y de funcionarios como el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas; e incluso del presidente de la República, Nayib Bukele.