On the afternoon of Wednesday, September 18, about 300 employees (many of whom are of retirement age) from the Procuraduría General de la República (PGR) (Prosecutor General’s Office) were notified that their employment was terminated, and they were asked to submit a letter of voluntary resignation. The Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) (Dismissed Workers Movement) reported that they received termination notices and were asked to submit voluntary resignation letters, which must be effective before October begins. So far, the institution has not taken any public position.
A few months ago, dozens of employees from various government departments, such as the Ministry of Culture, were also dismissed. To date, those separated have not received the second installment of their severance pay, according to some of those affected.
These layoffs aim to reduce the state expenditure as part of conditions for a possible agreement with the International Monetary Fund (IMF) and financing of more than $1 billion, which would positively impact the Salvadoran economy.
In addition to the layoffs, there are plans to freeze salary increases, not open new job positions, and reduce certain subsidies, among other measures.
The government has not provided any explanation or detailed plan regarding these adjustments.
Another measure implemented is the reduction of certain subsidies, such as propane gas, which represents a significant financial outlay. The government has made cuts to gas subsidies ($35.4 million) and electricity subsidies ($15.21 million), representing 31% and 24%, respectively, of what was allocated to these items in the budget approved for 2024.
The support for municipal finances was also reduced by up to 36%, $57 million less.
However, economists consider these moves as part of a fiscal adjustment effort. Sources consulted by this outlet indicate that reducing expenses or increasing revenues by more than $1 billion over the next three years, as part of preliminary agreements between the government and the IMF, will impose doses of “bitter medicine” on the population.
Experts explain the implications of a fiscal adjustment of 3.5% of the GDP (Gross Domestic Product), which is currently on the negotiating table with the financial body, confirming that there were “preliminary agreements” on this and other discussion points to organize Salvadoran finances.
President Nayib Bukele recently informed that at the end of September, they will present the proposal for the 2025 General Budget of the Nation, which would be funded with their own funds, without the need for debt.
The Affected PGR Employees
According to those affected, all the laid-off employees at the Procuraduría are of retirement age, regardless of the functions they performed in different departments of the institution.
The secretary of MTD explained that one of the challenges facing the dismissed workers is that, being terminated in September, they will not be entitled to any end-of-year bonus, despite it being included in the annual budget.
“That is one of the somewhat unfair elements because that part of the budget, so to speak, is already budgeted… that’s why they’re making this kind of trick to make them leave early,” he explained.
Among the dismissed are lawyers, service staff, educational personnel, and legal, criminal, and labor assistance staff.
Rodríguez stated that the layoffs not only affect the workers but also the users of the PGR services, for instance, the lawyers handling cases of the state of exception.
“A lawyer handling state of exception victims sometimes has up to 100 cases under their administration, they must keep the cases updated, and the institution should decide who will take over,” he said.
The MTD publicly demanded that the authorities at the Procuraduría respect due process, job stability for workers, and immediately reinstate those who have been dismissed.
“As #MTD, we demand the head of @PGR_SV: 1. Respect for job stability and due process for all staff of the institution. 2. The immediate reinstatement of approximately 300 employees dismissed just hours ago,” they posted.
Más despidos en el Estado irían encaminados a sanear las finanzas públicas
El miércoles 18 de septiembre por la tarde, alrededor de 300 trabajadores (muchos en la edad de jubilación) de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron notificados del cese de sus funciones y les pidieron una carta de renuncia voluntaria. El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que fueron avisados de la cesación de sus labores y les solicitaron una carta de renuncia voluntaria, que debe ser efectiva en estos días antes que inicie octubre. De parte de la institución, no ha habida ninguna posición pública.
Hace algunos meses también fueron despedidos decenas de empleados de otras dependencias gubernamentales, como en el Ministerio de Cultura, a quienes – a la fecha – no les habrían pagado la segunda cuota en concepto de indemnizaciones, según denuncian algunas personas que fueron separadas .
Todos estos despidos irían encaminados a reducir la carga de gastos en el Estado, como condiciones para un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y un financiamiento de más de 1,000 millones de dólares, lo que tendría una impacto positivo en la economía salvadoreña.
Además de los despidos, se manejan el congelamiento de incrementos salariales, la no apertura de plazas nuevas y la reducción de ciertos subsidios, entre otras medidas.
Desde el Gobierno, no ha habido una explicación ningún funcionario acerca de un plan de ajustes.
Otras de las medidas que se han implementado es la reducción de ciertos subsidios, como el del gas propano, que representa un gran desembolso. Desde el Gobierno se han hecho recortes en los subsidios del gas ($35.4 millones) y de la energía eléctrica ($15.21), que representan el 31% y el 24 %, respectivamente, de lo que poseían esas partidas en el presupuesto votado para 2024.
También se disminuyeron los montos programados para el apoyo a las finanzas de las municipalidades hasta en un 36 %, $57 millones menos.
Sin embargo, los economistas consideran que esos movimiento van en la dirección de un ajuste fiscal. La fuentes que han sido consultados por este medio han señalado que una reducción de los gastos o aumento de los ingresos en más de $1,000 millones en los próximos tres años, como parte de los acuerdos previos entre el gobierno con el FMI, contraería dosis de “medicina amarga” para la población,
Los expertos explican parte de las implicaciones que tendrá para el país un ajuste fiscal del 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto) que está sobre la mesa en las negociaciones con el organismo financiero y que se confirmó que había “acuerdos preliminares” en ese y otros puntos en discusión para ordenar las finanzas salvadoreñas.
El presidente Nayib Bukele informó recientemente que a finales de septiembre presentarán la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2025, que sería financiado con fondos propios, sin necesidad de deuda.
Los afectados de la PGR
Según los afectados, los despedidos en la procuraduría son todas las personas en edad de jubilación, sin importar las funciones que realizaban en las diferentes direcciones de esa institución.
El secretario de MTD explicó que uno de los problemas que van a enfrentar los trabajadores despedidos es que, al ser cesados en el mes de septiembre, no tendrán derecho a ninguna bonificación de fin de año, pese a que ya está contemplado en el presupuesto anual.
“Ese es uno de los elementos que es un tanto injusta, porque esa parte de presupuesto, valga la redundancia, ya está presupuestado… por eso hacen ese especie de trampa para que se retiren antes”, explicó.
Entre los despedidos se encuentran abogados, personal de servicio, personal de educación, personal de asistencia legal, penal y laboral.
Rodríguez manifestó que los despidos no solo afectan a los trabajadores, sino también a los usuarios de los servicios de la PGR, por ejemplo, los abogados que llevan los casos del régimen de excepción.
“Un abogado que está viendo las víctimas del régimen de excepción, a veces tiene hasta 100 expedientes bajo su administración, debe dejar los expedientes al día y la institución debería de ver a quién se los asigna”, manifestó.
El MTD exigió públicamente a las autoridades de la Procuraduría que se respete el debido proceso, la estabilidad laboral de los trabajadores y que se reinstale de forma inmediata a las personas despedidas.
“Como #MTD exigimos al titular de la @PGR_SV: 1. El respeto a la estabilidad laboral y el debido proceso a todo el personal de la institución. 2. El inmediato reinstalo de los aproximadamente 300 empleados cesados hace unas horas.”, publicaron.