“The problem is that they don’t register the complaints. It’s like with homicides; they say there aren’t any and they count the days. Just because they don’t account for them or the media doesn’t cover them doesn’t mean they don’t exist,” Landaverde points out.
Landaverde called it worrying that in most cases, the police lie about how a person was detained. She mentioned that in police reports, almost all cases share the commonality that the detainees were seen as suspicious, intercepted, and appeared nervous, without any substantial evidence other than checking the individual’s cellphone.
“The most serious issue with cellphone evidence is when the Prosecutor’s Office accuses someone based on cellphone communications without conducting a forensic examination. Applications become outdated after six months of inactivity. If there were exchanges with alleged criminals, they can’t retrieve the information,” the lawyer reported.
Furthermore, Landaverde mentioned that part of the rights of those deprived of liberty includes the presumption of innocence, which is fundamental for the defendant’s protection. Accused or convicted individuals also have the right to visits from their lawyer and family, but this is suppressed by the current Director of Prisons under the excuse of the pandemic, a measure that was never lifted.
“Unfortunately, until this Director of Prisons arrived, this decision was made to avoid contagion from the pandemic. The director saw a business opportunity in the prohibition. It’s no secret that many families have paid up to $1,500 to see their relatives for 10 minutes… They call families and ask for things, just like letters written by a detainee for their family, but they only send photos to avoid physical evidence,” says Lucrecia Landaverde.
Finally, the lawyer mentioned that the current state has a stain of human rights violations and legal insecurity. The only resolutions linked to El Salvador are from the International Criminal Court. Although they are not binding, they are significant because they highlight the type of leadership the country has.
“No es secreto que hay muchísimas familias que han pagado al director de centros penales hasta más de 1,500 dólares para que les permitan ingresar a ver a sus familiares aunque sea solo 10 minutos”
Este lunes en Encuentro con Julio Villagrán, conducido por el antropólogo Marvin Aguilar, la abogada Lucrecia Landaverde, destacó que la narrativa del gobierno es que en El Salvador no existen violaciones a los derechos humanos, sin embargo, las denuncias de violaciones de derechos si existen, pero estas se archivan.
“El problema es que no registran las denuncias, es como los homicidios dicen que no hay y contabilizan los días. Una cosa es que no lo contabilicen o no lo registren, o que la población no se entere por lo medios, eso no quiere decir que no existan” señala Landaverde
Landaverde catálogo como preocupante, que en la mayoría de casos la policía miente en la forma que una persona fue detenida, mencionando que en las actas policiales en casi todos los casos tienen en común que los capturados se miraban sospechosos y fueron interceptados y se puso nervioso, sin tener mayores pruebas, más que la revisión del celular del individuo.
“Lo gravísimo del tema del celular, es cuando Fiscalía acusa a una persona basada en comunicaciones del celular pero no hacen peritaje informático, sucede que al paso de seis meses se desactualizan las aplicaciones por falta de uso, si tenía intercambios con supuestos criminales no pueden sustraer la información” informó la abogada.
Además, Landaverde mencionó que parte de los derechos que tienen los privados de libertad, es el principio de presunción de inocencia es elemental para la protección del procesado, también las personas procesadas o condenadas tienen derecho a las visitas del abogado y sus familiares, pero esto lo suprime el actual Director de Centros Penales, con la excusa de la pandemia, pero esta medida nunca se levantó.
“Lamentablemente hasta que llegó este Director de Centros Penales y esta decisión se toma para evitar contagios por la pandemia, el director vio un negocio en la prohibición, no es un secreto que muchas familias le han pagado hasta $1,500 dólares, para ver a sus familiares 10 minutos… Ellos les llaman a las familias y le piden cosas, al igual que cartas de algo que ha escrito un procesado para su familia, pero solo envían fotos para evitar pruebas físicas” dice, Lucrecia Landaverde.
Finalmente la abogado mencionó que el estado actual tiene una mancha en violaciones de derechos humanos e inseguridad jurídica, las únicas resoluciones que tienen vinculación a El Salvador son de La Corte Penal Internacional, aunque no son vinculantes, son importantes por que visualiza la clase de gobernante que tiene el país.