This Monday, September 16, the public hearing of the Asocambio Case continued with the testimony of two witnesses, both former employees of the Dirección General de Centros Penales (DGCP) (General Directorate of Penitentiary Centers), who explained how the money from the prison stores was managed. One of them mentioned that, daily, each prison store could collect approximately $25,000.
The first witness presented by the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office), who worked from February 24, 2016, to December 31, 2018, for the DGCP and from January 1, 2019, to August of the same year under the administration of a program called Asocambio, mentioned that the money entering the prison stores came from the relatives of inmates.
In response to defense lawyers’ questions regarding the amount of money entering each penal center, the witness mentioned it was $25,000 and that “in December, the amount could reach $100,000.”
He added that he was well acquainted with the figures and management, as he was the supervisor of the collection department of the prison stores and confirmed that while he worked there, “no official” had access to the accounts where the money was deposited.
“The money received was transferred by Sersaprosa (Servicio Salvadoreño de Protección S.A. de C.V.) personnel and deposited in bank accounts, which were in the name of the DCGP. With Asocambio, the same procedure was followed,” he indicated. In December 2018, all staff of these stores (about 300 people) were informed that they would join Asocambio to receive legal benefits since the witness mentioned that since entering the institution (2016), he had never worked under contract nor received such benefits.
Another Witness Worked in Three Prisons
Meanwhile, a witness who worked in the penitentiary centers of San Francisco Gotera, Morazán; La Esperanza Penal Center; and Ilopango Penal Center, the latter two in San Salvador, from February 24, 2016, to January 2024, agreed that the same procedure was followed.
The money received was used to acquire new products and materials made available to the inmates. She was in charge of supplying inventory, handling purchases, resource management, and supervising staff.
“Purchases were made with that same money. Everything was through the system, the companies supplying the products were already established,” she stated. Regarding audits conducted on fund management, both witnesses said they were only aware of those carried out by the DGCP itself; no external institution made any attempts in this regard.
This witness also mentioned that although the money came from private entities, which were the inmates’ relatives, once it entered a public institution, it became public funds.
In this judicial process, 21 people are being prosecuted, accused of diverting funds from the Asocambio prison stores and charged by the Prosecutor’s Office with crimes of arbitrary acts, embezzlement, improper bribery, and falseness. Among them are the former Minister of Justice and Security, Mauricio Ramírez Landaverde, the former Penal Centers Inspector Ramón Roque, the former Minister of Justice and Security Raúl Antonio López, the former Director of Penal Centers Marco Tulio Lima, and the former Legal Director of the Ministry of Justice José Roberto Nóchez.
Operated Illegally
According to former Minister Ramírez Landaverde, the statements have reaffirmed the reasons “why Asocambio was created” regarding the illegality under which previous administrations operated.
“They have ratified why Asocambio was created; it was a necessity given the illegality in which it operated, where the employees had been virtually hired by word, with no labor benefits. In other words, they acted in complete and total illegality. Asocambio was created to provide legality,” he said.
Meanwhile, Erick Ferrufino, defense attorney for Raúl Antonio López, stated after the hearing that the witnesses’ declarations reinforce what the accused have claimed, that no illegality has been committed, and that the officials had no access to these funds.
“They have confirmed that (the penitentiary stores) have always operated in the same way. The aim (with Asocambio) was to have a little more control over finances. The funds are not public; they are private, but since they enter a public institution, they must be controlled,” he indicated.
$25,000 al día ingresaban a tiendas penitenciarias, según exempleado
Este lunes 16 de septiembre continuó la vista pública del Caso Asocambio con la intervención de dos testigos, ambos extrabajadores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y quienes expusieron la forma cómo se manejaba el dinero de las tiendas penitenciarias. Uno de ellos mencionó que, a diario, cada tienda de centro penal podía recolectar un aproximado de $25,000.
El primer testigo ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), que trabajó del 24 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 para la DGCP y del 1 de enero de 2019 a agosto de ese mismo año bajo la administración del programa denominado Asocambio, mencionó que el dinero que ingresaba a las tiendas penitenciarias eran de los familiares de los privados de libertad.
Ante la pregunta de los abogados defensores sobre la cantidad de dinero que ingresaba a cada centro penal, el testigo mencionó que eran $25,000 y que “en diciembre, la cantidad puede llegar a los $100,000”.
Agregó que conocía bien las cantidades y la administración, pues era el supervisor de la colecturía de las tiendas penitenciarias y confirmó que mientras laboró ahí “ningún funcionario” tuvo acceso a las cuentas donde se depositó el dinero.
“El dinero que se recibía era trasladado por personal de Sersaprosa (Servicio Salvadoreño de Protección S.A. de C.V.) y depositado en las cuentas bancarias, las cuales estaban a nombre de la DCGP. Ya con Asocambio, se hizo el mismo procedimiento”, indicó.
En diciembre de 2018 reunieron a todo el personal de dichas tiendas (alrededor de 300 personas) y les mencionaron que pasarían a formar parte de Asocambio con el objetivo de recibir las prestaciones de ley, pues el testigo mencionó que desde su ingreso a la institución (2016) nunca trabajó por contrato, ni tuvo dichas prestaciones.
Otro testigo trabajo en tres penales
Por su parte, una testigo que laboró en los centros penales de San Francisco Gotera, Morazán; Centro Penal La Esperanza y Centro Penal de Ilopango, estos últimos en San Salvador, en el periodo del 24 de febrero de 2016 a enero de 2024, coincidió en que se realizaba el mismo procedimiento.
El dinero recibido se utilizaba para la adquisición de nuevos productos y materiales que eran puestos a disposición de los privados de libertad. Ella era encargada de abastecer el inventario, gestiones de compras, administración de recursos, supervisor personal.
“De ese mismo dinero se hacían las compras. Todo a través del sistema, ya se tenían las empresas que suministraban los productos”, indicó.
Acerca de las auditorías realizadas al manejo de los fondos, ambos testigos dijeron que solo tuvieron conocimiento de los que realizó la misma DGCP, ninguna institución ajena hizo alguna gestión al respecto.
Esta testigo también hizo mención a que, si bien el dinero provenía de entes privados que eran los familiares de los privados de libertad, al ingresar a una institución pública ya se convertía en un fondo público.
En este proceso judicial son procesados 21 personas, quienes están acusadas de desviar fondos de las tiendas penitenciarias de Asocambio y son señalados por la Fiscalía de cometer los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad. Entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, el exinspector de Centros Penales Ramón Roque, el exministro de Justicia y Seguridad Raúl Antonio López, el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima y el exdirector jurídico del Ministerio de Justicia José Roberto Nóchez.
Operaban con ilegalidad
Para el exministro Ramírez Landaverde, las declaraciones han reafirmado las razones “del por qué se creó Asocambio” en cuanto a la ilegalidad en la que operaron administraciones pasadas.
“Han ratificado por qué se creó Asocambio, era una necesidad dada la ilegalidad en la cual funcionaba, en la que los empleados habían sido contratados prácticamente de palabra, no tenían prestaciones laborales. Es decir, actuaban en la más completa y total ilegalidad. Para eso se creó Asocambio, para darle legalidad”, mencionó.
Por su parte, Erick Ferrufino, abogado defensor de Raúl Antonio López, dijo tras la audiencia que las declaraciones de los testigos refuerzan lo expuesto por los imputados en que no se ha cometido ninguna ilegalidad, ni los funcionarios tuvieron acceso a dichos fondos.
“Han venido a confirmar que (las tiendas penitenciarias) siempre han venido funcionando de la misma forma. Lo que se buscó (con Asocambio) era tener un poco más de control de las finanzas. Los fondos no son públicos, son privados, pero como ingresan a una institución pública, entonces debe llevarse un control”, indicó.