Four civil society organizations held a forum this Friday titled “Elections of Supreme Court Justices: Importance of the Electoral Process and Citizen Participation,” where professionals expressed concern over the basic nature of the interviews conducted with candidates and lamented the low expectations regarding competition and independence from political power in these elections.
The Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) (National Development Foundation), the Fundación para el Debido Proceso (DPLF) (Due Process of Law Foundation), Acción Ciudadana (Citizen Action), and the Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) (Human Rights Institute of the Central American University) organized the forum with both local and regional experts.
Francisco Díaz, a former member of the Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) (National Judiciary Council), criticized the lack of rigor in the CNJ’s selection process, starting with the publication of the list of eligible lawyers. However, he lamented that little is expected from these elections, pointing out that candidates showed a subservient attitude towards the Political Commission of the Legislative Assembly.
“We cannot expect anything from this election process. We will have more opacity, especially in the penal judicial system,” warned the expert. On Monday, September 12, the Political Commission completed interviews with the 30 candidates, and while these had a “basic” format, lawmakers could still delve deeper into the profiles, according to Jessica Estrada, coordinator of the Transparency Area at Funde.
“The lists of candidates are sent to the Assembly, and the final decision depends on them. Thus, the responsibility to investigate the profiles and their well-documented morality and competence rests entirely with the Assembly… We see very general questions that do not allow us to thoroughly understand the candidates’ capabilities and explore aspects that require having evaluation frameworks,” Estrada stated.
Díaz added that while the election is based on a list that includes individuals elected in a process administered by the Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) (Federation of Associations of Lawyers of El Salvador) and those selected by CNJ, it lacks precedents.
Estrada also pointed out that it has not yet been disclosed how the interview criteria were assessed. She highlighted that if some candidates had previously held public office, it remains unclear how it is evaluated whether they were not sanctioned and if they are up-to-date with their declarations on Probity, among other elements.
Eduardo Escobar, director of Acción Ciudadana (Citizen Action), warned that political power always seeks to control the production of laws, money, and justice.
“That’s an a-b-c of all political power; it seeks political power over the three factors. Obviously, this influence grows as we’re talking about an authoritarian government. The more authoritarian a government is, the more control it seeks over justice,” he warned.
César Fagoaga, director of Factum magazine, echoed Escobar’s sentiments, warning that the country is on the verge of having “employees of the Presidential House” as Supreme Court justices.
“There has been very little progress in the transparency of the selection process and why a candidate is suitable for the Supreme Court. Today, we see a voracity to bury justice,” Fagoaga noted.
Gabriela Mundo, senior program officer for Central America at DPLF, lamented the public’s apathy regarding this issue, reminding that justice is for everyone, regardless of the subject matter.
“Provoking discussion is how democracy is regained, and these topics should continue to be discussed despite the opacity,” Mundo emphasized.
The Legislative Assembly has until September 23 to elect one-third of the Supreme Court justices, as the period for which they were elected concludes that day, including the current president of the Judiciary, Óscar López Jerez.
Especialistas cuestionan método básico en elección de magistrados a la CSJ
Cuatro organizaciones de la sociedad civil realizaron este viernes el conversatorio “Elecciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Importancia del proceso eleccionario y de la participación ciudadana”, en el que profesionales lamentaron que se realizaron entrevistas básicas a las y los candidatos y que poco o nada se espera de estas elecciones en cuanto a competencia e independencia respecto al poder político.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Acción Ciudadana y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) organizaron el foro con expertos locales y de la región.
El exintegrante del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Francisco Díaz, analizó la poca rigurosidad del proceso de selección de aspirantes por parte del CNJ, iniciando con la divulgación del listado de abogados elegibles; pero lamentó que nada se espera de estas elecciones, pues señaló que los candidatos mantuvieron una actitud genuflexa ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
“No podemos esperar nada de este proceso de elección. Tendremos más opacidad, especialmente en el sistema judicial penal”, advirtió el experto.
Este lunes 12 de septiembre la Comisión Política culminó las entrevistas de los 30 candidatos y candidatas y si bien estas tuvieron un formato “básico”, aún los legisladores pueden profundizar en los perfiles, según explicó la coordinadora del Área de Transparencia de Funde, Jessica Estrada.
“Las listas de candidatos se trasladan a la Asamblea y depende de ellos la decisión final, entonces esa responsabilidad de indagar los perfiles y la moralidad y competencia notoria recae completamente en la Asamblea… Vemos preguntas muy generales que no permiten conocer a detalle la capacidad de estas personas e indagar en aspectos que requieren tener cuadros de evaluación”, dijo Estrada.
Díaz añadió que si bien la elección es con base a una lista que incluye las personas electas en el proceso administrado por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y las seleccionadas por CNJ, esta no tiene antecedentes.
Estrada, además, señaló que no se revela hasta ahora cómo se valoraron los insumos de las entrevistas, pues ejemplifica que si algunos de ellos ya fueron funcionarios públicos no se conoce cómo se evalúa si no fueron sancionados, si están al día con sus declaraciones en Probidad; entre otros elementos.
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que el poder político siempre busca tener controladas la producción de leyes, el dinero y la justicia.
“Ese es un a-b-c de todo poder político, busca poder político sobre los tres factores, obviamente, esta influencia se va haciendo mayor en la medida que estamos hablando de un gobierno autoritario, entre más autoritario es un gobierno más control busca tener de la justicia”, advirtió.
Coincidió con Escobar el director de la revista Factum, César Fagoaga, quien advirtió que el país está por tener “empleados de Casa Presidencial” como magistrados de la CSJ.
“Ha habido muy poco avance en la transparencia del proceso de selección y del por qué un candidato o candidata es idóneo para llegar a la CSJ. Hoy vemos una voracidad por sepultar a la justicia”, consideró Fagoaga.
Gabriela Mundo, oficial de programa senior para Centroamérica de DPLF, lamentó que exista apatía ciudadana en este tema, pues recordó que por cualquier asunto la justicia es para todas las personas.
“Provocando la discusión, así se recupera la democracia y que estos temas se sigan discutiendo a pesar de la opacidad”, señaló Mundo.
La Asamblea Legislativa tiene hasta el 23 de septiembre para elegir a un tercio de magistrados de la CSJ, pues ese día finaliza el periodo para el que fueron electos, incluyendo el actual presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez.