The international organization Nación Salvadoreña en el Exterior (NSE) (Salvadoran Nation Abroad) has called on the government to release the innocent men and women who have been unjustly imprisoned under the state of exception.
The independent entity, which brings together the diaspora residing in the United States, Mexico, Canada, Europe, and Australia, also demanded the cessation of torture and deaths in El Salvador’s prisons.
In a statement commemorating Central America’s Independence Day, the Salvadoran community abroad urged the public to “carry out acts of solidarity for the defense of human rights and the cessation of torture and the death of innocent prisoners in El Salvador on our Salvadoran Independence Day, this September 15.”
They recalled that the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), an autonomous body of the Organization of American States (OEA), published a report of more than 300 pages titled “State of Exception and Human Rights in El Salvador,” confirming that there are innocent detainees in prisons, there is a systematic practice of physical torture and sexual abuse, and there are uninvestigated murders.
The IACHR recognized reports of human rights violations including: systematic and widespread illegal and arbitrary detentions, illegal home raids, abuse of force, and violations of the rights of children and adolescents.
Of the nearly 80,000 detained under the state of exception, which suspends constitutional and judicial guarantees for the population, the government has had to release 7,000 because it could not be proven they were gang members.
The NSE highlights that this report indicates that “massive human rights violations, some considered crimes against humanity,” have been committed, whose prosecution never expires.
The IACHR has requested the repeal of the state of exception as “there is no situation justifying the continued suspension of rights and guarantees.”
The NSE condemns the Salvadoran government for “irresponsibly launching a propaganda offensive to discredit this damning report and defiantly extending the state of exception renewal on September 8.”
“The human cost of this policy is 261 adults and 4 children have died in state custody. These deaths have left at least 176 children orphaned, while the mass incarceration places an estimated 62,022 children and adolescents under 15 years old in some form of abandonment,” according to the humanitarian organization Cristosal.
The Government of El Salvador denied in July during a hearing before the IACHR that torture is carried out in the country’s prisons under the state of exception, in effect since March 2022.
The Presidential Commissioner for Human Rights and Freedom of Expression, Andrés Guzmán, denied such practices are occurring in Salvadoran prisons. “In El Salvador, in the penal centers here, there is no torture. People are not murdered here, this is not a political fight, these are not concentration camps,” Guzmán assured.
He added, “that assertion is completely false.”
Diáspora exige liberación de inocentes detenidos y cese de torturas en cárceles
La organización internacional Nación Salvadoreña en el Exterior (NSE) demandó al gobierno la libertad de los hombres y mujeres inocentes que han sido encarcelados injustamente con el régimen de excepción.
La entidad independiente, que reúne a la diáspora residente en Estados Unidos, México, Canadá, Europa y Australia, exigió además que cesen las torturas y muertes en las prisiones de El Salvador.
En un comunicado con motivo de la conmemoración de la Independencia de Centroamérica, la comunidad salvadoreña en el exterior llamó al pueblo a “realizar en nuestro día de independencia salvadoreña, este 15 de septiembre acciones, de solidaridad por la defensa de los derechos humanos y el alto a la tortura y la muerte de prisioneros inocentes en El Salvador”.
Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), OEA publicó un informe de más de 300 páginas titulado “Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador”, que confirma que en las cárceles hay detenidos inocentes, que hay una práctica sistemática de torturas físicas y abusos sexuales, que hay asesinatos sin ser investigados”.
La CIDH reconoció denuncias de violaciones de los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas, el allanamiento ilegal de moradas, abuso de la fuerza y violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
De los casi 80,000 detenidos bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y judiciales de la población, el gobierno ha tenido que liberar a 7,000 porque no se pudo probar que fueran miembros de pandillas.
LA NSE destaca que este informe señala que se han cometido “masivas violaciones a los derechos humanos, algunas consideradas como crímenes de lesa humanidad”, cuya persecución nunca caduca.
La CIDH ha solicitado que derogue el régimen de excepción dado “que no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías”.
La NSE censura que el gobierno salvadoreño, “de manera irresponsable, ha lanzado una ofensiva propagandística para desprestigiar este demoledor reporte y en forma desafiante extendió la renovación del estado de excepción el pasado 8 de septiembre”.
“El costo humano de esa política es 261 personas adultas y 4 niñas y niños han muerto bajo custodia estatal. Estas muertes a su vez han dejado al menos 176 hijas e hijos en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años”, según ha denunciado la organización humanitaria Cristosal.
El Gobierno de El Salvador negó el pasado julio, en una audiencia ante la CIDH, que en las prisiones de este país se realicen torturas contra los detenidos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, negó que en las cárceles salvadoreñas se estén dando dichas prácticas. «En El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesinan a las personas, esto no es una lucha política, no son centros de concentración», aseguró Guzmán.
Agregó que «esa aseveración es totalmente falsa».