Last Tuesday, the Social Justice and Citizen Oversight collective submitted a letter requesting a hearing with the national security and justice committee to express their opinion on proposed reforms to the penal code.
According to the collective, the Legislative Assembly returned the correspondence piece, stating that the document was sent to the wrong committee.
Roxana Cardona, lawyer and representative of the collective, received a notification yesterday, Wednesday, stating that the piece had been sent to the respective committee. The document was stamped by the defense committee, which no longer exists after the modifications made by the Legislative Assembly at the start of the new legislature.
Cardona stated, “In a democratic state governed by constitutional order, we see this return as a danger to hearing voices and positions of civil organizations knowledgeable on the issue. When penal reforms, whose target is society in general, are about to be approved, there must be a democratic exercise to listen to positions and how this would affect them.”
She added that, in the Legislative Body, where the laws governing the country are approved, “not listening to dissenting voices is a clear message that the population doesn’t matter, the debate doesn’t matter, and normalizing and legalizing not listening to a group of voters… The Assembly is becoming an entity that doesn’t listen, doesn’t dialogue, and doesn’t comply.”
Cardona said they would wait a reasonable time for a response from the Legislative Assembly, “then we will invoke the internal law with the Presidential Commissioner whose duties include: ensuring open dialogue with the civil population, and then we will invoke international law.”
For Cardona, “what happened is serious: it’s a mockery of a civil petition regarding the impact on fundamental rights. It means they restrict the right of Article 18 of the Constitution… They have violated a constitutional right: the right to direct written petitions.”
According to the article, “Every person has the right to direct written petitions, in a respectful manner, to legally established authorities; to have them resolved, and to be informed of the resolution.”
“La Asamblea se está convirtiendo en un ente que no escucha”
El pasado martes, el colectivo Justicia Social y Contraloría Ciudadana presentó una pieza de correspondencia en la que solicitaron una audiencia a la comisión de seguridad nacional y justicia para emitir opinión por la propuesta de reformas al código penal.
Según comunicó el colectivo, la Asamblea Legislativa habría devuelto la pieza de correspondencia, afirmando que la comisión a la que habrían enviado el documento no era la correcta.
Roxana Cardona, abogada y representante del colectivo, recibió, ayer miércoles, una notificación en la que se afirmaba que la pieza había sido enviada a la comisión respectiva. La pieza habría sido sellada por parte de la comisión de defensa, la cuál ya no existe luego de las modificaciones a las comisiones que realizó la Asamblea Legislativa a la entrada de la nueva legislatura.
Cardona afirmó que “en un Estado democrático y cuyo orden es Constitucional lo vemos (la devolución) como un peligro a escuchar voces y posturas de organizaciones civiles conocedores del tema. Cuando se está por aprobar reformas penales, cuyo destinatarios es la sociedad en general, debe haber un ejercicio democrático de escuchar posturas y como esto afectaría”.
Agregó que, en el hecho que en el Órgano Legislativo, en el cuál se aprueban las leyes que rigen al país, “el no escuchar voces disidentes es un mensaje claro que no importa la población, no importa el debate y se normaliza y se legaliza no escuchar una grupo de electores… La Asamblea se está convirtiendo en un ente que no escucha, no dialoga y no cumple”.
Cardona dijo que esperarán un tiempo prudencial para una respuesta por parte de la Asamblea Legislativa “luego evocaremos el derecho interno con el comisionado Presidencial cuyas funciones es: velar por violaciones mantener un diálogo abierto con la población civil y luego evocaremos el derecho internacional”.
Para Cardona “lo que paso es grave: es una burla a una petición civil por afectación a derechos fundamentales. Significa que restringen el derecho del art 18 de la Constitución… Han violado un derecho Constitucional: de dirigir las peticiones por escrito”.
Según el artículo “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”.