In recent years, the elimination of significant state institutions has become routine. So far, more than a dozen government agencies have been shut down. In this context, the Bukele administration generally follows a consistent pattern. First, the targets are institutions that provide services to vulnerable sectors of the population or that receive substantial funding from the national budget. Second, the closure of the institution is justified by the need to modernize it. Third, although it is initially announced that the institution will not vanish, a new body is later created to replace it. Fourth, in the end, the services that the closed institution provided disappear or are drastically reduced, directly affecting the individuals who benefited from them.

When the National Youth Institute (Injuve) was closed, the Directorate of Integration was created, supposedly to take over its functions. To date, there is no dedicated youth policy, even though youth represent the majority sector of the population. Something similar occurred with the closure of the Salvadoran Institute of Professional Training (Insaforp), one of the most highly regarded bodies by companies and institutions for its work in professional worker qualification. Insaforp was replaced by the National Institute of Training and Education (Incaf), about which there is no available information. Although the professional training tax continues to be collected, only a fifth of it is now theoretically allocated to professional education.

When the Economic and Social Development Fund (Fodes), which allocated 10% of the state’s total income to municipalities, was drastically reduced, the National Directorate of Municipal Works (DOM) was created to oversee municipal development, receiving most of the funds previously allocated to local governments. However, the deep inefficiency of the DOM may be the main reason for public dissatisfaction with municipal management before the reduction of municipalities. The same pattern was followed in the closure of the General Directorate of Statistics and Censuses (Digestyc), whose functions were assigned to the Central Reserve Bank, and with the National Medicines Directorate, whose tasks would be taken over by a hypothetical Superintendency of Health Regulation.

All the mentioned agencies served the population, as did the defunct Salvadoran Municipal Development Institute (Isdem), the Environmental Fund of El Salvador (Fonaes), the Salvadoran Institute for the Comprehensive Development of Children and Adolescents (ISNA), and the National Council for Children and Adolescents (Conna). There is no indication that the Executive will stop closing similarly important institutions. Following this trend, a devastating blow to the country’s future would be, for example, the closure of the Ministry of Environment and Natural Resources.

Why shut down institutions that provide essential services to the country and its people? One reason could be the precarious state of public finances; another, the desire to erase all positive traces of previous governments; and a third, meeting the International Monetary Fund’s demands for the country to receive economic bailout through loans. It is most likely that the answer to the question is a mix of all three reasons, coupled with the fact that the living conditions of the poorest populations are not a government priority. Undoubtedly, a process of dismantling social protection institutions is underway.

YSUCA: https://noticias.uca.edu.sv/editoriales/sistematico-recorte-de-la-proteccion-social

Sistemático recorte de la protección social

En los últimos años, la eliminación de importantes instituciones del Estado ha pasado a ser rutina. Hasta la fecha, más de una decena de instancias gubernamentales han sido cerradas. A este respecto, el proceder del Gobierno de Bukele suele seguir un mismo patrón. Primero, se trata de instituciones que prestan servicio a sectores vulnerables de la población o que reciben fondos significativos del presupuesto nacional. Segundo, el cierre de la institución se justifica desde la necesidad de modernizarla. Tercero, aunque en un inicio se anuncia que la institución no desaparecerá, después se crea otra instancia para sustituirla. Cuarto, finalmente los servicios que ofrecía la institución cerrada desaparecen o se reducen drásticamente, afectando de manera directa a las personas que eran beneficiadas.

Cuando se cerró el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), se creó la Dirección de Integración, que supuestamente asumiría sus funciones. Hasta el momento, no existe una política dedicada a la juventud, a pesar de que esta constituye el sector mayoritario de la población. Algo semejante sucedió con el cierre del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), una de las instancias mejor valoradas por empresas e instituciones por su labor de cualificación profesional de los trabajadores. El Insaforp fue sustituido por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), del cual no se tiene ninguna noticia. Si bien el impuesto para la formación profesional se sigue cobrando, solo una quinta parte se destina ahora, en teoría, a la formación profesional.

Cuando se redujo drásticamente el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes), que para las municipalidades disponía del 10% de los ingresos totales del Estado, se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) como encargada del desarrollo municipal, adjudicándole la mayoría de dineros que antes se destinaban a los gobiernos locales. Sin embargo, la profunda ineficacia de la DOM es quizás la principal responsable del rechazo ciudadano a la gestión de las municipalidades en el período previo a la reducción de los municipios. El mismo patrón se siguió en el cierre de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), cuyas funciones fueron asignadas al Banco Central de Reserva, y con la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas tareas asumiría una hipotética Superintendencia de Regulación Sanitaria.

Todas las mencionadas eran instituciones que servían a la población, como también lo hacían los extintos Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna). Y no hay nada que dé pie a pensar que el Ejecutivo dejará de cerrar instituciones de similar importancia. En esa línea, un golpe demoledor para el futuro del país sería, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

¿Por qué cerrar instituciones que brindan servicios importantes al país y a la población? Una razón podría ser la precariedad de las finanzas públicas; otras, el afán de borrar todo vestigio positivo de Gobiernos anteriores; y una tercera, el cumplimiento de exigencias del Fondo Monetario Internacional para que el país sea receptor de un salvataje económico vía préstamo. Lo más probable es que la respuesta a la pregunta sea una mezcla de las tres razones, con el añadido de que las condiciones de vida de la población más pobre no son prioridad del Gobierno. De lo que no cabe duda es de que está en marcha un proceso de desmontaje de las instituciones de protección social.

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