The Legislative Assembly approved the 30th extension to the state of exception, despite the Executive Branch highlighting a decrease in gang-related crimes and civil organizations denouncing arbitrary arrests.
The last decree extending the state of exception expires on September 7, prompting the government to request an extension during Tuesday’s plenary session.
As is customary for Nuevas Ideas, they swiftly introduced the Executive’s request to extend the state of exception by another 30 days, which suspends constitutional guarantees such as technical defense rights, extends administrative detention to 15 days, and suspends the inviolability of correspondence and telecommunications.
During the period of the state of exception, security forces have arrested over 81,900 people. Thousands had to be released due to lack of gang affiliation, according to human rights organizations and media reports.
The Bukele government has acknowledged on at least two occasions that due to a “margin of error,” at least 7,000 people had to be freed as no links to organized crime were found. Families argue the number of innocent individuals is higher.
Lawmaker Marcela Villatoro stated that the state of exception cannot continue indefinitely.
“We need to create a special law to regulate citizens’ rights, but also ensure that those unjustly imprisoned receive due process as established by the Constitution, without suspending their rights, which only keeps them locked up,” the lawmaker insisted.
In the August 29 Time magazine interview with President Nayib Bukele, the continuation of the state of exception was discussed. Bukele claimed they hoped to end its enforcement “as soon as possible.”
“Why don’t we remove it now? Because we are still not ready to do so, but we know it’s a state of exception and therefore hope to remove it as soon as reality on the ground allows, when we can manage without it,” Bukele told the magazine.
Villatoro emphasized that what’s important is arresting those who have committed crimes, not conducting mass arrests of individuals removed from organized crime.
Congresswoman Claudia Ortiz from the Vamos party echoed the call to stop arresting more innocents.
“We advocate for justice, a justice without margin of error: that no criminal is free or freed and no innocent person is paying for what they shouldn’t; we all want the same for the country,” Ortiz said.
U.S. officials, civil organizations, families of victims, and others have repeatedly called for alternatives to the mass incarceration resulting from the state of exception.
In the context of the state of exception, 311 people have died in state custody from March 27, 2022, to August 31 of this year, according to death cases documented by Socorro Jurídico Humanitario (Humanitarian Legal Aid).
Meanwhile, Justice and Security Minister Gustavo Villatoro confirmed that 14,500 gang members are held in the Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) (Terrorist Confinement Center), despite its capacity for 40,000, while organizations report overcrowding in other penitentiaries.
Asamblea aprueba trigésima prórroga al régimen de excepción
La Asamblea Legislativa aprobó la trigésima prórroga al régimen de excepción a pesar de que el Órgano Ejecutivo destaca baja en los crímenes por las pandillas y organizaciones civiles denuncian capturas arbitrarias.
El último decreto de prórroga del régimen de excepción vence este 7 de septiembre, por lo que el gobierno envió la petición de prórroga en la sesión plenaria de este martes.
Como es costumbre de Nuevas Ideas, mes a mes introduce de manera exprés la solicitud del Ejecutivo para extender por 30 días más el régimen de excepción, el cual suspende garantías constitucionales del derecho de defensa técnica, extiende la detención administrativa hasta 15 días y suspende la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Dentro de las acciones realizadas durante la vigencia del Régimen de Excepción por los miembros de seguridad del país se han capturado a más de 81,900 personas, de las que miles de ellas debieron ser liberadas por no contar con vinculación con las pandillas, según registros de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
El gobierno de Bukele reconoció el al menos dos ocasiones que ante la existencia de un “margen de error” han tenido que liberar a al menos unas 7,000 personas porque no se les encontró ningún vínculo con el crimen organizado. Familias señalan que el número de inocentes es superior.
La diputada Marcela Villatoro señaló que el país ya no puede continuar con el régimen de excepción.
“Tenemos que hacer una ley especial que regule los derechos de los ciudadanos, pero que también a las personas que injustamente han sido encarceladas tengan un proceso debido como lo establece la Constitución y no suspenderles sus derechos que únicamente los mantiene encerrados”, insistió la diputada.
El 29 de agosto en la entrevista que publicó la revista Time del presidente Nayib Bukele se señaló sobre la vigencia del régimen. Bukele aseguró que esperaban dejar de mantener su vigencia “en la brevedad”.
“¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos listos para quitarlo, pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno, cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción”, dijo el mandatario a la revista.
Villatoro señaló que lo importante es que se capture a quienes cumplieron delitos, no que capturen masivamente a personas alejadas del crimen organizado.
Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, coincidió en el llamado a que no se capturen a más inocentes.
“Por lo que abogamos es porque exista justicia, una justicia sin margen de error: que ningún criminal esté libre o sea libertado y que ninguna persona inocente esté pagando lo que no debe; todos queremos lo mismo para el país”, dijo Ortiz.
Funcionarios estadounidenses, organizaciones civiles, familias de víctimas y otros han solicitado en reiteradas ocasiones medidas alternativas a la encarcelación masiva que trajo el régimen de excepción.
En el contexto del régimen de excepción, un total de 311 personas han muerto bajo custodia del Estado desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de agosto de este año, según los casos de muertes documentados por el Socorro Jurídico Humanitario.
Por otra parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que en el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) están recluidos 14,500 pandilleros, pese a que el penal tiene capacidad para 40,000 y organizaciones denuncian sobrepoblación en otros centros penitenciarios.