Ivania Cruz, a lawyer and collaborator with the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) (Unit for the Defense of Human and Community Rights), submitted a document on Monday, September 2, to the First Organized Crime Court to ensure the enforcement of medical treatment for José Santos Melara, known as Pepe Melara.
The document states that the DGCP did not comply with the judge’s order to transfer Pepe to the National Rosales Hospital in San Salvador on July 26, 2024, to the endocrinology clinic for necessary medical follow-up for his health conditions.
Melara suffers from diabetes, high blood pressure, hypertriglyceridemia, and chronic sinusitis, conditions that have worsened since his arrest on May 31, 2024.
While in custody, the defendant reports ulcers on both feet and irritable bowel syndrome, which require outpatient treatment in a hospital, according to a report from the Instituto de Medicina Legal (IML) (Institute of Forensic Medicine).
In the submitted document, Unidehc requests that the DGCP and the director of the Centro Penal Preventivo y de Cumplimiento de Pena La Occidental (Preventive and Penitentiary Compliance Center La Occidental) in Santa Ana, “comply with all necessary medical appointment transfers for the benefit of the defendant.”
It also asks that prison officials be warned to “refrain from disobeying court orders, especially those designed to ensure the health and life of our clients.”
Non-compliance is a recurring issue
Ivania Cruz mentioned that secondary-level officials are not complying with orders issued by the Court and that the family has provided medication, but not all has been received.
“Pepe Melara has chronic ailments and is in a deteriorating condition. The family has reported delivering medication to the prison center, but he is receiving it in a limited manner. For example, regarding diabetes, he needs an exact dose of insulin, which he is not getting according to the doctor’s direction, nor the required treatment. We request that the Prisons comply with the medical appointment transfers and warn officials to ensure the right to life,” she stated.
The lawyer mentioned that Melara has only been to Rosales Hospital for medical tests and that a severe health deterioration has been observed. He has been seen underweight, “it is clear and evident that he is suffering due to a lack of medical attention,” she added.
Regarding the case of Luis Menjívar, another defendant, further proceedings will be undertaken to request a special hearing, together with Melara, to seek alternative measures to detention. They have currently filed an appeal with the Penal Chamber regarding his provisional detention.
Melara was arrested on May 31, alongside other veterans and excombatientes, for allegedly planning terrorist attacks during the inauguration on June 1. On June 14, the First Organized Crime Court ordered instruction with provisional detention for all defendants. They were later transferred to the penitentiary known as La Occidental.
Piden a Tribunal que ordene a Centros Penales el traslado de Pepe Melara para tratamiento médico
La abogada y colaboradora de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Ivania Cruz, presentó un oficio este lunes 2 de septiembre ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado para que se de cumplimiento al tratamiento médico de José Santos Melara, conocido como Pepe Melara.
El oficio indica que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no cumplió con la orden del juez de trasladar a Pepe al Hospital Nacional Rosales de San Salvador el día 26 de julio de 2024, al consultorio de endocrinología para su correspondiente seguimiento médico a los padecimientos que tiene.
Melara padece de diabetes, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y sinusitis crónica, situaciones que se han agravado desde su captura el 31 de mayo de este 2024.
Bajo custodia, el imputado reporta úlceras en ambos pies y síndrome de intestino irritable, lo cual requiere que sea tratado de manera ambulatoria en en un hospital, según indicaciones de un reporte del Instituto de Medicina Legal (IML).
En el oficio presentado la Unidehc pide que se ordene a la DGCP y al director del Centro Penal Preventivo y de Cumplimiento de Pena La Occidental, en Santa Ana, “cumplir con todos los traslados de las citas médicas que sean necesarios a favor del procesado”.
También que se advierta a los funcionarios de Centros Penales para que se “abstengan de incumplir órdenes judiciales, sobre todo aquellas que son para garantizar la salud y la vida de nuestros defendidos”.
Incumplimiento se repite constantemente
Ivania Cruz mencionó que los funcionarios de segundo grado no están cumpliendo con las órdenes emitidas por el Tribunal y que la familia ha dado medicamentos, pero que no se han ingresado en su totalidad.
“Pepe Melara tiene padecimientos crónicos, está en una situación de deterioro. La familia ha comunicado que ha trasladado medicamentos al centro penal y que los está recibiendo de forma limitada. Por ejemplo, en el tema de diabetes necesita una dosis exacta de insulina la cual no se le está dando de acuerdo a lo que el médico ha indicado, ni el tratamiento que debe ser. Pedimos que se ordene a Centros Penales que se de cumplimiento a los traslados de las citas médicas y se advierta a los funcionarios que se garantice el derecho a la vida”, indicó.
La abogada mencionó que Melara únicamente ha salido al Hospital Rosales para la realización de exámenes médicos y que han encontrado un deterioro grave de salud. Se le ha visto en condiciones de bajo peso “se ve y se nota que están sufriendo por el tema médico que no están siendo atendidos”, agregó.
Sobre el caso de Luis Menjívar, otro de los imputado, se realizará otras diligencias para pedir una audiencia especial, en conjunto con Melara, para pedir las medidas sustitutivas a la detención. De momento interpusieron un recurso de apelación ante la Cámara de lo Penal sobre su detención provisional.
Melara fue capturado el 31 de mayo junto a otros excombatientes y veteranos de guerra por presuntamente planificar atentados terroristas en la toma de posesión del 1 de junio. El 14 de junio, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado decretó instrucción con detención provisional a todos los imputados. Posteriormente fueron trasladados al centro penitenciario conocido como La Occidental