The Public Access to Information Unit (UAIP) of the Legislative Assembly denied all information related to the salaries assigned to public employees of the Legislative Body. Despite the outcry on social media following the leak of information revealing the salaries of collaborators for the lawmakers of Nuevas Ideas, the Assembly refuses to release the information through official channels.
This magazine requested the salary amount for each employee, detailing their file number and position information through a public access request, a tool established by the Public Access to Information Law (LAIP).
Additionally, a breakdown of employees hired by each political party and a list of advisors with their respective salaries was requested. None of this information was provided.
The UAIP justified its response by claiming that the information constitutes personal data, making it sensitive and confidential information whose disclosure could invade the privacy and violate the right to intimacy of each worker. “Sensitive information is any data deemed relevant or essential, related to the personal privacy of its holder, such as: financial information (salary), health condition,” states the institution’s response.
Last July, the hacker group CiberinteligenciaSV leaked documents exposing that among the 450 employees of Nuevas Ideas are makeup artists, models, masseuses, and former football players, according to a publication by El Diario de Hoy. Since then, the topic has trended on social media due to revelations of alleged hiring of television presenters and communication advisors with salaries of $2,000.
According to available information on the government’s Fiscal Transparency portal, there are 1,587 people working in the Assembly under contract, and 488 have positions based on the Salary Law. That report contrasts with the information leaked by CiberinteligenciaSV, detailing that there are 1,465 employees hired in this government body with varying salaries.
Another obstacle for not providing the information, highlighted in a warning regarding the request made by this magazine, is justified by Article 31 of the LAIP, which states that access to personal data is exclusive to the employee or their representative. According to the notification, access to the information requires a document with a legalized signature from each worker.
“Legitimately, with which you intend to act in the name and representation of the citizens for whom the information is requested,” the UAIP responded. This means that to comply with that requirement, this magazine would need to present signed authorizations from all 1,465 employees of the Legislative Assembly.
An Old Practice
In September 2013, the Institute of Access to Public Information sanctioned then-lawmaker from the FMLN and president of the Legislative Assembly, Sigfrido Reyes, for failing to provide the data on the payroll of advisors and declaring the information as “confidential.”
The directors, led by Reyes, appealed the case to the Contentious Chamber, which froze the request until 2015. Ultimately, the information was revealed, and it was discovered that one of Reyes’ advisors was his partner in his companies: Byron Larrazabal.
The recent controversy over budget assignments for each lawmaker arose after the Vamos party published information about a $20,000 assignment for lawmaker Claudia Ortiz’s team on its website, and after hackers leaked information about the collaborators of Nuevas Ideas on social media.
One month after the leaks and social media criticisms, unconstitutional president Nayib Bukele announced he would reduce $1,300 from each legislator, which supposedly would translate into savings of $15.3 million. There is no evidence that this presidential order is being executed, as there is no way to access institutional information, despite it being public by law.
Nine lawmakers from Nuevas Ideas published on their X accounts supposed salary certificates detailing the salaries of their collaborators. However, it was also not possible to corroborate that information with the data from the Human Resources office of the Legislative Assembly.
The Assembly manager, Franklin Nolasco, hung up when contacted for inquiries about the issue.
And this is not the only information the Assembly is withholding. The list of secrets is long. Information from the Public Procurement Unit and the Operations Management is locked away, according to the updated Index of Reserved Information until March 2024.
The terms of reference and technical specifications for the bidding processes via free management are also hidden. This order prevents information on purchase orders, offer evaluations, and the acquisition of goods and services from being available to the public.
Another piece of information kept hidden by the Assembly relates to the election of secondary officials. The files linked to this process are not available to the public.
Revista Factum: https://www.revistafactum.com/asamblea-niega-salarios/
Asamblea niega información de salarios de sus empleados
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Asamblea Legislativa negó toda la información relacionada a los salarios asignados a los empleados públicos del Órgano Legislativo. A pesar del escándalo generado en redes sociales luego de la filtración de información que mostró los salarios de los colaboradores de los diputados de Nuevas Ideas, la Asamblea se niega a liberar la información por los canales oficiales.
Esta revista pidió el monto salarial de cada empleado con el detalle de su número de expediente e información de su plaza, por medio de una solicitud de acceso a la información, una herramienta vigente de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
También se solicitó el desglose de los empleados contratados por cada partido político y la lista de asesores con sus respectivos salarios. Ninguna de esa información fue entregada.
La UAIP justificó su respuesta aduciendo que la información constituye datos personales, por lo que es información sensible y confidencial cuya divulgación puede convertirse en una invasión a la privacidad y una vulneración a derecho de la intimidad de cada trabajador. “La información sensible es toda aquella que es considerada relevante o trascendental, relacionada a la intimidad personal de su titular, por ejemplo: la información financiera (salario), la condición de salud”, consigna la respuesta de la institución.
En julio pasado, el grupo de hackers CiberinteligenciaSV filtró documentos que exponen que entre los 450 empleados de Nuevas Ideas hay maquillistas, modelos, masajistas y exfutbolistas, según una publicación de El Diario de Hoy. Desde entonces, el tema ha estado en tendencia en redes sociales por la revelación de supuestas contrataciones de presentadoras de televisión y asesores de comunicación con salarios de $2,000.
Según la información disponible en el portal gubernamental de Transparencia Fiscal, existen 1,587 personas que trabajan en la Asamblea bajo la modalidad contrato y 488 tienen plaza por Ley de Salarios. Ese reporte contrasta con la información filtrada por CiberinteligenciaSV, que detalla que en ese órgano del Estado están contratados 1,465 empleados con distintos salarios.
Otro de los obstáculos para no entregar la información, colocada en una prevención a la solicitud que hizo esta revista, se justifica en el artículo 31 de la LAIP que dice que el acceso a los datos personales es exclusivo del empleado o de su representante. Según la notificación, solo se puede acceder a la información con una firma legalizada en un documento por cada trabajador.
“Legitime con la que pretende actuar en nombre y representación de los ciudadanos de los que se requiere la información”, respondió la UAIP. Es decir, para cumplir con ese requisito esta revista debería presentar las autorizaciones firmadas de los 1,465 empleados de la Asamblea Legislativa.
Una vieja práctica
En septiembre de 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública sancionó al entonces diputado del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por no entregar los datos de las planillas de asesores y declarar la información como “confidencial”.
Los directivos, liderado por Reyes, apelaron el caso ante la Sala de lo Contencioso que congeló la petición hasta 2015. Como desenlace, la información fue revelada y gracias a eso se conoció que uno de los asesores de Reyes era su socio en sus empresas: Byron Larrazabal .
La reciente polémica por la asignación presupuestaria para cada diputado surgió luego de que el partido Vamos publicó información de la asignación de $20,000 para el equipo de la diputada Claudia Ortiz en su sitio web, y luego de que los hackers filtraran la información de los colaboradores de Nuevas Ideas en redes sociales.
Un mes después de las filtraciones y de las críticas en redes sociales, el presidente inconstitucional Nayib Bukele dijo que reduciría $1,300 a cada legislador, lo cual supuestamente se traduciría en un ahorro de $15.3 millones. No existe evidencia de que esta orden presidencial esté siendo ejecutada, pues no existe forma de acceder a la información institucional, a pesar de ser pública por ley.
Nueve diputados de Nuevas Ideas publicaron en sus cuentas de X supuestas constancias salariales que detallaban los salarios de sus colaboradores. Pero tampoco fue posible corroborar esa información con los datos de la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El gerente de la Asamblea, Franklin Nolasco, colgó cuando se le llamó para hacerle la consulta sobre el tema.
Y no es la única información que oculta la Asamblea. La lista de secretos es larga. La información de la Unidad de Compras Públicas y de la Gerencia de Operaciones está bajo llave, según revela el Índice de Información Reservada actualizado hasta marzo de 2024.
Los términos de referencia y especificaciones técnicas para los procesos de licitación por libre gestión también están ocultos. La orden evita que la información sobre las órdenes de compra, evaluación de ofertas y adquisición de bienes y servicios esté a disposición de la población.
Otra de la información escondida por la Asamblea está relacionada a la elección de funcionarios de segundo grado. Los expedientes vinculados a ese proceso no están disponibles al público.
Revista Factum: https://www.revistafactum.com/asamblea-niega-salarios/