Geovanni Antonio Aguirre López has had alternative measures to detention for over a year, but he has not been able to leave the Izalco Penal Center, according to a complaint from Socorro Jurídico Humanitario (SJH), which has already filed a habeas corpus with the Constitutional Chamber and alerted the United Nations (UN) about the situation.
Geovanni was captured on May 8, 2022, during a police operation by the Policía Nacional Civil (PNC) called “casa segura” in the El Progreso community, San Salvador. On that occasion, two agents entered his home, where his family was also present, requested identification, and told him they were taking him for investigation, warning that anyone else who interfered would also be taken.
The young man showed them his work ID from the San Salvador City Hall, where he has worked since November 3, 2016, as a technical assistant. He is also a member of the workers’ union of that municipality, according to documents provided by the city hall that this media outlet accessed.
After his detention, he was taken to the center known as El Penalito, in downtown San Salvador, and later moved to the Izalco Penal Center. On February 1, 2023, following a hearing, the First Court Against Organized Crime decreed alternative measures to detention, and on February 9, they imposed a bail payment of $300. The family made the respective payment and presented it, along with the release orders, to the penal center, but he was not freed.
The family sought support from the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), where they were informed that Geovanni had been recaptured for the same crime: illicit gatherings.
According to Jayme Magaña, a lawyer from SJH, the unionist was transferred to the La Esperanza Penitentiary, known as Mariona, and later to the Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) “without notifying any court, lawyer, or family member about the reason for his transfer.”
Habeas corpus motions were filed with the chambers in Santa Ana and Sonsonate, which reaffirmed Geovanni’s freedom.
On August 26, 2024, a new habeas corpus was filed with the Third Section Center Chamber of San Vicente to ensure personal presentation, conduct necessary forensic medical examinations to determine his health status, and decree his freedom. On August 27, 2024, SJH presented the notice to the United Nations, categorizing Geovanni as a victim of enforced disappearance, having no confirmation of his whereabouts or whether he is still alive.
Ingrid Escobar, director of SJH, added that they filed complaints with the Fiscalía General de la República (FGR) against the directors of the Izalco, Mariona, and Cecot penal centers.
“He was captured after participating in the May 1, 2022 march and not the one organized by the San Salvador City Hall. They deceived him, and then he was given release orders that were ratified. We have reported the entire chain of responsible parties to the prosecutor’s office and informed the United Nations. He is an innocent young man who is not a gang member,” mentioned Escobar.
LA PRENSA GRÁFICA consulted with the DGCP regarding the complaint that Aguirre has not been released despite having release orders; however, by the time this note was finalized, there was no response.
Denuncian que Centros Penales no libera a sindicalista que tiene orden de libertad desde febrero de 2023
Geovanni Antonio Aguirre López tiene medidas sustitutivas a la detención desde hace más de un año, pero no ha podido salir del Centro Penal de Izalco, según denuncia el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) que ya interpuso un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional y dieron avisode la situación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Geovanni fue capturado el 8 de mayo de 2022 durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) denominado casa segura en la comunidad El Progreso, San Salvador. En esa ocasión, dos agentes ingresaron a su vivienda donde estaba también su familia, le pidieron la documentación y le dijeron que se lo iban a llevar en vías de investigación, que si alguien más se metía, también se lo llevarían.
El joven les enseñó su carné de trabajo de la Alcaldía de San Salvador, donde labora desde el 3 de noviembre de 2016 con el cargo de asistente técnico. También forma parte del sindicato de trabajadores de esa municipalidad, según documentos extendidos por dicha alcaldía al que este medio tuvo acceso.
Tras su detención fue trasladado al centro conocido como El Penalito, en el centro de San Salvador y posteriormente se lo llevaron al Centro Penal de Izalco. El 1 de febrero de 2023, tras una audiencia, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado decreta medidas sustitutivas a la detención y el 9 de febrero le imponen el pago de una fianza de $300. La familia hizo el pago respectivo y lo presentó, junto a los oficios de liberación, a dicho centro penal, pero no fue liberado.
La familia buscó el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde les informaron que Geovanni fue recapturado por el mismo delito: agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con Jayme Magaña, abogada del SJH, el sindicalista fue trasladado al Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, y posteriormente al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) “sin avisarle a ningún Tribunal, abogado o la familia, la causa de su traslado”.
Se interpusieron habeas corpus ante las Cámaras de Santa Ana y Sonsonate, quienes ratificaron la libertad para Geovanni.
El 26 de agosto de 2024 se interpuso un nuevo habeas corpus ante Cámara de la Tercera Sección Centro de San Vicente para el cumplimiento de exhibición personal, se le practique los exámenes médicos forenses respectivos para determinar el estado de salud en que se encuentra y se decrete la libertad.
El 27 de agosto de 2024 el SJH presentó el aviso ante Naciones Unidas, al catalogar a Geovanni como una desaparición forzada, no tener constancia de dónde se encuentra ubicado o si aún se encuentra con vida.
Ingrid Escobar, directora del SJH, agregó que presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los directores de centros penales de Izalco, Mariona y Cecot.
“Fue capturado después de participar en la marcha del 1 de mayo de 2022 y no a la que realizó la Alcaldía de San Salvador. Lo llevaron con mentiras y después se le dan las órdenes de libertad que fueron ratificadas. Hemos denunciado ante la Fiscalía a toda la cadena de responsables e informamos ante Naciones Unidas. Es un joven inocente, que no es pandillero”, mencionó Escobar.
LA PRENSA GRÁFICA consultó con la DGCP acerca de la denuncia que no han dado libertad a Aguirre a pesar de tener órdenes de libertad; sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.