On the occasion of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, human rights organizations and families of the disappeared are urging the Salvadoran state to adopt urgent and effective measures to address this serious problem.

Among their main demands, they highlight the need to ensure comprehensive care and effective protection for the families of the victims. This includes complying with international obligations that El Salvador has under treaties and human rights standards, which require a strong and coordinated response to protect those in vulnerable situations.

They also request that the government promote public policies aimed at preventing, investigating, and eradicating the practices of enforced disappearance, both those that occurred in the past during the armed conflict and the more recent ones attributed to public security policies and activities of criminal groups. “It is crucial that these policies comprehensively address all cases of disappearance, regardless of their historical or criminal context,” they state in a statement.

Another demand is the discussion and approval in the Legislative Assembly of a Law on the Search for Missing Persons that integrates the Guiding Principles approved by the UN Committee against Enforced Disappearance in April 2019. This regulation must take into account the differentiated impacts that disappearance has on women, children, adolescents, and other populations in vulnerable situations.

“A search law is essential to ensure that investigations are exhaustive and that the specificities of each case are recognized,” according to the document.

Access to public information is also a crucial point in the demands presented. They insist on the creation of a unique and reliable registry of missing persons, which includes the opening of military and security files related to enforced disappearances that occurred during the armed conflict. “Transparency and truth are fundamental pillars for justice. Without access to information, families cannot obtain answers or close their cycles of pain,” the statement reads.

Finally, relatives and human rights organizations demand that the state address the disappearance of persons as a national challenge, requiring the committed participation of the three branches of government, the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office), and the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman). This participation must focus on the prevention, investigation, and punishment of those responsible, as well as integral reparations for the affected families.

Furthermore, they urge the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, along with the declaration of August 30 as the National Day of Victims of Enforced Disappearances in El Salvador.

Disappearances of Yesterday and Today

The International Day of the Victims of Enforced Disappearances is a date proclaimed by the United Nations General Assembly in 2010 to raise awareness of and combat this serious issue globally. In the country, the disappearance of persons has been a painful reality since the armed conflict (1970-1992), a period in which approximately 8,000 people were victims of enforced disappearances at the hands of state agents and paramilitary groups.

Although the phenomenon decreased after the signing of the Peace Accords in 1992, it has resurfaced with strength in the last two decades, affecting thousands of people. Between 2014 and 2019, the FGR received over 20,000 reports of disappearances, and between 2019 and 2022, an additional 6,443 cases were registered, of which 37.20% remain unresolved.

The situation has become particularly alarming in recent years, with a 9.9% increase in reports of missing persons between January and September 2023 compared to the same period the previous year, according to figures presented in the statement.

Revista la brújula: https://revistalabrujula.com/2024/08/30/familiares-y-organizaciones-de-derechos-humanos-demandan-justicia-en-el-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/

Familiares y organizaciones de derechos humanos demandan justicia en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones de derechos humanos y familiares de las personas desaparecidas exigen al Estado salvadoreño que adopte medidas urgentes y efectivas para enfrentar este grave problema. 

Entre sus principales demandas, señalan la necesidad de garantizar atención integral y protección efectiva de los familiares de las víctimas, esto incluye el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene El Salvador en virtud de tratados y estándares de derechos humanos, que requieren una respuesta sólida y coordinada para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, solicitan al gobierno que impulse políticas públicas orientadas a prevenir, investigar y erradicar las prácticas de desaparición forzada, tanto las que ocurrieron en el pasado durante el conflicto armado, como las más recientes atribuidas a políticas de seguridad pública y actividades de grupos criminales. «Es crucial que estas políticas aborden de manera integral todos los casos de desaparición, independientemente de su contexto histórico o criminal», afirman a través de un comunicado.

Otra de las demandas es la discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que integre los Principios Rectores aprobados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en abril de 2019. Esta normativa debe considerar los impactos diferenciados que la desaparición tiene en mujeres, niños, adolescentes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

«Una ley de búsqueda es esencial para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas y que se reconozcan las especificidades de cada caso», según el documento.

El acceso a la información pública también es un punto crucial en las demandas presentadas. Insisten en la creación de un registro único y confiable de personas desaparecidas, que incluya la apertura de archivos militares y de seguridad relacionados con las desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado. «La transparencia y la verdad son pilares fundamentales para la justicia. Sin acceso a la información, las familias no pueden obtener respuestas ni cerrar sus ciclos de dolor», según comunicado.

Finalmente, familiares y organizaciones de derechos humanos exigen que el Estado aborde la desaparición de personas como un desafío nacional, que requiera la participación comprometida de los tres Órganos de Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Esta participación debe centrarse en la prevención, investigación y sanción de los responsables, así como en la reparación integral de las familias afectadas. 

Además, se insta a la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, junto con la declaración del 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en El Salvador.

Desapariciones de ayer y hoy

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar y combatir este grave problema a nivel global. En el país, la desaparición de personas es una dolorosa realidad desde el conflicto armado (1970-1992), período en el que aproximadamente 8,000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y grupos paramilitares.

Aunque el fenómeno disminuyó tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, ha resurgido con fuerza en las últimas dos décadas, afectando a miles de personas. Entre 2014 y 2019, la FGR recibió más de 20,000 denuncias de desaparición, y entre 2019 y 2022 se registraron 6,443 casos adicionales, de los cuales un 37.20% siguen sin resolverse.

La situación se ha vuelto especialmente alarmante en los últimos años, con un aumento del 9.9% en los avisos de desaparición de personas entre enero y septiembre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras presentadas a través del comunicado.

Revista la brújula: https://revistalabrujula.com/2024/08/30/familiares-y-organizaciones-de-derechos-humanos-demandan-justicia-en-el-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/