The Ministry of Education (MINED) confirmed to suppliers that the second school uniform planned for 2024 will not be produced due to time and “money” issues. This was explained by Ana Isabel Meneses, National Coordinator of Uniform Suppliers, at the end of a meeting with Ministry authorities, where they were also informed that the first uniform for 2025 will indeed be handled by the suppliers.
However, the production of the second uniform for next year remains unconfirmed, as the Ministry “needs to prepare financially.” “In the last week of September and the first week of October, we will continue with the hiring process for 2025 (first delivery),” Meneses clarified.
The meeting, accompanied by a gathering of dozens of suppliers, took place Tuesday morning in front of the Mined facilities in San Salvador.
The gathering of suppliers is not an isolated event. Yesterday, El Diario de Hoy highlighted the severity of the situation faced by this sector. If Mined decides to cancel or reduce contracts for the production of uniforms, about 3,500 direct suppliers would be affected. Additionally, more than 20,000 employees from tailoring workshops, who rely on this work to support their families, could lose their jobs.
Among the protesters were Milba and María, two women who have worked in the same tailoring workshop in Moncagua, San Miguel, for the past 15 years since the school packages and uniforms project began.
They have dedicated much of their lives to this trade and traveled to the capital today to join the gathering, hoping the government will allow them to continue working.
The situation for these suppliers has become increasingly precarious. Many have invested in their workshops through bank loans, financing the purchase of materials and the maintenance of their machines.
However, delays in government payments and uncertainty about whether they will be awarded the work to produce the second school uniform have created a climate of desperation among small business owners.
On June 7, Mined issued a notice to suppliers, instructing them to process the necessary municipal solvency to participate in the production of the second school uniform.
Nelson Alvarenga, one of the affected suppliers, complied with this requirement and invested in obtaining the solvency, as well as in purchasing materials and maintaining his workshop.
However, since that date, he has not received any official notification about whether he will be able to carry out the work, leaving him and others in a position of great vulnerability.
Adding to the growing concern is the recent announcement that inmates in a phase of trust will begin producing school uniforms as part of the Plan Cero Ocio, an initiative promoted by Centros Penales. According to authorities, this measure would save the Central Government $56 million in 2025, but at the expense of the current suppliers’ contracts, who could be left out of the hiring process.
This announcement has heightened the fear among suppliers, who see this decision as a direct threat to their economic survival.
Some suppliers have indicated that, in addition to the issues already mentioned, they have experienced delays in payments from the Ministry of Education, which, according to established agreements, should be made within 30 days. However, several suppliers report waiting up to eight months to receive payment for uniforms delivered on time.
The uncertainty is exacerbated by the lack of clarity regarding contracts for the production of the second uniform of the year. At this point, suppliers should have signed contracts and received the necessary fabrics for production, but so far, they have received no official confirmation. In previous years, the fabric was usually delivered in August, and the garments were finished in September. This year, however, the situation is very different.
Faced with this outlook, suppliers are also facing the difficult decision of laying off employees, a measure that could severely affect thousands of families who depend on these jobs. The concern is palpable among the protesters, who feel that the weight of their debts and lack of payments places them in an unsustainable position.
On July 19, a group of supplier representatives made a public call to the Ministry of Education, requesting a clear response regarding the second delivery of uniforms. Despite being told to start preparing “as soon as possible,” the lack of communication and uncertainty has created a climate of anguish among small business owners.
Mined confirma a proveedores que no habrá segundo uniforme escolar en 2024 por falta de recursos
El Ministerio de Educación (MINED) confirmó a los proveedores que el segundo uniforme escolar programado para el año 2024 no se confeccionará debido a problemas de tiempo y de “dinero”. Así lo explicó Ana Isabel Meneses, Coordinadora Nacional de Proveedores de Uniformes, al finalizar una reunión con las autoridades del Ministerio, donde también se les informó que el primer uniforme del año 2025 sí estará a cargo de los proveedores.
Sin embargo, la confección del segundo uniforme para el próximo año sigue sin confirmarse, ya que el Ministerio “debe prepararse financieramente”. “La última semana de septiembre y la primera de octubre, vamos a seguir con la contratación para el 2025 (primera entrega)”, aclaró Meneses.
La reunión, que fue acompañada de una concentración de decenas de proveedores, se realizó la mañana de este martes frente a las instalaciones del Mined en San Salvador.
La concentración de los proveedores no es un evento aislado. Ayer, El Diario de Hoy destacó la gravedad de la situación que enfrenta este sector. Si el Mined decide cancelar o reducir los contratos para la confección de uniformes, unos 3,500 proveedores directos se verían afectados. Además, más de 20,000 empleados de talleres de confección, que dependen de este trabajo para mantener a sus familias, podrían perder sus empleos.
Entre los manifestantes se encontraban Milba y María, dos mujeres que han trabajado en el mismo taller de confección en Moncagua, San Miguel, durante los últimos 15 años, desde que comenzó el proyecto de los paquetes escolares y uniformes.
Ellas han dedicado gran parte de su vida a este oficio, y hoy viajaron a la capital para unirse a la concentración, con la esperanza de que el gobierno les permita seguir trabajando.
La situación para estos proveedores se ha vuelto cada vez más precaria. Muchos han invertido en sus talleres a través de créditos bancarios, financiando la compra de materiales y el mantenimiento de sus máquinas.
Sin embargo, los retrasos en los pagos por parte del Gobierno y la incertidumbre sobre si se les otorgará el trabajo para confeccionar el segundo uniforme del año escolar han generado un clima de desesperación entre los pequeños empresarios.
El pasado 7 de junio, el Mined emitió un aviso a los proveedores, instruyéndolos a tramitar la solvencia municipal necesaria para participar en la confección del segundo uniforme del año escolar.
Nelson Alvarenga, uno de los proveedores afectados, cumplió con este requerimiento e invirtió en la obtención de la solvencia, así como en la compra de materiales y el mantenimiento de su taller.
Sin embargo, desde esa fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre si podrá realizar el trabajo, lo que ha dejado a él y a otros en una posición de gran vulnerabilidad.
A la creciente preocupación se suma el reciente anuncio de que los reos en fase de confianza comenzarán a confeccionar los uniformes escolares como parte del Plan Cero Ocio, una iniciativa impulsada por Centros Penales. Según las autoridades, esta medida generaría un ahorro de $56 millones para el Gobierno Central en 2025, pero a costa de los contratos de los actuales proveedores, quienes podrían quedar fuera del proceso de contratación.
Este anuncio ha intensificado el temor entre los proveedores, quienes ven en esta decisión una amenaza directa a su supervivencia económica.
Algunos proveedores han señalado que, además de los problemas ya mencionados, han experimentado retrasos en los pagos por parte de Educación, los cuales, según los acuerdos establecidos, deberían realizarse en un plazo no mayor a 30 días. Sin embargo, varios proveedores denuncian que llevan hasta ocho meses esperando recibir el pago por los uniformes entregados en el tiempo estipulado.
La incertidumbre se agrava con la falta de claridad sobre los contratos para la confección del segundo uniforme del año. A estas alturas, los proveedores deberían haber firmado contratos y recibido las telas necesarias para la confección, pero hasta el momento no han recibido ninguna confirmación oficial. En años anteriores, la tela solía entregarse en agosto, y las prendas se finalizaban en septiembre. Este año, sin embargo, la situación es muy distinta.
Ante este panorama, los proveedores también enfrentan la difícil decisión de despedir empleados, una medida que podría afectar gravemente a miles de familias que dependen de estos trabajos. La preocupación es palpable entre los manifestantes, quienes sienten que el peso de sus deudas y la falta de pagos les coloca en una posición insostenible.
El pasado 19 de julio, un grupo de representantes de los proveedores hizo un llamado público al Ministerio de Educación, solicitando una respuesta clara sobre la segunda entrega de uniformes. A pesar de que se les había indicado que comenzaran a prepararse “lo antes posible”, la falta de comunicación y la incertidumbre han generado un clima de angustia entre los pequeños empresarios.