The situation in El Salvador under the state of exception, implemented by Bukele’s government, has generated various criticisms and concerns both nationally and internationally. Under this state, certain rights and liberties have been suspended with the declared objective of combating criminality, particularly gang violence. However, according to human rights organizations, there are around 22,000 innocents in Bukele’s prisons. Many have received their release orders from judges.
Here are some hypotheses on why the government might be detaining thousands of prisoners despite judicial release orders:
1. Consolidation of Power and Social Control.
Bukele’s government has shown a tendency towards centralizing power. Keeping a large number of people detained can be a way to demonstrate absolute control and power, even defying judicial decisions. This could be a tactic to dissuade any form of opposition or dissent.
2. Rigid Security Policy.
Bukele’s administration has been very emphatic in its fight against gangs. Retaining these prisoners, regardless of judicial orders, may be part of a strategy to show that the government is relentless in its security approach, aiming to maintain popular support through a hardline stance against crime.
3. Manipulation of Public Opinion.
By maintaining a high number of detentions, the government may be trying to project an image of efficacy and control in the fight against crime. This can be used to strengthen the government’s narrative that extreme measures are necessary to maintain security and order, and that the government “does not make mistakes.”
4. Corruption and Abuse of Power.
Accusations of corruption and abuse of power, particularly directed at figures like Osiris Luna, suggest that personal and economic interests may be influencing the administration of penal centers. The retention of prisoners could be related to corruption schemes within the penitentiary system and a reluctance to abandon the multimillion-dollar packages and fees business (120 million dollars annually).
5. Judicial Disobedience.
The fact that the Directorate of Penal Centers does not comply with judicial orders could reflect a deliberate attempt to undermine judicial independence. By ignoring release orders, the government and its officials might be sending a message that the executive power holds supremacy over the judiciary, a characteristic of authoritarian regimes.
6. Concealment of Crimes and Manipulation of Reality.
The cover-up of the actual number of deaths in prisons and their burial in mass graves reflects a deliberate effort by the government to avoid international scrutiny and condemnation for human rights violations. This secrecy prevents an objective assessment of the regime’s brutality and reinforces a climate of impunity. In a state of law, prisoners’ lives should be protected, not hidden to avoid accountability.
These hypotheses are an attempt to explain the complex situation in El Salvador. The lack of transparency and the concentration of power in the executive’s hands are elements that complicate the situation and make a full evaluation of the problem difficult.
Por qué la Dirección de Centros Penales, encabezada por la figura de su director, Osiris Luna, no se somete al mandato del Poder Judicial?
La situación en El Salvador bajo el régimen de excepción, implementado por el gobierno de Bukele, ha generado diversas críticas y preocupaciones a nivel nacional e internacional. Bajo este régimen, se han suspendido ciertos derechos y libertades con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, particularmente la violencia de las pandillas. No obstante, en las cárceles de Bukele hay alrededor de 22 mil inocentes, según organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Muchos de ellos tienen sus cartas de libertad emitidas por jueces.
A continuación, planteo algunas hipótesis sobre por qué el gobierno podría estar reteniendo a miles de presos a pesar de las órdenes judiciales de liberación:
1. Consolidación del Poder y Control Social.
El gobierno de Bukele ha mostrado una tendencia hacia la centralización del poder. Mantener a un gran número de personas detenidas puede ser una forma de mostrar control y poder absoluto, desafiando incluso las decisiones del poder judicial. Esto podría ser una táctica para disuadir cualquier forma de oposición o disidencia.
2. Política de Seguridad Rígida.
La administración de Bukele ha sido muy enfática en su lucha contra las pandillas. Retener a estos presos, independientemente de las órdenes judiciales, puede ser parte de una estrategia para demostrar que el gobierno es implacable en su enfoque de seguridad, buscando mantener el apoyo popular a través de una postura firme contra el crimen.
3. Manipulación de la Opinión Pública.
Al mantener un alto número de detenciones, el gobierno puede estar tratando de proyectar una imagen de eficacia y control en la lucha contra el crimen. Esto puede ser utilizado para fortalecer la narrativa gubernamental de que las medidas extremas son necesarias para mantener la seguridad y el orden, y que el gobierno «no se equivoca».
4. Corrupción y Abuso de Poder.
Las acusaciones de corrupción y abuso de poder, especialmente dirigidas hacia figuras como Osiris Luna, sugieren que intereses personales y económicos pueden estar influyendo en la administración de los centros penales. La retención de presos podría estar relacionada con esquemas de corrupción dentro del sistema penitenciario y no querer abandonar el multimillonario negocio de los paquetes y cuotas (120 millones de dólares anuales).
5. Desacato Judicial.
El hecho de que la dirección de centros penales no se someta al mandato del poder judicial podría reflejar un intento deliberado de socavar la independencia judicial. Al ignorar las órdenes de liberación, el gobierno y sus funcionarios podrían estar enviando un mensaje de que el poder ejecutivo tiene supremacía sobre el poder judicial, lo cual es característico de regímenes autoritarios.
6. Ocultamiento de Crímenes y Manipulación de la Realidad.
El encubrimiento de la cifra real de muertos en las cárceles, y su entierro en fosas comunes, refleja un esfuerzo deliberado del gobierno por evitar el escrutinio internacional y las condenas por violaciones de derechos humanos. Este secretismo impide una evaluación objetiva de la brutalidad del régimen y refuerza el clima de impunidad. En un Estado de derecho, las vidas de los prisioneros deben ser protegidas, no ocultadas para evitar responsabilidades.
Estas hipótesis son un intento de explicar la compleja situación en El Salvador. La falta de transparencia y la concentración de poder en manos del ejecutivo son elementos que complican la situación y dificultan una evaluación completa del problema.