The uncertainty over who will produce the annual uniforms for students in the country’s public schools is causing anxiety among some 3,500 suppliers. Their concern is growing because they haven’t signed contracts or received the fabric to make the second uniform. In previous years, they received the fabric in August and delivered the garments in September.
As if that burden wasn’t enough, they also carry the strain of their debts and delays in payments, and even face the difficult decision of laying off employees. Some suppliers have been waiting since last year for the government to pay for the uniforms they delivered on time, they denounce.
On July 19, a group of supplier representatives publicly called on authorities from the Ministry of Education to explain whether they would make the second delivery of uniforms, as the ministry had already told them to start preparing “as soon as possible to participate in the preparation of the second uniform for 2024.”
When that message arrived, workshop owners stocked up on materials like zippers for skirts and pants, buttons, peplum for shirt collars, threads, etc. However, no one received the documentation needed to start the process that gives the green light to begin manufacturing the clothing. Some suppliers estimate that their initial investment in supplies ranged between $1,000 to $1,500, which would allow them to start production immediately upon receiving the fabric.
“We make two uniforms a year; we did the first one in April. They called us to clear solvencies with the municipalities and the Ministry of Finance for the VAT declaration to make the second uniform, which we usually deliver before September 15, but we haven’t heard anything so far. We’re left with the expenses and debts of the supplies because the government only gives us the fabric; we buy the rest,” says Delmy Núñez, coordinator of the group of suppliers in San Miguel.
The fabric has yet to arrive at the sewing workshops, and suppliers are trying to understand what is happening. “According to rumors we’ve heard, they ordered the fabric, but since they haven’t paid for the previous batch, they aren’t releasing more,” said a supplier from the western part of the country.
Finances, Debts, Unpaid
“There is a really difficult situation because many times the Ministry of Finance sends the money to the departmental office, but if the directors haven’t brought in the necessary documentation, when one arrives, there are suppliers who have up to 15 schools; there the money went, and they send us to wait for the next deposit,” explains José Herrera, a supplier from the western part of the country. The government’s delay in paying for his services prompted him to apply for a new bank loan, putting up his house as collateral.
“When we get the contract, we can go to the bank to get a loan, using our contract as collateral. They give us up to 70% of the contract’s value, and we have a year to pay it back, but by the time we receive the check, all the money goes to interest, and we still have to return the rent to the government,” Herrera explains. He laments that “for suppliers, we’re only left with what we initially put in for production expenses because we have to pay the people who help us and cover investment costs.”
At the beginning of this program, many suppliers didn’t have enough equipment to meet the volume of uniforms the government requested, which had to be delivered within 45 to 50 days. To overcome this shortfall, the Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (National Commission of Micro and Small Enterprises; CONAMYPE) trained them on how to apply for investment loans, thereby expanding their workshops.
The school packages program includes uniforms, shoes, and supplies and was implemented by the first FMLN government in 2010. It covered pre-kindergarten to ninth grade and later included high school. The program aimed to benefit producers, micro-entrepreneurs, and artisans, while also reducing school absenteeism and dropout rates.
En vilo la entrega del segundo uniforme escolar y la continuidad del programa
La incertidumbre sobre quién elaborará los uniformes anuales que reciben los alumnos de las escuelas públicas del país angustia a unos 3,500 proveedores; cuya preocupación se incrementa porque aún no firman contratos, ni reciben las telas para hacer el segundo uniforme. En años anteriores la tela la recibían en agosto y en septiembre entregaban las prendas.
Como si el peso de lo anterior no fuese suficiente, ellos también cargan con la aflicción de sus deudas adquiridas y los atrasos en los pagos… e incluso con la difícil decisión de despedir empleados.Hay proveedores que llevan desde el año pasado esperando a que el Gobierno les pague los uniformes que entregaron en el tiempo estipulado, denuncian.
El 19 de julio pasado, un grupo de representantes de los proveedores se pronunció públicamente para pedir a las autoridades del Ministerio de Educación explicaran si realizarían la segunda entrega de uniformes, porque ellos ya habían incurrido en gastos cuando el ministerio les dijo que se comenzarán a preparar “lo antes posible para participar en la confección del segundo uniforme 2024”.
Cuando ese mensaje llegó, los dueños de talleres se abastecieron de materiales como zippers para falda y pantalón, botones, peplum para cuellos de camisas, hilos, etcétera; sin embargo nadie les recibió la documentación para iniciar el proceso que les da luz verde para iniciar la fabricación de la vestimenta, algunos proveedores, estiman que su inversión inicial en los insumos oscilaba entre $1,000 a $1,500; esto les permitía que al recibir la tela inmediatamente se empezaran a producir.
“Nosotras confeccionamos dos uniformes al año, hicimos el primero en abril. Nos llamaron para sacar solvencias de alcaldías y del Ministerio de Hacienda, por la declaración de IVA, para confeccionar el segundo uniforme que entregamos regularmente antes del 15 de septiembre, pero hasta este momento no nos han dicho nada. Nos hemos quedado con los gastos y deudas de los insumos porque el gobierno solo nos da la tela, el resto nosotros los compramos”, dice Delmy Núñez, coordinadora del grupo de proveedores de San Miguel.
La tela aún no llegó a los talleres de costura, y los proveedores tratan de encontrarle una explicación a lo que está ocurriendo.”Según rumores, que hemos escuchado, si pidieron la tela, pero como no han pagado lo anterior, no aflojan más tela”, opinó un proveedor del occidente del país.
Finanzas, deudas, impagos
“Hay una situación bien difícil porque muchas veces el Ministerio de Hacienda manda el dinero a la Departamental, pero si los directores no han llevado la documentación necesaria cuando uno llega hay proveedores que tienen hasta 15 escuelas ahí se fue el dinero y nos mandan a esperar el siguiente depósito”, explica José Herrera, uno de los proveedores del occidente del país. A él el retraso del gobierno en el pago de sus servicios lo llevó a solicitar un nuevo préstamo al banco para lo cual dejó como garantía su casa.
“Cuando agarramos el contrato podemos ir al banco a sacar un préstamo, dejando nuestro contrato con ellos; nos entregan hasta el 70% del valor del contrato, nos dan un plazo de un año para pagar, pero cuando se viene a recibir el cheque ya todo el dinero se queda en intereses, y todavía hay que devolverle al Gobierno la renta”, expone Herrera. Lamenta que “para los proveedores solo viene quedando lo que sacamos al inicio para los gastos de confección, porque se tiene que pagar la gente que nos ayuda y los costos de inversión”.
Al inicio de este programa muchos proveedores no tenían el equipo suficiente para sacar el volumen de uniformes que solicitaba el Gobierno y que debían ser entregados en un lapso de 45 a 50 días, para superar esa deficiencia la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) le capacitó sobre cómo solicitar préstamos de inversión haciendo crecer sus talleres.
El programa de paquetes escolares incluye uniformes, zapatos y útiles y fue implementado por el primer gobierno del FMLN en el 2010 y abarcaba desde parvularia a noveno grado, luego se incluyó bachillerato; el programa tenía como objetivo beneficiar a productores, microempresarios y artesanos; además de reducir el ausentismo y la deserción escolar.