Marbely Selena Medina Aguilar should not have been in prison for the past 15 months, as in mid-May 2023, the judge overseeing her case ordered the Directorate of Penal Centers (DGCP), headed by Osiris Luna Meza, to release her under certain conditions.

However, this week she faced her second hearing. Her mother, Reyna Aguilar, found out because a video featuring Marbely circulated on TikTok. Reyna does not know if her daughter is aware that Genesis, the baby she spent the first months of incarceration with, died of pneumonia in May 2023, right around the days when a judge determined that the young woman should be released.

Marbely was arrested on August 22, 2022, at her home by police who knew her and her family well, who had no ties to gangs. After the arrest, Genesis spent the first six months in the same prison with her mother until Reyna managed to get her released, but Genesis was already very ill, and despite Reyna’s best efforts, the baby died on May 17, 2023.

Marvin Alexis Díaz Lozano, a native of a rural area in Santa Elena, Usulután, died in late July this year, a few weeks after being released. During his time in prison, he developed lung cancer, tuberculosis, and diarrhea. He was released after images of him in a hospital bed looking emaciated went viral on social media.

According to his mother, her son had a release order for over a year, but the Directorate of Penal Centers refused to release him until his health deteriorated severely.

Like Marbely and Marvin, El Diario de Hoy has learned of many other people whose families have reported that despite having release orders, the state refuses to comply, thus violating their right to freedom and committing the crime of contempt.

U.S. Sets Deadline for Report Submission

Last Monday, it emerged that the United States government, through the Human Rights Officer of its embassy in El Salvador, has requested a report from the Supreme Court of Justice (CSJ) on people who remain in prison despite a judicial order for their release.

In an official letter numbered SGKR 439-2024, dated August 9 of this year and signed by the Secretary-General of the CSJ, Julia del Cid, the Tribunals of Sentencing of the Republic are requested to provide the aforementioned information.

“The courts are required to report the number of cases in which the Directorate General of Penal Centers has not complied with issued release orders; if affirmative, they must report the situation or the status of the case, attaching copies of the supporting documents,” the document states.

For some time now, various organizations such as the Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (Humanitarian Legal Aid) (SJH), and Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) have made multiple public complaints about the non-compliance of Penal Centers in releasing people who were captured under the state of exception on charges of gang affiliation, but whose release has been ordered by judges.

Moisés Ramírez, representative of MOVIR, explains that the request made by the U.S. Embassy is the result of constant complaints from national and international human rights organizations regarding Osiris Luna’s negligence in releasing people whose freedom has been ordered by judges overseeing their cases.

Ramírez hinted at his hope that other governments, through their embassies, would pay attention to the constant human rights violations suffered by many people imprisoned by the Salvadoran state.

“It is a very serious issue that there are people with release orders who are not being freed. Any action from a country or organization in favor of the victims is welcome,” he affirmed.

Although he clarified that they do not have official documents, Ramírez considers that there could be around a thousand people who have release orders and are not freed due to the whim of Penal Centers.

For Ivania Ramos, from UNIDEHC, the detention of individuals even when they have release orders has been reported many times. “It is a fact that it was important to make public due to the concern about the lack of compliance by second-tier officials; this cannot be normalized; officials cannot come and not comply with an order; they are committing a crime…,” she detailed.

“All embassies should adopt this position,” Cruz commented regarding the request from the human rights officer of the U.S. Embassy in El Salvador.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/corte-suprema-director-de-centros-penales-estados-unidos-osiris-luna-regimen-excepcion-familiares-detenidos-/1161754/2024/

Estados Unidos solicita informe de personas encarceladas pese a tener orden de libertad

Marbely Selena Medina Aguilar no tendría que estar en prisión desde hace 15 meses, porque a mediados de mayo del 2023, el juez que conoce su proceso judicial ordenó a la Dirección de Centros Penales (DGCP), cuyo titular es Osiris Luna Meza, que la pusiera en libertad bajo medidas.

Sin embargo, esta semana enfrentó la segunda audiencia. Su madre, Reyna Aguilar se enteró porque en TikTok circuló un vídeo en el que aparece Marbely. Reyna no sabe si su hija tiene conocimiento que Génesis, la bebé con quien pasó los primeros meses encarcelada, murió de neumonía en mayo del 2023, justo en los mismos días cuando un juez determinó que la joven debía ser puesta en libertad.

Marbely fue capturada el 22 de agosto de 2022, en su casa de habitación por policías que la conocían muy bien a ella y su familia, que no tenían vínculos con pandillas. Tras el arresto, Genesis pasó los primeros seis meses en la misma prisión con su madre, hasta que Reyna logró que se la entregaran, pero ya iba muy enferma, y a pesar de que hizo cuanto pudo, la bebé murió el 17 de mayo de 2023.

Marvin Alexis Díaz Lozano, originario de una zona rural de Santa Elena, Usulután, murió a finales de julio de este año, a pocas semanas de haber sido liberado, en el tiempo que estuvo en la cárcel desarrolló  cáncer en los pulmones, tuberculosis y diarrea. Lo liberaron luego de que en redes sociales se viralizaron imágenes suyas en las que aparecía en una cama de hospital en estado cadavérico.

De acuerdo con su madre, su hijo tenía orden de libertad desde hacía más de un año, pero la Dirección de Centros Penales se negó a ponerlo en libertad, hasta que el estado de salud del joven era deplorable.

Como el caso de Marbely y de Marvin, El Diario de Hoy ha conocido de muchas otras personas cuyas familias han denunciado que aunque tienen cartas de libertad, el Estado se niega a cumplir tales órdenes, violando los derechos de libertad y, a la vez, cometiendo el delito de desacato.

EE.UU. da plazo para entregar informe

El lunes anterior trascendió que el gobierno de Estados Unidos, a través del Oficial de Derechos Humanos de su embajada en El Salvador, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe sobre las personas que permanecen en prisión a pesar de existir orden judicial para ponerlas en libertad.

En el Oficio número SGKR 439-2024, de fecha 9 de agosto del corriente año, firmado por la Secretaria General de la CSJ, Julia del Cid, se les requiere a los Tribunales de Sentencia de la República la información antes mencionada.

“Se requiere informen el número de casos en los que la Dirección General de Centros Penales, no ha cumplido con las órdenes de libertad giradas; debiendo en caso afirmativo, informar respecto de la situación o estado del proceso, agregando copias de las diligencias que lo fundamenten”, indica el documento.

Desde hace algún tiempo, diversas organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) han hecho múltiples denuncias públicas sobre la desobediencia de Centros Penales en liberar a personas que fueron capturadas bajo el régimen de excepción bajo cargos de pertenecer a pandillas, pero que jueces han ordenado su libertad.

Moisés Ramírez, representante de MOVIR, expone que la petición hecha por la Embajada de Estados Unidos es resultado de las constantes denuncias que organizaciones  de derechos humanos nacionales e internacionales han hecho sobre la negligencia de Osiris Luna de no liberar a personas cuya libertad ha sido ordenada por los jueces que conocen sus procesos.

Ramírez dejó entrever sus esperanzas de que otros gobiernos, a través de sus embajadas, pongan atención a las constantes violaciones de derechos humanos que sufren muchas personas encarceladas por el Estado salvadoreño. 

“Es un tema muy grave el hecho de que haya personas con cartas de libertad y que no se dejan libres. Cualquier acción de un país, de una organización en favor de las víctimas es bienvenida”, afirmó.

Aunque aclaró que no tienen documentos oficiales, Ramírez considera que podría haber alrededor de mil personas que tienen carta de libertad y que por capricho de Centros Penales no salen en libertad.

Para Ivania Ramos, de UNIDEHC, la detención de personas aun cuando tienen cartas de libertad, ha sido denunciado muchas veces. “Es un hecho que era importante darlo a conocer al público por la preocupación que existe ante la falta de cumplimento de funcionarios de segundo grado; esto no se puede normalizar; no pueden los funconaros venir y no cumnplir una orden; están cometiendo delito…”, detalló.

“Todas las embajadas deberían adoptar esta posición”, comentó Cruz en relación a la petición del oficial de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/corte-suprema-director-de-centros-penales-estados-unidos-osiris-luna-regimen-excepcion-familiares-detenidos-/1161754/2024/