The Supreme Court of Justice (CSJ) nullified the request to the Sentencing Courts of the country to provide information on the number of cases where the General Directorate of Penal Centers (DGCP) has not complied with release orders, according to an issued document.
Sources from the Supreme Court of Justice and judges consulted by LA PRENSA GRÁFICA confirmed the validity of the new official document, issued on August 9 of this year, which nullified the aforementioned request. The reason given was an “administrative error” in requesting the information.
“Due to an administrative error, this information was requested from your honorable judicial authorities, when in fact it is the President of the Supreme Court of Justice who should respond to the request,” justifies the document accessed by this outlet.
Although the document states that the information request on these cases is nullified, it specifies that it is the President who must respond, without detailing what content should be provided.
Previously, the General Secretariat of the CSJ asked the Sentencing Courts to submit information where the DGCP had not complied with issued release orders. This resulted from a request made by the Human Rights Officer of the United States Embassy in El Salvador, in connection with the annual report on various topics prepared by the U.S. Department of State. According to the document, this request was channeled through the Presidential Commissioner for Human Rights and Freedom of Expression, Andrés Guzmán.
LA PRENSA GRÁFICA reached out to Guzmán, who said, “We requested the information related to these cases from the Court,” but he stated that he could not verify the authenticity of the document.
LA PRENSA GRÁFICA visited the CSJ headquarters to locate the communications unit and, through them, inquire with the President of the CSJ, Óscar López Jerez, about the order issued on August 9 and its subsequent annulment. However, the guard who processed the request stated that there was no access for the press, nor would the communications unit handle the petition. They refused to provide a phone number or email address.
Ingrid Escobar, director of Socorro Jurídico Humanitario (Humanitarian Legal Aid or SJH), spoke about this new request, expressing her distrust in the judicial system.
“It gives me little confidence that they are asking the President of the CSJ when they don’t even know the people who have died in Penal Centers. José Leonidas Bonilla died on September 3, 2022, and the Constitutional Chamber declared his habeas corpus inadmissible 20 days later, let alone about the fulfilled judicial orders,” she asserted.
For her part, Ivania Cruz, spokesperson for the Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), interprets the request as indicating that the information previously requested will no longer be provided.
“We don’t know if the President of the Court will eventually respond. Because the request made by the Human Rights Officer of the Embassy was made public, that’s why the Court circulated information through institutional emails. Once public, it seems they won’t collect information to respond to the officer by August 15. Tomorrow (August 14) is the deadline,” she asserted.
Civil society and human rights organizations have denounced that the DGCP does not comply with release orders issued by judges under the state of exception. Even the DGPC director, Osiris Luna, and other penitentiary center directors have been reported to the Attorney General’s Office (FGR) for possibly committing crimes of freedom by a public official or employee, restriction on individual freedom, and failure to fulfill duties.
Corte deja sin efecto solicitud de información sobre órdenes de libertad no ejecutadas
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto la solicitud a los Juzgados de Sentencia del país para que informen sobre el número de casos en los que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no ha cumplido con las órdenes de libertad que han sido giradas, de acuerdo a un oficio emitido.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia y jueces consultados por LA PRENSA GRÁFICA corroboraron la veracidad del nuevo oficio, emitido el 9 de agosto de este año, en el que dejó sin efecto dicha solicitud. La razón es que hubo un “error administrativo” para pedir la información.
“En razón que por un error administrativo se les requirió dicha información a sus dignas autoridades judiciales, siendo lo correcto que era y es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien debe responder la solicitud”, justifica el documento al que este medio tuvo acceso.
A pesar que el documento dice que queda sin efecto la entrega de la información de estos casos, sí detalla que el presidente es el que debe responder, sin especificar qué contenido debería entregar.
Anteriormente, la Secretaría General de la CSJ pidió a los Juzgados de Sentencia remitir la información en la que DGCP no cumplía con las órdenes de libertad emitidas. Esto a raíz de solicitud hecha por el oficial de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, en razón de la elaboración del informe anual sobre temáticas diversas que realiza el Departamento de Estado de ese país. Esta solicitud fue canalizada según el documento, a través del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.
LA PRENSA GRÁFICA buscó a Guzmán, quien dijo: “solicitamos a la Corte la información relacionada con estos casos”, pero dijo que no podía dar veracidad a dicho documento.
LA PRENSA GRÁFICA llegó a la sede de la CSJ para buscar a la unidad de comunicaciones y a través de ellos, consultar al presidente de la CJS, Óscar López Jerez, acerca de esta orden emitida el 9 de agosto y su anulación realizada después. Sin embargo, el vigilante que tramitó la solicitud manifestó que no había acceso a la prensa, ni a la unidad de comunicaciones atendería la petición. No quisieron brindar un número de teléfono ni correo electrónico.
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) habló al respecto de esta nueva solicitud, y manifestó su desconfianza aen el sistema judicial.
“Me genera poca confianza el hecho que le pregunten al presidente de la CSJ en vista que no saben ni la gente que ha muerto en Centros Penales. José Leonidas Bonilla murió el 3 de septiembre de 2022 y la Sala de lo Constitucional, declaró 20 días después improcedente su habeas corpus, peor acerca de las órdenes judiciales cumplidas”, aseveró.
Por su parte, Ivania Cruz, vocera de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), interpreta dicha solicitud como que ya no se entregará la información que ya se había solicitado.
“No sabemos si al final va a responder el presidente de la Corte. Como se hizo público la solicitud que hacía el oficial de DDHH de la Embajada, por eso es que la Corte circuló información por los correos institucionales. Al hacerse público, es al parecer que no van a recolectar información para darle respuesta al oficial este 15 de agosto. Mañana (14 de agosto) se cumple el plazo”, aseveró.
Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han denunciado que la DGCP no cumple con las órdenes de libertad que han emitido jueces en el marco del régimen de excepción. Incluso el director de la DGPC, Osiris Luna, y de otros centros penitenciarios, han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de los delitos delitos de libertad por funcionario o empleado público, limitación a la libertad individual e incumplimiento de deberes.