A reduction in spending or an increase in revenue by more than $1 billion over the next three years, as part of preliminary agreements between the government and the International Monetary Fund (IMF), would administer doses of “bitter medicine” to the population, economists warn.
Experts explain part of the implications that a fiscal adjustment of 3.5% of GDP (Gross Domestic Product) would have for the country, as it is currently on the negotiation table with the financial body. This Tuesday, it was confirmed that there are “preliminary agreements” on this and other points under discussion to tidy up El Salvador’s finances.
Economist Tatiana Marroquín explains that what this 3.5% of GDP means is between $1 billion and $1.5 billion in deficit reduction over three years.
“This adjustment can come from either the revenue side or the expenditure side. This means that the approximately $300 million, $400 million, or $500 million per year that the government needs to adjust over the next three years, which would be 2025, 2026, and 2027, involves either an increase in revenue from taxes or a cut in expenditures. Consequently, either way, the Salvadoran population will be directly affected,” asserts Marroquín.
The IMF team, led by Raphael Espinoza, stated in its communication that “the consolidation is expected to be achieved through a balanced set of measures, with an initial focus on rationalizing the public wage bill, while creating room for crucial social and infrastructure spending.”
In light of this, Marroquín states that while the cuts will primarily affect the wages of public employees, they will also impact the broader Salvadoran population. “Not only directly, affecting those employed by the government who are likely to be dismissed or have their salaries reduced, but also those dismissals affect the services and responsibilities the government has to guarantee rights, especially social and economic rights, including health, education, housing, work, etc.,” she adds.
Economist Rafael Lemus believes that precisely this fiscal adjustment is why the government has been reluctant to close an agreement with the IMF.
“That’s one of the reasons why the government is hesitant, because it implies cutting public employment spending, subsidies, and raising taxes. But cutting an excessive spending of 3.5%, which, if we take into account this year’s GDP, would be a bit more than $320 million, or 3.5%, gives us a bit more than $1.1 billion,” he explains.
In fact, this year the Ministry of Finance has implemented cuts to several subsidies that directly affect citizens, such as those for gas and energy, among others.
Lemus emphasizes that what the IMF is asking President Nayib Bukele’s government to “correct” is unnecessary spending. However, he notes that up until now, the government has gone in the opposite direction of fiscal discipline by taking workers’ funds from the Pension Fund and withholding Fodes funds from municipalities, solving none of the fiscal issues.
“So far, the government has avoided an agreement with the IMF and the adjustment,” states Lemus.
For Lemus, the IMF team’s declaration aims to clarify that the technical part has made all possible progress in all areas or components of the agreement, but now “what is missing is political will” to seal the deal.
Marroquín concurs that the agreements depend heavily on the word of those negotiating with the IMF and places a lot of faith in the Salvadoran government’s commitment.
Other key points in the preliminary agreements with the IMF include “increasing banks’ reserve buffers, improving governance and transparency, and mitigating Bitcoin-related risks.”
The adoption of Bitcoin as legal tender has been a sticking point for the IMF in the negotiations, as the organization deems it crucial to increase efforts to improve transparency and reduce potential fiscal and financial stability risks posed by the Bitcoin project.
Ajuste fiscal que negocia FMI con el gobierno impactará en la población
Una reducción de los gastos o aumento de los ingresos en más de $1,000 millones en los próximos tres años, como parte de los acuerdos previos entre el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraería dosis de “medicina amarga” para la población, advierten economistas consultados.
Los expertos explican parte de las implicaciones que tendrá para el país un ajuste fiscal del 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto) que está sobre la mesa en las negociaciones con el organismo financiero y que este martes fue confirmado que hay “acuerdos preliminares” en ese y otros puntos en discusión para ordenar las finanzas salvadoreñas.
Los expertos explican parte de las implicaciones que tendrá para el país un ajuste fiscal del 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto) que está sobre la mesa en las negociaciones con el organismo financiero y que este martes fue confirmado que hay “acuerdos preliminares” en ese y otros puntos en discusión para ordenar las finanzas salvadoreñas.
La economista Tatiana Marroquín explica que lo que significa ese 3.5% del PIB es entre $1,000 millones y $1,500 millones de reducción del déficit en tres años.
“Ese ajuste puede ir por el lado de los ingresos o por el lado del gasto, qué quiere decir, que esos cerca de $300, $400 o $500 millones al año que necesita ajustar el gobierno en los siguientes tres años, que serían 2025, 2026 y 2027, involucra ya sea el aumento de ingresos por el lado de los impuestos o el recorte de gastos. Entonces, en cualquiera de esas dos discusiones quien se va a ver afectada directamente es la población salvadoreña”, afirma la experta.
El equipo del FMI, encabezado por Raphael Espinoza, indicó en su comunicado que “se espera que la consolidación se logre mediante un conjunto equilibrado de medidas, con un enfoque inicial en la racionalización de la masa salarial pública, al tiempo que se crea margen para un gasto social y de infraestructura crucial”.
Ante ello, Marroquín dice que si bien los recortes irían más por el lado salarial de los empleados públicos, también involucran un impacto en la población salvadoreña. “No solamente de forma directa, que es la población que está contratada en el gobierno, que al parecer sería despedida o reducirían sus salarios pero muy probablemente serían despedidas, sino también que esos despidos afectan los servicios y las responsabilidades que tiene el gobierno de garantizar derechos, sobre todo derechos sociales y económicos, salud, educación, vivienda, trabajo, etc.”, agrega.
El economista Rafael Lemus considera que, precisamente ese ajuste fiscal, es por lo que el gobierno no ha querido cerrar un acuerdo con el FMI.
“Eso puede ser parte de las razones por las cuales el gobierno no quiere, porque eso implica recortar gastos de empleos públicos, de subsidios, subir impuestos. Pero eso es tratar de cortar un exceso de gasto que se tiene, de 3.5%, que si uno lo toma con el PIB de este año sería un poquito más de $320 millones por 3.5%, eso le va a dar un poquito más de $1,100 millones”, explica.
De hecho, este año el Ministerio de Hacienda ha implementado recortes a varios subsidios que van directamente a la ciudadanía, como el de gas, de energía, entre otros.
Lemus enfatiza que lo que el Fondo está pidiendo al gobierno de Nayib Bukele “corregir” es el gasto innecesario, pero señala que todo este tiempo atrás ha ido por el camino contrario a la disciplina fiscal y las medidas que ha impulsado son tomar fondos de los trabajadores en el Fondo de Pensiones y quitarle el Fodes a los municipios, pero eso no ha resuelto el problema fiscal.
“El gobierno hasta la fecha lo que ha hecho es evitar el acuerdo con el Fondo y evitar el ajuste”, acota Lemus.
Para el economista, la declaración del equipo del FMI va en el sentido de dejar claro que la parte técnica ha hecho todos los avances posibles en todos los campos o componentes del acuerdo, pero que ahora “lo que falta es voluntad política” para sellar el acuerdo.
También Marroquín coincide en que los acuerdos dependen mucho de la palabra de quienes están conversando con el Fondo y ve que está apostando con mucha fe a que el gobierno de El Salvador cumpla.
Otros puntos clave en los que se han centrado los preacuerdos con el Fondo son “aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos de Bitcoin”.
La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal ha sido un escollo para el FMI en las conversaciones, pues para el organismo es relevante que haya más esfuerzos para mejorar la transparencia y disminuir los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto Bitcoin.