Only 35 out of 84 lawmakers from the 2021-2024 legislature and 43 out of 60 lawmakers from the 2024-2027 legislature submitted their asset declarations within the legal timeframe to the Section of Probity of the Supreme Court of Justice (CSJ).
The Law on Illicit Enrichment of Public Officials and Employees states in Article 3 that within 60 days of taking office, the obligated public officials and employees “must submit a sworn written declaration of their assets.” They must also submit an asset declaration within 60 days following the date they cease their respective roles.
This means that lawmakers from the previous legislature and those who joined the current one had until the early days of July 2024 to present their respective asset declarations.
Through a request to the Information and Response Unit of the Judiciary, a list was requested of the elected officials from the Legislative Assembly for the 2021-2024 period who submitted their sworn asset declarations upon leaving office, and the list of officials for the 2024-2027 period who submitted them upon taking office, within the timeframe established by law.
“The search for the requested information has been conducted, resulting in a total of 35 lawmakers from the 2021-2024 Legislative Assembly who submitted their sworn asset declarations upon leaving office within the timeframe established in Article 3 of the Law on Illicit Enrichment of Public Officials and Employees,” reads the response sent by the Section of Probity.
For the lawmakers of the 2024-2027 period, it was noted that only 43 submitted their declarations within the established timeframe.
It is worth noting that the list of officials who complied with the procedure was not provided, only the number per period; however, the Section of Probity assured that “it is not denying the requested information,” but that in compliance with the deadlines set by the Law on Access to Public Information (LAIP), it provided the information it has available.
Imposes Sanctions
The law stipulates that the CSJ will impose fines on public officials and employees who fail to submit their declaration within the legal timeframe and will set a new reasonable deadline for compliance. For elected officials, fines can range from five hundred to ten thousand colones, which is approximately $57.14 to $1,142.85.
ARENA lawmaker Marcela Villatoro, who was part of the previous legislature, affirmed that she submitted her declaration within the established timeframe, as did the alternate lawmakers. However, she expressed distrust in the institutions.
“The truth is, when they want to cause trouble for you, they’ll do it. Regardless of whether you do things correctly, legally, when they want to harm someone, they do it,” she stated.
Declaration Process
Declarations must be personally submitted by the obligated individual or appropriately authenticated by an agent. They must include a detailed account and valuation of assets and liabilities.
This also applies to the assets and liabilities of their spouses and children. If this is not possible due to circumstances “completely beyond their control,” such as separation from a spouse or children being out of their custody or in similar cases, the public official or employee must clearly state this in their declaration.
Another aspect that must be declared includes earned salaries, particularly obtained rents and their sources, shares, and social participations of the individual and their family members where applicable, within or outside the territory of the Republic.
Pocos diputados presentaron en tiempo su declaración a Probidad
Solo 35 de los 84 diputados y diputadas propietarias de la legislatura 2021-2024 y 43 de 60 propietarios de la legislatura 2024-2027 presentaron en el plazo legal sus declaraciones de patrimonio a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece en el artículo 3 que dentro de los 60 días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos obligados, “deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio”. También deberán presentar declaración del estado de su patrimonio dentro de los 60 días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el ejercicio de sus respectivos cargos.
La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece en el artículo 3 que dentro de los 60 días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos obligados, “deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio”. También deberán presentar declaración del estado de su patrimonio dentro de los 60 días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el ejercicio de sus respectivos cargos.
Es decir, los diputados que estuvieron en la legislatura anterior y los que se incorporaron a la actual tenían hasta los primeros días de julio de 2024 para presentar sus respectivas declaraciones patrimoniales.
Por medio de una solicitud a la Unidad de Información y Respuesta del Órgano Judicial se pidió el listado de funcionarios de elección popular de la Asamblea Legislativa del periodo 2021-2024 que presentaron su declaración jurada del estado de su patrimonio al cese de sus funciones y el listado de funcionarios del periodo 2024-2027 que la presentaron a la toma de posesión de sus cargos, en el plazo establecido en la ley.
“Se ha realizado la búsqueda de información solicitada, obteniendo un total de 35 diputados propietarios de la Asamblea Legislativa del periodo 2021-2024 que presentaron su declaración jurada del estado de su patrimonio al cese de sus funciones, en el plazo establecido en el artículo 3 de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos”, dice la respuesta enviada por la Sección de Probidad.
En el caso de los diputados propietarios del periodo 2024-2027 señaló que solo 43 la presentaron en el plazo establecido.
Cabe señalar que no se proporcionó el listado de los funcionarios que cumplieron con el trámite, sino que solo la cantidad por periodo; pero la Sección de Probidad aseguró que “no está negando la información solicitada”, sino que en respeto a los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entregó la información que se encuentra en su poder.
Impone sanciones
La Ley establece que la CSJ impondrá multas a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado legal y les fijará un nuevo plazo prudencial para que lo efectúen. En el caso de los funcionarios de elección popular, las multas oscilarían de quinientos a diez mil colones, es decir, entre $57.14 y $1,142.85.
La diputada Marcela Villatoro, de la fracción de ARENA y quien estuvo en la legislatura anterior, aseguró que la presentó en el plazo establecido, así como los diputados suplentes. Aunque no confía plenamente en la institucionalidad.
“La verdad es que cuando ellos le quieran poner algún problema a uno, alguna traba por fregarlo a uno, lo van a hacer. Independientemente que uno haga las cosas correctamente, que uno haga las cosas legalmente, cuando quieren hacerle daño a alguien lo hacen”, expresó.
Proceso de declaración
Las declaraciones deben ser presentadas personalmente por la persona obligada o entregarlas debidamente autenticadas por medio del apoderado. Estas deben comprender una relación y estimación de los bienes y de los créditos a su favor o en su contra.
También de los bienes y de los créditos a favor o en contra de sus cónyuges y de sus hijos. Cuando eso no le fuera posible “por estar completamente fuera de su control” dichos patrimonios, ya sea por encontrarse separado de su cónyuge o porque sus hijos estén fuera de su patria potestad o en casos semejantes, el funcionario o empleado público deberá manifestarlo claramente en su declaración.
Otro aspecto que debe declarar son los salarios devengados, rentas obtenidas particularmente y de su procedencia, acciones y participaciones sociales propias y de su núcleo familiar cuando aplique, que perciban o posean dentro o fuera del territorio de la República.