Ever since March 2021, when former Finance Minister Alejandro Zelaya formalized that negotiations were underway for an Extended Service Agreement with the International Monetary Fund (IMF), there had been no such definitive response from the institution explaining the progress of these negotiations until this Tuesday, August 6.
The International Monetary Fund (IMF) technical staff confirmed in a statement that they have been in discussions for an agreement with El Salvador and that “progress has been made.”
“Progress has been made in negotiations towards a Fund-supported program, focusing on policies to strengthen public finances, increase bank reserve buffers, improve governance and transparency, and mitigate Bitcoin risks,” the staff published.
The mission headed by Raphael Espinoza explained that they have been in talks with Salvadoran authorities over the past few months, and these talks “focused on policies that could be supported by an IMF program to address macroeconomic imbalances and strengthen El Salvador’s medium-term growth prospects and resilience.”
According to the IMF statement, these talks are based on four pillars. The first one is fiscal.
To this end, they claim to have already reached a “preliminary agreement” to achieve a 3.5% primary surplus within a three-year period to “put public debt on a sustainable path.” Moreover, they underscore their search for fiscal consolidation, through “rationalizing public wage expenditures” and pursuing more significant investment focused on social aspects.
The second pillar is a plan (which they assert is already underway) to recover financial reserves that have been decreasing since 2020 and reduce dependence on domestic financing. This financing is primarily provided by banks, which even requested an agreement for short-term loans to become medium and long-term loans. If the deal is signed, the funding would come from multilateral organizations.
The third pillar is that “preliminary agreements have been reached on a multi-year comprehensive strategy to improve governance, transparency, and the overall investment climate.” According to the IMF, the Legislative Assembly is preparing draft laws to “address corruption, money laundering vulnerabilities, and weaknesses in procurement frameworks.”
The fourth pillar concerns the main stumbling block in the negotiations. According to various experts consulted, ever since Bitcoin was adopted as legal tender, talks with the IMF had reached a deadlock. Moody’s rating agency warned when Bitcoin was legalized that if the cryptocurrency affected negotiations with the Fund, it would downgrade the country’s rating, and so it happened.
However, the IMF said yesterday that “in the case of Bitcoin, although many of the risks have not yet materialized, there is joint recognition that more efforts are needed to improve transparency and mitigate potential risks to fiscal and financial stability posed by the project.”
If this agreement is reached, it would entail a series of adjustments and could especially lead to improvements in the credit rating. El Salvador currently has the worst credit ratings in Central America.
Furthermore, it would signify improvements in country risk and would also imply that the state would not have to pay the surcharge on the last issuance of the $1,000 million, which was an issuance carrying a “conditional” premium (with a punitive interest rate) if the country failed to reach an agreement with the IMF and raised two of the three risk ratings it holds.
FMI confirma avance en las negociaciones con El Salvador
Desde que en marzo de 2021 el exministro de Hacienda Alejandro Zelaya oficializara que se negociaba un acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se había tenido una respuesta tan contundente del organismo explicando los avances de estas negociaciones, hasta este martes 6 de agosto.
El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó en un comunicado que ha estado en conversaciones para un acuerdo con El Salvador y que se “han logrado avances”.
“Se han logrado avances en las negociaciones hacia un programa respaldado por el Fondo, centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos del bitcóin”, publicó el personal.
La misión encabezada por Raphael Espinoza explicó que han estado en conversaciones los últimos meses con las autoridades salvadoreñas y estas conversaciones “se centraron en las políticas que podrían respaldarse con un programa del FMI para abordar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer las perspectivas de crecimiento y la resiliencia a mediano plazo de El Salvador”.
Estas conversaciones, según el comunicado del FMI, se basan en cuatro pilares. El primero, es el fiscal.
Para ello, aseguran que ya se ha logrado un “acuerdo preliminar” para lograr un saldo primario de 3.5 % en un período de tres años para lograr “colocar la deuda pública en una senda sostenible”. Asimismo, señalan que buscan la consolidación fiscal, por medio de “racionalizar la masa salarial pública” y tener una mayor inversión enfocada en aspectos sociales.
El segundo pilar, es un plan (el cual aseguran ya está avanzado) para recuperar las reservas financieras que vienen en descenso desde 2020 y reducir la dependencia del financiamiento doméstico. Este financiamiento es otorgado principalmente por la banca, que incluso pidió un acuerdo para que los créditos a corto plazo pasarán a ser de mediano y largo plazo. De firmarse el acuerdo el fondeo vendría de organismos multilaterales.
El tercero, es que ya se lograron “acuerdos preliminares sobre una estrategia integral plurianual para mejorar la gobernanza, la transparencia y el clima general de inversión”. Según el FMI, la Asamblea Legislativa está preparando propuestas de ley para “abordar la corrupción, las vulnerabilidades al lavado de dinero y las debilidades en marcos de adquisiciones”.
El cuarto pilar tiene que ver con el considerado principal escollo de las negociaciones. Según varios especialistas consultados, desde que se adoptó el bitcóin como moneda de curso legal las negociaciones con el FMI habían quedado en un punto muerto. La calificadora Moody´s alertó cuando se legalizó el bitcóin que si la criptomoneda afectaba las negociaciones con el Fondo iba a bajar la calificación del país y así pasó.
Pero el FMI aseguró ayer que “en el caso de bitcóin, si bien muchos de los riesgos aún no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan más esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos para la estabilidad fiscal y financiera que plantea el proyecto”.
De lograrse este acuerdo, implicará una serie de ajustes y sobre todo podría llevar a mejoras en la calificación crediticia. El Salvador tiene actualmente las peores calificaciones de crédito de Centroamérica.
Asimismo, significaría mejoras en el riesgo país y también implicaría que el Estado no tendría que pagar el sobrecoste de la última emisión de los $1,000 millones, que fue una emisión que llevaba una prima “condicionada” (con una tasa de interés de castigo) si el país no lograba un acuerdo con el FMI y elevar dos de las tres calificaciones de riesgo que ostenta.