Relatives of missing persons, supported by the Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad or Foundation for the Study and Application of Law), have denounced the lack of responses from various state institutions to their requests for search and justice actions, aiming to ensure that cases of disappearances in the country do not remain unresolved.
Dina Martínez, from Fespad’s Access to Justice department, explained that on March 12, 2023, a group of twelve families of missing persons petitioned the Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH or Human Rights Ombudsman Office) to promote actions before the bodies responsible for enforcing the law, but have yet to receive a response.
Martínez noted that the families have filed four amparo lawsuits before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (CSJ), but only one was partially resolved, while the others remain unanswered.
In March of last year, the Chamber partially admitted the amparo request presented on November 24, 2022, by the mother of Josué Eliezar Elizondo and Fespad’s representation.
In the admission, the Chamber agreed to process the lawsuit against the Attorney General of the Republic for not responding to the family of the adolescent who disappeared on June 4, 2011, nor informing them about the investigations that have followed in the case.
Additionally, the Chamber ordered the Attorney General to report within the next 24 hours on the complaint regarding the withholding of information from the victim’s family by the Prosecutor’s Office, but despite the admission of the lawsuit, there is still no resolution on the matter.
Carmen Argueta, spokesperson for the Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en El Salvador (COFADES or Committee of Relatives of Disappeared Persons in El Salvador), called on the judges of the Constitutional Chamber to resolve the amparo lawsuits filed before that State body.
“We ask the Supreme Court of Justice to promptly issue a reasoned resolution on the amparo lawsuits filed, thereby contributing to overcoming that dark past when victims of severe human rights violations were ignored,” she stated.
Still Searching
Carmen’s son, Herbert Antonio Argueta Armero, has been missing since August 4, 2021, without authorities fulfilling their obligation under international law to address disappearances.
Sandra Martínez de Landaverde, on her part, recounted that her son has been missing for eleven years without any response from state authorities.
“An amparo was filed after searching with the Police, hospitals, Forensic Medicine; we have exhausted all resources, and to date, we have no answer. It’s been eleven years waiting for my son, and I don’t think it’s fair that we are kept in this situation,” she lamented.
In May 2023, Fespad filed a lawsuit for the protection of rights before the Chamber over the disappearance of Miguel Ángel Martínez Mata, allegedly disappeared by a group of policemen on July 13, 2013, in the Parque Infantil area.
The constitutional appeal, filed by Fespad, claimed that no state institution was “capable of preventing Miguel’s disappearance or determining who was responsible for the ‘abominable act,’ nor did they do what was necessary to find his whereabouts, dead or alive.”
Madres de desaparecidos piden al Estado que sus casos no queden impunes
Familiares de personas desaparecidas, con el apoyo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) denunciaron la falta de respuestas de diferentes instituciones del Estado ante sus peticiones de acciones de búsqueda y justicia, para que los casos de desaparición en el país no sigan en la impunidad.
Dina Martínez, de la dirección de Acceso a la Justicia de Fespad, explicó que el 12 de marzo de 2023, un grupo de doce familias de personas desaparecidas solicitaron ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) que promoviera acciones ante las instancias encargadas de aplicar la ley, pero hasta ahora no han tenido respuesta.
Martínez expuso que los familiares han presentado cuatro demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero solamente una fue resuelta de manera parcial, mientras que las demás siguen sin respuesta.
En marzo del año pasado, la Sala admitió de forma parcial la solicitud de amparo presentada el 24 de noviembre de 2022, por la madre de Josué Eliezar Elizondo y la representación Fespad.
En la admisión la Sala aceptó tramitar la demanda contra el fiscal general de la República por no dar respuesta a la familia del adolescente desaparecido el 4 de junio de 2011, ni informarles sobre las investigaciones que han seguido en ese caso.
Además, la Sala le ordenó al fiscal general que informará en las próximas 24 horas sobre la denuncia de las acciones de ocultamiento de la información a los familiares de la víctima por parte de la Fiscalía, pero a pesar de la admisión de la demanda, aún no hay una resolución al respecto.
Carmen Argueta, vocera del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en El Salvador (Cofades) hizo un llamado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para que resuelvan las demandas de amparo presentadas ante ese Órgano del Estado.
“Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia, que pronuncie a la brevedad una resolución fundamentada de las demandas de amparo interpuestas y con ello, contribuir a superar ese pasado oscuro en que se ignoraba a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos”, manifestó.
Siguen buscando
El hijo de Carmen, Herbert Antonio Argueta Armero, se encuentra desaparecido desde el 4 de agosto de 2021, sin que las autoridades hayan cumplido con su obligación establecida en el derecho internacional de atender las desapariciones.
Por su parte, Sandra Martínez de Landaverde, relató que su hijo lleva once años desaparecido y hasta ahora no ha tenido respuesta por parte de las autoridades del Estado.
“Se interpuso un amparo, luego de andar buscando en la Policía, hospitales, Medicina Legal, hemos agotado todos los recursos y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Ya son once años de esperar a mi hijo y creo que no es justo que nos tengan así”, lamentó.
Fespad presentó en mayo de 2023 la demanda de protección de derechos ante la Sala por la desaparición de Miguel Ángel Martínez Mata, presuntamente desaparecido por un grupo de policías el 13 de julio de 2013, en la zona del parque Infantil.
El recurso constitucional, presentado por Fespad, alegó que ninguna institución del Estado fue “capaz de evitar la desaparición de de Miguel o de determinar quién o quiénes son los responsables del ‘abominable hecho’, tampoco hicieron lo necesario para dar con su paradero, con o sin vida”.