The government borrowed an additional $104.27 million from the Pension Fund in May and June 2024 after having exceeded, in April, the $10,000 million milestone in this commitment, according to data from the Central Reserve Bank (BCR).
Since the Pension Reform in December 2022, Bukele’s government has taken $1,720.15 million from this trust, which contains all workers’ contributions, with an average growth rate of nearly $96 million per month.
If this figure is added to the consolidated amount of Transition Financing Certificates (CFT), instruments into which the old pension debt was consolidated, the total of this type of debt amounts to $10,116.43 million.
The amount is so high that it represents the primary commitment of El Salvador’s public debt. While the “Non-Financial Public Sector Debt Profile” for June has not yet been published by the Ministry of Finance, it is possible to find the percentage occupied in May: a high 34% of the total.
Although the largest withdrawals from the pension fund were recorded in 2023 (April and October), the growth rate of this debt in 2024 has been higher, with $103 million versus the $91 million from the previous year.
For economist Rafael Lemus, there is a real expense that the government must cover with this money, namely pensions for the INPEP and ISSS systems. However, it has already been proven that the government has been triangulating these funds for use in current spending. Investment bank Barclays estimates that nearly $300 million have been allocated to this purpose.
Lemus argues that the main problem is that it is most likely that the government will not return the money it has taken from all workers’ savings fund. This will probably happen, he says, in 2027- either through a new reform to the law or by definitive nationalization of the Fund.
In an ideal world, the mission of a pension fund management company is to manage it correctly, through risk diversification and return enhancement. In doing so, it can provide better retirement amounts. However, in El Salvador, the law requires that investment be made solely in national public instruments.
“In this country, risks are also concentrated in an unreliable issuer, the Government of El Salvador, because it has already breached its obligations twice, in 2017 and 2023,” says Lemus, referring to the fact that, after the reform, Nayib Bukele’s administration agreed with the AFPs not to pay interest or principal for four years, which, in practice, amounts to a breach.
“It’s like negotiating with someone I know won’t pay me. It’s irrational, contrary to the principles of investment fund management… it’s impossible to obtain a reasonable return on investment for the risk taken,” he adds.
What Lemus mentions can be verified with a simple comparison. The Pension Obligation Certificates (COP), which issue the new pension debt after the reform, yield 7% over a 50-year period. The bonds issued by the Salvadoran government in April of this year, seeking to raise $1,000 million, carry a 12% interest rate (which can rise to 16% if certain conditions are not met) and have only a 6-year term.
“The government finds it more convenient to default on Salvadoran workers, which is a fund that already has captive, rather than the international market. If the government did not have the Pension Fund, it would have had to default on the international market long ago,” says Lemus.
A System Designed to Fail
For researcher Sara Hércules, an expert in pensions, the alarming problem is not only in the central government’s management but in the system’s design.
“Financially, the journey that the pension system has taken through various reforms has shown that it is vulnerable to its use, has low performance, low coverage, and a substitution rate that is not high,” comments Hércules.
In her opinion, there is a kind of expectation in the pension system that can never be fulfilled: thinking that it is one based on individual savings.
This is because it is designed so that all pensions eventually depend on a distribution system. If a worker retires, meeting all requirements (years of work contributed, for example), due to the low profitability provided by the Salvadoran pension system, their individual account will only be able to cover about a decade, after which they will depend on the CGS.
Additionally, old system pensions are financed through loans made by worker contributions over time. A reform to the Pension system should have as a priority goal ending this vicious circle, in which further commitments to the Pension Fund are generated to fulfill preexisting pension debt.
Gobierno tomó otros $104 millones del fondo de ahorro de los trabajadores
El gobierno tomó prestados otros $104.27 millones del Fondo de Pensiones en mayo y junio de 2024 después de haber superado, en abril, el hito de los $10,000 millones en este compromiso, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Después de la reforma de Pensiones de diciembre de 2022, el Gobierno de Bukele ha tomado $1,720.15 millones de este fideicomiso en el que se encuentran todas las aportaciones de los trabajadores, por lo que el ritmo de crecimiento ha sido de casi $96 millones al mes en promedio.
Si esta cifra se suma al consolidado de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), instrumentos a los que fue consolidada la antigua deuda de pensiones, el total de este tipo de deuda es de $10,116.43 millones.
El monto es tan alto que representa el principal compromiso de la deuda pública de El Salvador. Si bien todavía no se ha publicado el “Perfil de Deuda del Sector Público No Financiero”, del Ministerio de Hacienda, correspondiente a junio, es posible averiguar el porcentaje que ocupaba en mayo: un alto 34 % del total.
Si bien las tomas más grandes del fondo de pensiones se registraron en 2023 (abril y octubre), el ritmo de crecimiento de esta deuda en 2024 ha sido mayor, con $103 millones versus los $91 millones del pasado ejercicio.
Para el economista Rafael Lemus, hay un gasto real que el Gobierno debe cubrir con esta toma de dinero, que son las pensiones de los sistemas del INPEP y del ISSS. Sin embargo, ya está probado que el gobierno ha estado triangulando estos fondos para utilizarlos en gasto corriente. El banco de inversión Barclays calcula que casi $300 millones tuvieron este destino.
Para Lemus, el problema capital es que lo más probable es que el Gobierno no devuelva el dinero que ha tomado del fondo de todos los trabajadores. Esto se consumará posiblemente, dice, en 2027. Y lo hará por una nueva reforma a la ley o por la nacionalización definitiva del Fondo.
En un mundo ideal, la misión de una empresa administradora de fondos de pensiones es administrarlo correctamente, a través de la diversificación del riesgo y del aumento de rendimiento. Así, es capaz de brindar mejores montos de jubilación. Sin embargo, en El Salvador la misma ley ata a que se deba invertir solamente en instrumentos públicos nacionales.
“En este país, los riesgos se concentran, además, en un emisor que no es confiable, el Gobierno de El Salvador, porque ya le incumplió en dos ocasiones, en 2017 y en 2023”, dice Lemus, refiriéndose al hecho de que, tras la reforma, la administración de Nayib Bukele acordó con las AFPs no pagar intereses ni capital durante cuatro años, lo que, en la práctica, se traduce como un incumplimiento.
“Es como que yo negocie con alguien que sé que no me va a pagar. Es irracional, contrario a los principios de la gestión de fondos de inversiones… es imposible que se obtenga un retorno a la inversión razonable para el riesgo tomado”, añade.
Lo mencionado por Lemus se puede comprobar en una simple comparación. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), con los que se emite la nueva deuda de pensiones tras la reforma, pagan un rendimiento del 7 % a un plazo de 50 años. Los bonos lanzados por el gobierno de El Salvador en abril de este año, con los que buscaba obtener $1,000 millones, tienen un interés del 12 % (que puede subir hasta el 16 % si no cumple algunas condiciones) y tienen solo 6 años de plazo.
“Al gobierno le sale más conveniente incumplirle a los trabajadores salvadoreños, que es un fondo que ya tiene cautivo, que al mercado internacional. Si el Gobierno no tuviera el Fondo de Pensiones, ya hace mucho habría tenido que incumplirle al mercado internacional”, opina Lemus.
Un sistema diseñado para fallar
Para la investigadora Sara Hércules, experta en el tema de pensiones, el problema (alarmante) no está solo en la gestión del gobierno central, sino en el diseño del sistema.
“Financieramente, el recorrido que ha tenido el sistema de pensiones a lo largo de las diferentes reformas ha mostrado que es vulnerable para su uso, tiene un bajo rendimiento, baja cobertura y una tasa de sustitución que no es alta”, comenta Hércules.
Para ella, en el sistema de pensiones hay una especie de expectativa que nunca se puede cumplir: pensar que es uno basado en el ahorro individual.
Esto es porque está hecho para que todas las pensiones lleguen a depender de un sistema de reparto. Si un trabajador se jubila cumpliendo todos los requisitos (años de trabajo cotizados, por ejemplo), debido a la baja rentabilidad que procura el sistema de pensiones salvadoreño, su cuenta individual solo le servirá para cubrir en torno a una década, por lo que luego pasará a depender de la CGS.
Por otro lado, las pensiones de los antiguos sistemas se financian a través de préstamos a lo aportado por cada trabajador a lo largo del tiempo. Una reforma a las Pensiones debía tener como objetivo prioritario acabar con esa especie de círculo vicioso, en el que se generan más compromisos con el Fondo de Pensiones para cumplir con la deuda previsional.