“We sent the Supreme Court of Justice and the Attorney General to hell.” These were the exact words used by the Minister of Security and Justice, Gustavo Villatoro, to refer to the removal of the justices of the highest court in El Salvador, which took place in May 2021, an event denounced as illegitimate and marked the beginning of a break in the country’s constitutional order, according to analysts.
Villatoro made these declarations during his presentation at the Conservative Political Action Conference (CPAC) Brazil 2024, held between July 6 and 7 in Balneário Camboriú, where he participated to present the “Bukele model.”
During his speech, Villatoro referred to the United States as the “globalists” who took over the institutions and judiciary in El Salvador.
“In 2021 we made the decision that those who did not seek the best for the people would never make. We sent the Supreme Court of Justice and its five justices to hell. Not only that, we also sent the Attorney General to hell, who was the stronghold that these perverse globalists used to keep El Salvador from moving forward, to keep El Salvador from living in peace,” he said.
The Salvadoran official also noted that during the state of exception, there have been 81,100 arrests, all of which have been of terrorists, while he reported that there have been 115 deaths in prisons and that these deaths have been of gang members, data that does not reflect the reports of social organizations such as Amnesty International and Cristosal, among others, which indicate that most arrests during the regime are arbitrary.
The government has had to admit that they had to release 7,000 people after spending months in jail.
Additionally, Humanitarian Legal Aid (Socorro Jurídico) has reported that at least 241 people have died in prison two years after the implementation of this measure violating constitutional guarantees. 44% died from violent deaths, severe torture, and 29% due to a lack of medical care, as the NGO has stated.
Two years into the regime, in March, social organizations presented a report stating that as of that date, 6,305 human rights violations had been recorded, in addition to cases of arbitrary detention, forced displacement, and deaths in prisons.
“The supranationals are crying about human rights, what human rights?” said Villatoro during his intervention in Brazil.
“We simply shifted the focal point; in the last 20 years in the world, human rights have fallen or lie on criminals; we shifted the focal point and fell on society, on the majority,” he continued.
“They accuse us of violating human rights, but when we show them the data – 81,100 arrests, of which only 115 are fatalities, 115 terrorists who died at the hands of our security forces,” added Villatoro.
Villatoro also stated that there will be no rehabilitation for the detainees, referred to as “serial killers,” while affirming that the government will ensure that the measures implemented are “irreversible.”
The Legislative Assembly, dominated by the ruling party, approved in July the twenty-ninth extension of the state of exception, despite being a policy heavily questioned by various sectors.
On July 8 this year, UN human rights defenders presented the Salvadoran government with arguments stating that a permanent state of exception is not compatible with international law and expressed concern about two legislative decrees approved by the Legislative Assembly allowing mass trials and extending detention periods, which is conducive to serious human rights violations. The Salvadoran government dismissed the document.
Ministro Villatoro en Brasil: “Mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, también al fiscal general”
“Mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, también al fiscal general”. Esas fueron las palabras textuales con las que el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, se refirió a la destitución de los magistrados del máximo tribunal de justicia en El Salvador, ocurrida en mayo de 2021, un hecho denunciado como ilegítimo y que marcó el inicio de una ruptura en el orden constitucional del país, según analistas.
Villatoro dio estas declaraciones durante su ponencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Brasil 2024, desarrollada entre el 6 y 7 de julio pasados en Balneário Camboriú, donde participó para exponer el “modelo Bukele”.
En su ponencia, Villatoro aludía a Estados Unidos como los “globalistas” que se tomaron las instituciones y el poder judicial en El Salvador.
“En el 2021 tomamos la decisión que, los que no querían al pueblo, nunca tomaron. Nosotros mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, a los cinco magistrados. No solo eso, también mandamos al carajo al Fiscal General de la República, qué eran los candados que tenían estos perversos globalistas para que nunca El Salvador saliera adelante, para que nunca El Salvador pudiera vivir en paz”, expuso.
El funcionario salvadoreño señaló, además, que durante el régimen de excepción, se han realizado 81,100 detenciones, y apuntó que todas estas han sido de terroristas, en tanto manifestó que se han tenido 115 muertos en los penales y que estas muertes han sido de pandilleros, datos que no reflejan los informes de organizaciones sociales como Amnistía Internacional y Cristosal, entre otras, que señalan que la mayoría de las capturas durante el régimen son arbitrarias.
El Gobierno ha tenido que reconocer que han tenido que liberar a 7,000 personas, después de pasar por meses en la cárcel.
Asimismo, Socorro Jurídico ha denunciado que a dos años de la entrada en vigencia esta medida violatoria de garantías constitucionales han muerto al menos 241 personas en prisión. El 44 % falleció por muerte violenta, torturas graves y el 29% por falta de atención médica, según ha expuesto la ONG.
A los dos años del régimen, en marzo pasado, organizaciones sociales presentaron un informe en el que señalan que se han registrado a esa fecha 6,305 violaciones a los derechos humanos además de casos de detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y muertes en las cárceles.
“Los supranacionales están llorando los derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos?”, dijo Villatoro durante su intervención en Brasil.
“Nosotros simplemente movimos el punto de gravedad, en los últimos 20 años en el mundo los derechos humanos recaían o recaen sobre los criminales, nosotros le movimos el punto de gravedad y caemos sobre la sociedad, sobre la mayoría”, continuó.
“Nos acusan de violar los derechos humanos, pero cuando les mostramos los datos 81,100 capturas, de esas solo hay 115 letalidades, 115 terroristas que murieron a manos de nuestras fuerzas del orden”, añadió Villatoro.
Villatoro añadió que no habrá rehabilitación para los detenidos, a quienes se refiere como “asesinos seriales”, en tanto afirmó que el gobierno va a asegurar que las medidas implementadas sean “irreversibles”.
La Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo aprobó en julio la vigésima novena prórroga al régimen de excepción, pese a ser una política fuertemente cuestionada por varios sectores.
El 8 de julio de este año, relatores relacionados a la defensa de los derechos humanos de la ONU expusieron al gobierno salvadoreño, que un régimen de excepción de forma permanente no es compatible con el derecho internacional y mostraron su preocupación por dos decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa que permiten juzgamientos masivos y amplían los plazos de detención, lo cual, propicia graves violaciones a derechos humanos. El Estado salvadoreño desestimó el escrito.