The organizations Socorro Jurídico Humanitario (Humanitarian Legal Aid) and Justicia Social (Social Justice) reported on Monday to the Public Ministry the lawmakers of the Salvadoran Congress and the Minister of Security, Gustavo Villatoro, for alleged crimes against humanity that reportedly occurred during the state of exception approved in March 2022 to combat gangs.
The director of Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, stated that those reported include Ernesto Castro, president of the Legislative Assembly; lawmakers Suecy Callejas, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reinaldo Carballo, Rodrigo Ayala, José Serafín Orantes; former lawmakers Guillermo Gallegos and Numan Salgado; and Minister of Security, Gustavo Villatoro.
The report also includes the director of penitentiary centers, Osiris Luna, as well as several prosecutors, judges without faces, directors of penitentiary centers, and prosecutors, whom the report does not publicly identify because the information “is reserved.” They are all accused of failing to fulfill duties, denying aid to detainees, and committing arbitrary acts.
The accusation falls on the lawmakers who “have signed the extensions of the state of exception.”
The Associated Press reached out to the communications office of the Presidential House for a comment, and their response was, “no comments.”
Attorney Ingrid Escobar, director of Socorro Jurídico Humanitario, explained that the complaint is based on testimonies from special rapporteurs from the United Nations, “which establish that El Salvador is violating pacts, agreements, and international treaties of the universal system, and specifically the Rome Statute.”
Escobar pointed out that since the state of exception went into effect, 27 extensions have been illegally approved, and “more than 26,000 Salvadorans, being innocent, have been sent to serve a sentence they do not deserve, and also to be tortured through beatings, strangulation, or denial of medical treatment, which has already cost the lives of 305 adults and four infants, children of female detainees.”
Recently, Human Rights Watch presented a 114-page report documenting 66 cases of minors who were victims of abuses such as arbitrary detention, torture, mistreatment, and police harassment.
The state of exception, in effect since March 27, 2022, suspended fundamental rights such as the right to be informed of the reasons for detention or the right to access a lawyer.
Under this regime, security forces can also intervene in telecommunications without a judicial order, and detention without a judicial hearing has been extended from 72 hours to 15 days.
As part of the strategy to combat gangs, Congress also approved reforms to the Penal Code to make gang membership a crime, carrying penalties of 20 to 40 years in prison. Leaders can receive sentences of up to 60 years.
The reforms to the Penal Code also impose minimum sentences of 10 years for those who are 12 years old and are accused of being members of gangs. If they are between 16 and 18 years old, the sentence is 20 years in prison.
According to the Human Rights Watch report, since Congress approved the state of exception, security forces have detained more than 81,110 people, including 3,000 minors. More than 1,000 minors have been sentenced to prison terms ranging from two to 12 years, “often for charges defined overly broadly, such as the crime of unlawful associations, and frequently based on uncorroborated police testimonies,” the report added.
In 2015, El Salvador was considered one of the most violent countries in the world, recording 6,656 homicides, a rate of 106 violent deaths per 100,000 inhabitants, while in 2023, the country recorded 214 homicides, including 38 deaths of alleged gang members in supposed clashes with police or military, according to government data.
So far in 2024, the police have recorded 76 homicides, including the deaths of three alleged gang members also in supposed confrontations with the police or armed forces.
The government of Nayib Bukele has defended its tough-on-crime policy despite questions about alleged human rights violations. The Ministry of Security reported that El Salvador has accumulated 665 days without homicides. “Thank God, we have the most successful and verifiable security plan in the world,” said President Bukele on the social network X.
El Salvador: diputados y ministro denunciados por supuestos delitos durante régimen de excepción
Las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario y Justicia Social denunciaron el lunes ante el ministerio Público a diputados del Congreso salvadoreño y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido durante el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, dijo que los denunciados son Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa; los congresistas Suecy Callejas, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reinaldo Carballo, Rodrigo Ayala, José Serafín Orantes, los excongresistas Guillermo Gallegos y Numan Salgado, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La denuncia también incluye al director general de centros penales, Osiris Luna, además de varios fiscales, jueces sin rostro, directores de centros penales, y fiscales, a los que la denuncia no identifica públicamente porque la información “está reservada”. Todos son acusados de los delitos de incumplimiento de deberes, negación de auxilio a los privados de libertad y actos arbitrarios.
La acusación recae sobre los diputados que “han firmado las prórrogas del régimen de excepción”.
La Associated Press buscó a la oficina de comunicaciones de Casa Presidencial para obtener una postura y su respuesta fue “no hay comentarios”.
La abogada Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que la denuncia se basa en lo que dijeron recientemente relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, “donde establece que El Salvador está violando pactos, convenios y tratados internacionales del sistema universal, y específicamente del Estatuto de Roma”.
Escobar señaló que desde que entró en vigor el régimen de excepción, de forma “ilegal” se han aprobado 27 prorrogas, y “se ha mandado a más de 26.000 salvadoreños, siendo inocentes, a pagar una condena que no deben, pero también a ser torturados por golpes, estrangulamiento o negación de tratamiento médicos, que a este país ya la costó la vida a 305 personas adultas y de cuatro bebés, hijos de privadas de libertad”.
Recientemente Human Rights Watch presentó un informe de 114 páginas en el que documentó 66 casos de menores que fueron víctimas de abusos como detención arbitraria, tortura, malos tratos y acoso policial.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años como mínimo a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.
Según el informe de Human Rights Watch, desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van desde los dos a los 12 años de prisión, “a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”, agregó el informe.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.00 habitantes, mientras que, en 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares, de acuerdo a datos del gobierno.
En lo que va del año 2024, la policía registra 76 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido su política de mano dura a pesar de los cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. El ministerio de Seguridad informó que en El Salvador ha acumulado 665 días sin homicidios.“Gracias a Dios, tenemos plan de seguridad más exitoso y verificable del mundo” dijo el presidente Bukele en la red social X.
Las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario y Justicia Social denunciaron el lunes ante el ministerio Público a diputados del Congreso salvadoreño y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido durante el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, dijo que los denunciados son Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa; los congresistas Suecy Callejas, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reinaldo Carballo, Rodrigo Ayala, José Serafín Orantes, los excongresistas Guillermo Gallegos y Numan Salgado, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La denuncia también incluye al director general de centros penales, Osiris Luna, además de varios fiscales, jueces sin rostro, directores de centros penales, y fiscales, a los que la denuncia no identifica públicamente porque la información “está reservada”. Todos son acusados de los delitos de incumplimiento de deberes, negación de auxilio a los privados de libertad y actos arbitrarios.
La acusación recae sobre los diputados que “han firmado las prórrogas del régimen de excepción”.
La Associated Press buscó a la oficina de comunicaciones de Casa Presidencial para obtener una postura y su respuesta fue “no hay comentarios”.
La abogada Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que la denuncia se basa en lo que dijeron recientemente relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, “donde establece que El Salvador está violando pactos, convenios y tratados internacionales del sistema universal, y específicamente del Estatuto de Roma”.
Escobar señaló que desde que entró en vigor el régimen de excepción, de forma “ilegal” se han aprobado 27 prorrogas, y “se ha mandado a más de 26.000 salvadoreños, siendo inocentes, a pagar una condena que no deben, pero también a ser torturados por golpes, estrangulamiento o negación de tratamiento médicos, que a este país ya la costó la vida a 305 personas adultas y de cuatro bebés, hijos de privadas de libertad”.
Recientemente Human Rights Watch presentó un informe de 114 páginas en el que documentó 66 casos de menores que fueron víctimas de abusos como detención arbitraria, tortura, malos tratos y acoso policial.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años como mínimo a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.
Según el informe de Human Rights Watch, desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van desde los dos a los 12 años de prisión, “a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”, agregó el informe.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.00 habitantes, mientras que, en 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares, de acuerdo a datos del gobierno.
En lo que va del año 2024, la policía registra 76 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido su política de mano dura a pesar de los cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. El ministerio de Seguridad informó que en El Salvador ha acumulado 665 días sin homicidios.“Gracias a Dios, tenemos plan de seguridad más exitoso y verificable del mundo” dijo el presidente Bukele en la red social X.