“Colleagues went into debt to acquire machines, they’ve gone into debt to produce the second uniform, and they left us mocked with everything, that’s not fair,” stated Ana Meneses this Friday, one of the 3,500 suppliers of school uniforms who find themselves in limbo due to the government savings program that could leave her and her team without a source of work.
The microenterprises supplying school packages are fearing significant losses for the sector, as some have not yet received payment for the second delivery of 2023. Additionally, it was reported in recent days that inmates in a trust phase will begin producing school uniforms, which would mean the loss of their contracts for 2025.
To date, the Ministry of Justice has informed that part of the Zero Idleness Plan will include the manufacturing of school uniforms and shoes by inmates, ensuring a savings of $56 million for the central government by 2025.
“I tell them, look, it’s not that easy that we should just swallow the bitter medicine they offered us, we need to set a precedent. They still owe us a uniform from last year; a week ago, I had to go sign for a refinancing at the bank because my loan period expired last year, they charged me another interest rate, and I had to pay another insurance, because I don’t know when they are going to pay me,” added the owner of a sewing workshop in the western part of the country. In her case, through this contract for producing school uniforms for students in the public education system, she generates five permanent jobs and seven occasional ones.
Marvin Chávez, one of the affected suppliers from La Libertad, explained that this year the first delivery was made without issues, but a new contract had to be established for the second uniform delivery. Following the emergency caused by the rains, this process was delayed and they were asked to obtain a clearance from the municipality.
“The whole group invested to obtain the clearance, but there is no official communication that the second uniform will be given, probably due to timing or what was being said about the Ministry of Justice,” stated Chávez.
According to the affected supplier, they are given a 45-day deadline for the delivery of the second uniform, so once the clearance was delivered, they started acquiring materials; however, they no longer have assurance that the authorities will accept this product.
The group of suppliers gathered around the Divino Salvador del Mundo plaza this Friday to request the authorities provide them with a work option, as “what we are asking is, what alternatives are they going to give us as a group?” questioned Chávez.
“We already delivered the first uniform, we understand that they are currently processing (payments) and hope that if they are not going to give the second uniform or anything, at least they pay us on time, so we can see what we will do,” added Chávez.
One of the problems highlighted by the suppliers is the delays with which payments for deliveries have been made. According to the agreement with Education, payments should be made within no more than 30 days, but they are dealing with debts of up to 8 months.
Most workers in the sewing workshops are people around 40-50 years old, making it difficult for them to find other employment. Ena Flores, from Metapán, one of the suppliers, noted that she is a single mother of four children; due to the lack of opportunities, her eldest son is working with her, so losing the contract will further destabilize her finances.
The microentrepreneurs have sought information from the Education ministries regarding the delivery of uniforms, but there is no clarity on the process; they have also sent proposals to work with other governmental institutions without receiving responses.
Following the announcements of their contract cancellations, they have sent a letter to the Presidential House, requesting a work alternative, considering this has been their only source of income for the last 14 years.
Chávez emphasized that “we have heard in the Assembly that there is protection for micro and medium-sized entrepreneurs, but on the ground, that support is not seen, those opportunities are not being given to us, the call is for dialogue.”
El Diario de Hoy sought an official position from the authorities of the Ministry of Education via email concerning the allegations made, but did not receive a response to the request for information.
Proveedores de uniformes a Educación: “Nos endeudamos y nos dejaron burlados”
“Los compañeros se endeudaron para conseguir máquinas, se han endeudado para confeccionar el segundo uniforme y nos dejaron burlados con todo, eso no se vale”, señaló este viernes Ana Meneses, una de las 3,500 proveedoras de uniformes escolares que se encuentran en incertidumbre, debido al programa de ahorro gubernamental que podría dejarla sin fuente de trabajo a ella y su equipo.
Las microempresas proveedoras de paquetes escolares temen importantes pérdidas para el sector, debido a que algunas no han recibido el pago correspondiente a la segunda entrega de 2023. Sumado a esto, en los últimos días se informó que los reos en fase de confianza comenzarán a elaborar los uniformes escolares, por lo que perderían sus contratos para 2025.
Hasta la fecha, Centros Penales ha informado que parte del Plan Cero Ocio incluirá la confección de uniformes y zapatos escolares por reos, lo que asegura generará un ahorro de $56 millones al Gobierno central para 2025.
“Yo les digo, miren, no es así de fácil que debemos aceptar tragarnos la medicina amarga que nos ofrecieron, tenemos que sentar un precedente. Todavía nos deben un uniforme del año pasado, hace una semana tuve que ir a firmar un refinanciamiento al banco porque se me venció el periodo de préstamo que me hicieron para el año pasado, me montaron otro interés y tuve que pagar otro seguro, porque no sé cuándo me van a pagar”, agregó la dueña de un taller de costura en el occidente del país.
En su caso, a través de este contrato de confección de uniformes escolares para estudiantes del sistema educativo público, ella genera cinco empleos permanentes y siete eventuales.
Marvin Chávez, uno de los proveedores afectados de La Libertad, detalló que este año se hizo la primera entrega sin contratiempos, pero se debía hacer un nuevo contrato para la entrega del segundo uniforme. Tras la emergencia provocada por las lluvias, este proceso se retrasó y posteriormente se les pidió que sacaran una solvencia en la alcaldía.
“Todo el grupo invirtió para sacar la solvencia, pero no hay una comunicación oficial que se va dar el segundo uniforme, probablemente por el tiempo o por lo que estaban diciendo de los Centros Penales”, señaló Chávez.
Según expresó el afectado, para la entrega del segundo uniforme les dan un plazo de 45 días, por lo que una vez entregada la solvencia, iniciaron con la adquisición de insumos; sin embargo, ya no tienen seguridad que las autoridades les reciban este producto.
El grupo de proveedores se concentró en los alrededores de la plaza Divino Salvador del Mundo este viernes para solicitar a las autoridades que se les brinde una opción de trabajo, pues “lo que nosotros preguntamos es, ¿qué alternativas nos van a dar a nosotros como grupo?”, cuestionó Chávez.
“Ya entregamos el primer uniforme, entendemos que ahorita están en proceso (pago) y esperamos que si ya no van a dar el segundo uniforme o algo, al menos nos paguen a tiempo, para ver qué vamos a hacer”, agregó Chávez.
Uno de los problemas señalados por los proveedores es el retraso con el que se han estado pagando las entregas, debido a que según lo acordado con Educación, se les debe cancelar en un plazo no mayor a 30 días, pero ellos arrastran deudas de hasta 8 meses.
Gran parte de los trabajadores de los talleres de costura son personas que rondan los 40-50 años, por lo que tienen dificultades para conseguir otros empleos. Ena Flores, de Metapán, una de las proveedoras, señaló que en su caso es madre soltera de cuatro hijos; ante la falta de oportunidades, su hijo mayor está empleado con ella, por lo que perder el contrato desestabilizará aún más su economía.
Los microempresarios han solicitado información en las departamentales de Educación sobre la entrega de los uniformes, pero no se tiene claridad sobre el proceso; también han enviado iniciativas para trabajar con otras instituciones gubernamentales sin obtener respuesta.
Tras los anuncios de cancelación de sus contratos, han enviado una carta a Casa Presidencial, solicitando una alternativa de trabajo, tomando en cuenta que esta ha sido su única fuente de ingreso en los últimos 14 años.
Chávez recalcó que “hemos escuchado en la Asamblea que hay protección para los micro y medianos empresarios, pero en el piso no se ve ese apoyo, esa facilidad de oportunidades no se nos están dando, el llamado es al diálogo”.
El Diario de Hoy buscó la postura oficial de las autoridades del Ministerio de Educación a través de correo electrónico ante los señalamientos realizados, sin recibir respuesta a la solicitud de información.