In a report by Human Rights Watch titled “Your Child Does Not Exist Here,” it has been revealed that the state of exception adopted in March 2022 has led to severe abuses against children and adolescents detained in low-income communities.
The report documents over 3,000 cases of arbitrary detentions, torture, and other forms of mistreatment against children detained as part of what President Nayib Bukele calls a “war on gangs.”
The document details numerous police and military raids in vulnerable communities, where gang violence was constant, resulting in more than 80,000 detainees, including minors.
Additionally, the report states that more than a thousand children have been sentenced to prison terms ranging from 2 to 12 years, in some cases “on excessively broad charges and often based on uncorroborated police testimonies.”
The detained minors have been subjected to deplorable conditions in detention, including overcrowding, lack of proper food and medical care, and no contact with lawyers or family members.
Many children have been doubly victimized—first by gangs that abused and, in some cases, tried to recruit them, and then by security forces that detained and mistreated them, potentially causing profound and lasting consequences.
The government should establish a mechanism to review the cases of those detained during the state of exception, Human Rights Watch noted.
This mechanism should prioritize reviewing the cases of children and other vulnerable detainees with a view to releasing those detained without evidence and prioritizing the prosecution, under due process, of high-ranking gang leaders responsible for heinous crimes.
It is essential that the deprivation of liberty for children and adolescents be used as a last resort and for the shortest time possible. When detention is inevitable, it should take place in safe, humane facilities conducive to the reintegration of children and adolescents into society, the report states.
“The indiscriminate detention of children and adolescents threatens to perpetuate cycles of violence in El Salvador,” said Juanita Goebertus, Director of the Americas Division at Human Rights Watch. “The international community should urge the government to cease human rights violations and protect the lives and futures of children.”
Mil niños condenados a penas de 2 a 12 años bajo el régimen de excepción, basadas en testimonios policiales no verificados, según informe
En un informe de Human Rights Watch titulado “Su hijo no existe aquí”, se ha revelado que el régimen de excepción adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves abusos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos.
El informe documenta más de 3 mil casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de niños detenidos en el marco de lo que el presidente Nayib Bukele denomina una “guerra contra las pandillas”.
El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos los menores de edad.
Asimismo, el informe dice que más de mil niños han sido condenados, con penas que van de 2 a 12 años de prisión, en algunos casos “por cargos definidos de forma excesivamente amplia y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”.
Los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detención incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentación y atención médica adecuados, sin contacto con abogados y familiares.
Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos y que, en algunos casos, intentaron reclutarlos, y luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron, posiblemente con consecuencias profundas y duraderas.
El gobierno debería establecer un mecanismo para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, señaló Human Rights Watch.
Este mecanismo debería dar prioridad a la revisión de los casos de niños, niñas y adolescentes y otros detenidos vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas y priorizar la persecución penal, bajo el debido proceso, de altos líderes de las pandillas que son los máximos responsables por delitos atroces.
Es fundamental que la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible. Cuando la detención sea inevitable, debe tener lugar en instalaciones seguras, humanas y propicias para la reinserción de los niños, niñas y adolescentes a la sociedad, dice el informe.
“La detención indiscriminada de niños, niñas y adolescentes amenaza con perpetuar los ciclos de violencia en El Salvador”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería exhortar al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y proteger la vida y el futuro de la niñez”.