The Government of Nayib Bukele once again denied, despite evidence gathered by human rights organizations, that violent deaths of people in its custody and the use of torture in Salvadoran prisons—overcrowded under the state of exception in place in the country since March 2022—exist.

Statements such as, “In El Salvador, in the prisons, there is no torture. Here no one is murdered,” and “there is not a single violent death,” pronounced by the Presidential Commissioner for Human Rights, Andrés Guzmán, or in the tone of “I can affirm and confirm that in the prisons we are complying with all international standards for deprivation of liberty,” from the Foreign Minister, Alexandra Hill, were heard before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in a hearing requested by civil society organizations, on the afternoon of July 12.

“Firmly, I want to make it clear that El Salvador is not and will never be, under the current administration, an authoritarian and repressive state,” said the Foreign Minister. Despite this, the government led by Bukele amasses unchecked power over all state institutions.

Minister Hill joined the denialist narrative of the team led by Commissioner Guzmán, who, in his debut in office a year ago, also before the IACHR, denied the existence of deaths and tortures in the prisons, and later acknowledged that when he stated this, he had not visited the prisons nor requested reports of deaths in custody from the Prosecutor’s Office.

In the hearing, government officials ignored reports with evidence contradicting their statements.

Two days earlier, the NGO Cristosal presented a new report revealing that 265 people, including four babies, died in regime prisons. At least 88 deaths are suspected to be criminal, based on legal autopsies, medical reports, and death certificates.

Cristosal identified that among the causes of violent deaths are six from asphyxia, seven from various traumas, and cases of beatings, homicide, violent deaths, subdural hematoma, and polytrauma. Corpses with signs of violence have also been documented.

On the second anniversary of the implementation of the state of exception, last April, a report from seven organizations, including the Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) and the Servicio Social Pasionista (SPASS), reported six exemplary cases of torture in prisons, 17 intentional deaths, and 58 suspected intentional deaths.

Even from the scarce information from the State itself, from the office of the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), there are indications of violations of fundamental rights. In its latest annual report, the PDDH reported a significant increase in requests for verification of persons deprived of liberty. These requests increased from 625 in the 2021-2022 period to 8,988 in the 2022-2023 period.

In the hearing, Commissioner Guzmán stated that the State had received a request—though he did not mention which body—to analyze four cases of deceased persons in prisons. “We organized the best forensic team we could muster to conduct the analysis that is now on your desks,” he told the commissioners at the hearing, “I can clearly say that the forensic experts determined that all were natural deaths,” he asserted.

The official reiterated that “there is not a single violent death” and then invited social organizations that, if any occur, to “bring the case to his office.” “We will not conceal any type of torture or mistreatment in prisons.”

However, corroborating Guzmán’s statements with state information is impossible as the National Civil Police (PNC) has classified statistics on prison deaths as reserved information. The General Directorate of Prisons also declared the Penitentiary Information System (SIPE) reserved for seven years.

The pro-government Attorney General Rodolfo Delgado stated that he archived 142 cases of deaths in prisons, but his office claims not to possess statistical documents on the issue. The Institute of Forensic Medicine said the records are investigated by the Prosecutor’s Office, which is responsible for providing them, but this has not happened, as reported by the University Human Rights Observatory (OUDH).

At the end of the hearing, IACHR President Roberta Clarke informed that the Commission’s report on the State of Exception and Human Rights in El Salvador is ready and will soon be available to the public.

Focos TV: https://focostv.com/gobierno-nego-ante-la-cidh-muertes-y-torturas-del-regimen-pese-a-evidencias/

Gobierno negó ante la CIDH muertes y torturas del régimen pese a evidencias

El Gobierno de Nayib Bukele volvió a negar, pese a las evidencias recopiladas por organismos de derechos humanos, que existan muertes violentas de personas bajo su custodia y el empleo de torturas en las cárceles salvadoreñas, abarrotadas por el régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.

Frases como: “en El Salvador, en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesina a nadie”, “no hay una sola muerte violenta”, pronunciadas por el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán; o del tono de “puedo afirmar y constatar que en los centros penales estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad”, de la canciller de la República, Alexandra Hill, se escucharon frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia solicitada por organizaciones de sociedad civil, la tarde del 12 de julio.

“De forma contundente, quiero dejar claro que El Salvador no es y nunca será, bajo la actual administración, un Estado autoritario y represivo”, llegó a decir la ministra de Relaciones Exteriores. A pesar, que el gobierno dirigido por Bukele amasa el poder sin control de todas las instituciones del Estado.

La canciller Hill se unió a la narrativa negacionista del equipo liderado por el comisionado Guzmán, que en su debut en el cargo rechazó, hace un año, también ante la CIDH, que existieran fallecimientos y torturas en las cárceles, y que luego reconoció que cuando lo afirmó no había visitado las prisiones ni había solicitado informes de muertes en custodia a la Fiscalía.

En la audiencia, los funcionarios del Gobierno ignoraron informes con pruebas que contradicen su discurso.

Dos días antes, la oenegé Cristosal presentaba un nuevo informe que reveló que 265 personas, entre estas cuatro bebés, murieron en las prisiones del régimen. Al menos 88 fallecimientos son sospechosos de criminalidad, con base a autopsias legales, informes médicos y actas de defunciones.

Cristosal identificó que entre las causas de las muertes violentas hay seis por asfixia, siete por diferentes traumas y casos de vapuleo, homicidio, muerte violenta, hematoma subdural y politraumatismo. También se han documentado cadáveres con signos de violencia. 

En el segundo aniversario de la implementación del régimen, en abril pasado, un informe de siete organizaciones, entre estas el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SPASS), reportó seis casos ejemplarizantes de torturas en las cárceles, 17 muertes intencionales y 58 con sospecha de muerte intencional. 

Incluso, de la escasa información del propio Estado, desde la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se desprenden indicios de violaciones a derechos fundamentales. La PDDH informó en su más reciente memoria de labores un importante incremento en las solicitudes de verificación de personas privadas de libertad. Estas solicitudes aumentaron de 625 en el período 2021-2022 a 8,988 en el período 2022-2023.

En la audiencia, el comisionado Guzmán expuso que al Estado “le habían hecho la solicitud” —aunque no mencionó qué instancia—, de analizar cuatro casos de personas fallecidas en centros penales. “Organizamos el mejor equipo forense que pudimos conseguir para hacer el análisis que está ya en sus escritorios”, dijo a los comisionados en la audiencia, “puedo decir claramente que los forenses dictaminaron que todas fueron muertes naturales”, expresó.

El funcionario reiteró que “no hay una sola muerte violenta” y luego invitó a las organizaciones sociales a que,si llega a ocurrir alguna, le “traigan el caso a su oficina”. “No vamos a guardar ningun tipo de tortura o maltrato en centros penales”.

Sin embargo, corroborar con información del Estado la palabra de Guzmán no es posible porque la Policía Nacional Civil (PNC) ha catalogado como información reservada las estadísticas en torno a fallecidos en las prisiones. La Dirección General de Centros Penales declaró también bajo reserva por siete años el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE). 

El fiscal general oficialista Rodolfo Delgado afirmó que archivó 142 casos de muertes en penales, pero su oficina dice no poseer documentos estadísticos sobre el tema. El Instituto de Medicina Legal dijo que los registros son investigados por Fiscalía y es esta quien debe entregarlos, pero no lo ha hecho, según reportó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

Al finalizar la audiencia, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, informó que el reporte de la Comisión sobre el Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador está listo y que pronto estará disponible al público.

Focos TV: https://focostv.com/gobierno-nego-ante-la-cidh-muertes-y-torturas-del-regimen-pese-a-evidencias/