The fiscal adjustment recommended by the International Monetary Fund (IMF) for El Salvador is being carried out, but in an unorthodox and insufficient manner given the country’s current level of spending, economists agreed yesterday during various events focused on the national economy. In 2023, IMF technical staff indicated that El Salvador needs an adjustment of 3.5% of its gross domestic product (GDP) over a three-year period to stabilize its finances.
According to economist Óscar Cabrera, president of the Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN – Central America Development Foundation), this adjustment has been implemented through the reduction of the Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES – Fund for Economic and Social Development) and the restructuring of municipalities, which went from 262 to 44.
By law, municipalities were entitled to 10% of the state’s current revenues, but a reform reduced this proportion to 1.5% in 2021.
Between January 2022 and August 2023, as a result of this reform, the country’s municipalities have stopped receiving $506 million, according to data from the Ministry of Finance.
“The cost of the fiscal adjustment without needing to sign an agreement has already been implemented, and historical evolution tells us that we have never faced such a high cost of fiscal adjustment,” indicated Cabrera.
An analysis by FUDECEN reveals that in 2023, El Salvador’s debt, including pensions, reached 90.3% of GDP.
To achieve financial sustainability, El Salvador should aim for a primary surplus (the difference between total government revenues and total government expenses, excluding interest payments) of 3.4% of GDP, with the required adjustment within this surplus being 4.3% of GDP, suggests FUDECEN.
Economist Rafael Lemus asserts that this strategy will continue under the government’s second presidential term. “It is likely that they will continue with a ‘Bukele-style’ adjustment, without the IMF, seeking out different financing drawers, making adjustments that are not openly discussed,” said Lemus, one of the speakers at a forum organized by Membreño Consulting.
The difference with the IMF’s suggested measures is that the implementation of these cuts will now be “heterodox,” meaning non-traditional, according to the economists.
The most recent cut of at least 300 employees from the Ministry of Culture is one way to reduce spending within institutions, but by targeting groups that do not impose a (reputational) cost on the government, according to economist Luis Membreño.
Membreño points out that internal liquidity pressure is pushing the limits of alternatives for obtaining funds and covering shortfalls. According to IMF estimates, the fiscal deficit for this year will be 3.8% of GDP, but the organization projects that if the trend continues, it could exceed 4% by 2026 and reach 5% by 2027, a fiscal gap that Lemus argues cannot be filled by increasing tax revenues.
“Revenues are growing, but the government spends that and much more,” he asserted.
Lemus explains that for public investment, the funds will be available, as institutions like the Banco de Desarrollo de América Latina (CAF – Development Bank of Latin America) and the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE – Central American Bank for Economic Integration) can continue financing the government with specific projects. However, the government will face difficulties funding current expenditures.
Membreño estimates that the fiscal deficit could reach $1.4 billion by the end of the year, a figure that explains why the government is rapidly increasing its debt. Just this year, the government has added $500 million to its debt after swapping short-term debt for long-term debt.
Lemus states that the “bitter pill” Bukele referred to in his inaugural speech will continue with more adjustments that will not be explicitly explained, similar to the case of FODES.
Membreño believes the ideal would be for the government to work on boosting economic growth, a solution that would allow for a “less bitter pill” and a smaller fiscal adjustment in the short term.
However, he is concerned that alternatives involve seeking more external debt, even if it comes at high interest rates. Additionally, the international context remains a delicate point, as economists indicate that the US economy is slowing down, which could also affect the local situation.
According to Ricardo Rodríguez, CEO of the economic analysis firm CABI Economics, international credit is becoming harder to access, and this could impact Central America in various ways, including interest rates, investment attraction, and the financial capacity of citizens.
Ajuste fiscal está en marcha en El Salvador, según economistas
El ajuste fiscal que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a El Salvador se está ejecutando, pero de una manera poco ortodoxa e insuficiente para el nivel de gasto que mantiene el país, según coincidieron ayer economistas que disertaron en diferentes eventos, sobre la economía nacional.
En 2023, el personal técnico del FMI señaló que El Salvador requiere de un ajuste del 3.5% de producto interno bruto (PIB), en un período de tres años, para estabilizar sus finanzas.
En opinión del economista Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), dicho ajuste fue implementado con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y con la reconfiguración de los municipios, que antes eran 262 y ahora son 44.
Según la ley, a las alcaldías les correspondía el 10% de los ingresos corrientes del Estado, pero una reforma redujo esa proporción a 1.5% en 2021.
Entre enero de 2022 y agosto de 2023, a raíz de esta reforma las alcaldías del país han dejado de recibir $506 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.
“El costo del ajuste fiscal sin necesidad de haber firmado un acuerdo ya lo implementaron, y la evolución histórica nos dice que no habíamos tenido un costo de ajuste fiscal tan elevado”, indicó Cabrera.
Un análisis de FUDECEN revela que en 2023 la deuda de El Salvador, incluyendo pensiones, alcanzó el 90.3% del PIB.
Para darle sostenibilidad a sus finanzas, El Salvador debería lograr un superávit primario (la diferencia entre los ingresos totales del gobierno menos sus gastos totales, excluyendo el pago de intereses) del 3.4% del PIB y el ajuste requerido dentro de este mismo superávit es del 4.3% del PIB, sugiere FUDECEN.
El economista Rafael Lemus asegura que esta seguirá siendo la estrategia que el gobierno adoptará en el segundo periodo presidencial. “Lo más probable es que siga haciendo un ajuste ‘a lo Bukele’, sin el FMI, buscando activar gavetas de financiamiento, haciendo ajustes que no se digan”, afirmó Lemus, uno de los ponentes en el conversatorio organizado por Membreño Consulting.
La diferencia con las medidas sugeridas por el FMI es que ahora, la aplicación de estos recortes se harán de una manera “heterodoxa”, es decir, poco tradicional, aseguran los economistas.
El recorte más reciente de al menos 300 empleados del Ministerio de Cultura es una manera de reducir gasto en las instituciones, pero buscando culpables que no impliquen un costo (de imagen) para el gobierno, afirmó el economista Luis Membreño.
Para Membreño, hay una presión sobre la liquidez interna que está poniendo al límite las alternativas para obtener fondos y tapar el faltante.
Según estimaciones del FMI, el déficit fiscal para este año será de 3.8% del PIB, pero el organismo proyecta que de seguir la tendencia, este puede superar el 4% en 2026 y llegar al 5% en 2027, un agujero fiscal que para Lemus, no se logra tapar con el aumento de la recaudación de impuestos.
“Los ingresos están creciendo, pero el gobierno gasta eso y mucho más”, afirmó.
Aunque, Lemus explica que para realizar inversión pública, el dinero estará disponible, ya que instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) pueden seguir financiando al gobierno con proyectos específicos.
Sin embargo, el gobierno tendrá dificultades para financiar el gasto corriente.
Según Membreño, el déficit fiscal podría alcanzar los $1,400 millones al final del año, una cifra que explica por qué el gobierno está elevando rápidamente su deuda. Solo este año, el gobierno ha aumentado $500 millones a la deuda desde que se canjeó la de corto plazo por largo plazo.
Lemus afirma que en “la medicina amarga” de la que Bukele habló en su discurso de toma de posesión, se irá dando con más ajustes que no se explicarán como tal, como ocurrió con el caso del FODES.
Para Membreño, lo ideal sería que el gobierno trabaje en mejorar el crecimiento económico, una solución que permitiría una “medicina menos amarga” y un menor ajuste fiscal en corto tiempo.
No obstante, ve con preocupación que las alternativas sean buscar más deuda externa, incluso si esta se obtiene a tasas de interés elevadas. Además, el contexto internacional sigue siendo un punto delicado, pues los economistas indican que la economía en Estados Unidos se está desacelerando y ello también puede afectar la situación local.
De acuerdo con Ricardo Rodríguez, CEO de la empresa de análisis económico, CABI Economics, la llave del crédito a nivel internacional se está cerrando cada vez más y esto podría afectar a Centroamérica en distintas formas, tanto con las tasas de interés como en la atracción de inversión y la capacidad financiera de los ciudadanos.