Javier Reinaldo González Saravia was granted alternative measures to detention by the Third Court Against Organized Crime on May 16 of this year, but to date, he has not been released. This is why his family and legal representative have filed a criminal complaint against the Director General of Penitentiary Centers, Osiris Luna, and the director of Izalco prison, Ricardo Salguero.
According to Rudy Joya, lawyer and spokesperson for the Unit for the Defense of Human and Community Rights (Unidehc), they have filed the complaint with the Attorney General’s Office (FGR) against these officials for the crimes of liberty by a public official or employee, undue limitation of individual freedom, and non-compliance with duties.
Joya mentioned that they have received “many excuses” from the Directorate General of Penitentiary Centers (DGCP), such as the claim that the Attorney General’s Office has not sent information to see if he is involved in another criminal process, or that the National Civil Police (PNC) has not informed if he is being summoned in another court, among others.
“The excuses are endless, and in a month and 15 days, all these administrative procedures could have been completed for Javier to have his freedom and be with his family as a judge ordered. Not doing so, every day that passes is an arbitrary deprivation of liberty that the State is committing,” said Joya.
Javier was captured on April 2, 2024, and Unidehc reported that the young man had received threats and psychological torture from the authorities to admit the charges against him.
“We have information that detectives from the PNC arrive knowing that the arrests were made without evidence, without having profiles in their databases, and they force the detainees to confess through psychological torture, telling them they will never see their family again, to force them to accept the charges against them. This concerns us because the penitentiary centers have not provided significant information about them or their health status,” he added.
LA PRENSA GRÁFICA sought the opinion of the Directorate General of Penitentiary Centers (DGPC) through its communications unit regarding the criminal complaints filed in the case of young González Saravia; however, by the time of closing this article, a response was still awaited.
Interponen aviso penal contra director de Centros Penales y del director del Penal de Izalco
Javier Reinaldo González Saravia recibió el 16 de mayo de este año medidas alternas a la detención por parte del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado, pero hasta la fecha no ha obtenido su libertad, razón por la que familiares y su representante legal interpusieron un aviso penal contra el director General de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del penal de Izalco, Ricardo Salguero.
De acuerdo con Rudy Joya, abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), han interpuesto la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra estos funcionarios por los delitos de libertad por funcionario o empleado público, limitación indebida a la libertad individual de las personas, e incumplimiento de deberes.
Joya mencionó que han recibido “muchas excusas” de parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) como el que la Fiscalía no ha mandado información para ver si está en otro proceso penal, o que la Policía Nacional Civil (PNC) no informa si está siendo solicitado en otro tribunal, entre otros.
“Las excusas son miles y en un mes y 15 días, todos estos trámites administrativos pudieron hacerse para que Javier tuviera su libertad y estar con su familia como un juez lo ordenó. El no hacerlo, cada día que pasa es una privación de libertad de manera arbitraria que el Estado está haciendo”, dijo Joya.
Javier fue capturado el 2 de abril de 2024 y Unidehc denunció que el joven había recibido amenazas y torturas psicológicas de parte de las autoridades para que admitiera los cargos en su contra.
“Tenemos información que llegan detectives de la PNC donde saben que las capturas las han realizado sin pruebas, sin tener perfiles en sus bases de datos, y obligan a los capturados a que confiesen a través de torturas psicológicas, diciéndoles que no volverán a ver más a su familia, para que acepten los cargos en su contra. Nos preocupa porque centros penales no ha dado mayor información de ellos, de cómo está su situación de salud. ”, agregó.
LA PRENSA GRÁFICA buscó a través de la unidad de comunicaciones de la Dirección General de Centros Penales (DGPC), su opinión acerca de los avisos penales interpuestos en el caso del joven González Saravia; sin embargo, al cierre de esta nota aún se esperaba su respuesta.